Gravar la actividad de universidades privadas con la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) sería un error del gobierno porque su deber es respaldar a quienes imparten enseñanza superior, coincidieron representantes del sector académico ante la Comisión de Hacienda, durante el análisis de la Reforma Fiscal.

Alejandro Gertz Manero, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior y rector de la Universidad de las Américas, indicó que el gobierno debe apoyar a las instituciones privadas (como lo hace con las públicas), no afectarlas con la CETU que grava su actividad.

Explicó que no se puede gravar una función (la educación) en el sector privado que está subsidiada (con casi 72 mil millones de pesos al año) en el sector público. “Quienes hagan negocio con la educación deben pagar impuestos pero aquellas instituciones que brindan un servicio no deberían ser afectadas”.

Asimismo, expresó su preocupación por el creciente número de universidades patito, ya que, dijo, son las que lastiman la educación superior al no cumplir con los lineamientos que marca la Ley General de Educación.

En tanto, Rafael Rangel Sostman, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) afirmó que el 34 por ciento de la matrícula universitaria asiste a una institución privada debido a que el Estado no tiene la capacidad de impartir este nivel educativo por el elevado número de alumnos.

En ese sentido, señaló que al cobrar la CETU cerrarían muchas universidades privadas, lo que dejaría sin escuela a un gran número de estudiantes, los cuales no tendrían un lugar para continuar con sus estudios.

En su intervención, Ramón Lecuona, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, advirtió que de aplicarse la CETU, podría darse un incremento en lascolegiaturas, lo cual implicaría la caída de matrícula y el desplazamiento de alumnos hacia el sector público que ya está saturado.

Añadió que al tener menores ingresos, se provocaría el desmantelamiento o debilitamiento de algunas plantas investigadoras de docentes.

Del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), Sergio Raimond Kedilhac Navarro, destacó que se ha visto con la Confederación Nacional de Cámara de Comercio (Concanaco) que si se aprobara una reforma de tasa única del 15 o 19 por ciento del ISR, se generarían un millón de empleos anuales, además de recaudar hasta un 6 por ciento del PIB y haría innecesario el proyecto de la CETU.

Francisco Ascunaga Guerra, de la Asociación Mexicana de Universidades Privadas A.C. (AMUP) indicó que las ocho instituciones que representa comparten los principios y argumentos de la Reforma Fiscal.

Sin embargo, añadió, el texto propuesto en la ley va en perjuicio de la educación superior particular, de la formación del talento humano y en detrimento del desarrollo de las instituciones educativas.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), presidente de la Comisión de Educación, aseveró que no hay ningún país que pueda jactarse de prescindir de la participación privada en el ámbito educativo, por ello, recalcó, analizaremos sus propuestas para darle respuesta a sus preocupaciones.

Daniel Ludlow Kuri, diputado del PAN, indicó que en aras de una justicia social debiera ser posible generar recursos por medio del cobro de la CETU a universidades privadas para apoyar las públicas a fin de que haya un desarrollo más equitativo en este sector.

Por su parte, los diputados Marina Arvizu Rivas (Alternativa) y Horacio Garza Garza (PRI) coincidieron en la necesidad de revisar la propuesta del Ejecutivo para no afectar a las instituciones educativas no lucrativas de educación superior, pero cuidando que quienes hacen negocio con esta actividad sí paguen impuestos.

Martín Ramos Castellanos, diputado del PRD, aseguró que los legisladores tomarán una decisión con mucha responsabilidad porque es necesario reconocer el trabajo que hacen las instituciones de educación superior privadas para cubrir la falta de universidades públicas en el país.

El diputado Emilio Flores Domínguez (PAN) coincidió en que se debe reconocer que las universidades privadas absorben gran parte de la matrícula que el gobierno no puede cubrir; por eso “debemos alentar, apoyar y fortalecer a quienes ayudan a que México siga por buen camino”.

En tanto, el diputado Carlos Chaurand Arzate (PRI)propuso a los rectores presentes hacer un esfuerzo conjunto para revisar las normas que se requieren a fin de regular a las universidades patito.

Juan Manuel Pérez Porrúa, titular de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, aclaró que la CETU no se dirigió específicamente a las universidades privadas, sino que se buscó un impuesto general que tuviera las menores exenciones posibles, lo que provocó que también entraran estas instituciones de educación.

Aseguró que la Secretaría de Hacienda atenderá las preocupaciones de los rectores pero, dijo, ahora la iniciativa la está trabajando el Poder Legislativo y serán ellos quienes analizarán la posibilidad de modificarla.

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