Dado que en el país anualmente se registran más de 400 mil embarazos en adolescentes, de los cuales, alrededor de 320 mil son no deseados, lo que ocasiona mayor deserción escolar, la Comisión de Equidad y Género aprobó el dictamen por el cual la Secretaría de Educación Pública tendría la obligación de otorgar facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres para continuar y culminar su educación.

Estas reformas a la Ley General de Educación surgen porque, de cada cien partos diarios, 60 corresponden a adolescentes en edades de 13 a 19 años. Además de que a nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las madres son menores de 20 años.

La Comisión presidida por Maricela Contreras Julián (PRD), precisa que el bajo nivel socioeconómico en poblaciones marginadas, indígenas o rurales, es un factor que provoca que las mujeres se embaracen a temprana edad por la desinformación sobre los métodos anticonceptivos, además de que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela.

Asimismo, el dictamen introduce elementos para fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, y generar la erradicación de la violencia de género.

En la exposición de motivos, el documento señala que la SEP reconoce un incremento de la violencia en los salones de clases pues el maltrato físico, emocional y el abuso sexual pasaron de 12 casos denunciados en el Distrito Federal en el ciclo escolar 1999-2000, a 482 en el 2003-2004 en esta entidad, es decir, aumentó tres mil 917 por ciento en cuatro años.

Destaca que el Instituto Nacional de las Mujeres reportó que durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia de género, lo que significó un incrementó del 67 por ciento respecto al año anterior. En tanto el INEGI señaló que casi el 8 por ciento de las mujeres mexicanas sufren violencia sexual, el 9 por ciento son agredidas físicamente, 27 por ciento económicamente y 34 por ciento psicológicamente.

El diputado Jorge Quintero Bello (PAN), impulsor de una de las reformas, dijo que las autoridades educativas tienen que evitar que las jóvenes abandonen sus estudios y facilitar su conclusión, además de desarrollar programas con enfoque de género para otorgar becas y otros apoyos económicos.

Resaltó que a menor nivel de escolaridad existe más riesgo de embarazo y la mayor parte de las jóvenes que estuvieron en estado de gravidez en la adolescencia, dejan de estudiar, de ahí la necesidad de promover el acceso y permanencia en el sistema escolar.

Agregó que el embarazo conlleva no sólo a la deserción escolar, sino que limita posibilidades de desarrollo personal, de empleo mejor remunerado y, en consecuencia, la disminución de la calidad de vida de la madre y el hijo, porque muchas mujeres se convierten en madres solteras.

Por su parte, las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI) y Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia), señalan que se debe iniciar una cultura que erradique la violencia y la discriminación en todas sus formas.

Además de promover la integración de personas con discapacidad y los grupos desprotegidos, bajo un esquema del pleno respeto de los derechos humanos. “Avancemos en la sensibilización de los educandos respecto a las garantías de las mujeres y su derecho a la educación”.

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