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Boletín N°. 1453 Pago a jubilados, robo de luz y escaso presupuesto, retos financieros de Luz y Fuerza del Centro

Asciende a 188 mil 586 millones de pesos, 1.79 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la cantidad necesaria para garantizar el pago de pensiones en Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que requiere un incremento de 319 por ciento de su presupuesto en el periodo 2008-2012 para seguir funcionando en éste y otros rubros; así lo indicó José María Rivero Cabello, subdirector de Finanzas de esta compañía ante diputados de la Comisión de Seguridad Social.

Sólo en 2006, mencionó, el pasivo creció 16 mil 656 millones de pesos y no hay reservas para hacer frente a este problema. Además, el robo de luz significa a la empresa pérdidas anuales por cerca de 15 mil millones de pesos, dijo durante el análisis del tema de jubilaciones en esta empresa.

Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), presidente de esta comisión, aseguró que analizarán la situación actual y futura de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, “esta vez fue turno de LFC, pero también nos reuniremos próximamente con representantes de Pemex y de universidades públicas para estudiar su régimen de pensiones”.

Rivera Cabello explicó que en la paraestatal hay cerca de 42 mil trabajadores activos y casi 22 mil jubilados, con una pensión promedio de 20 mil pesos a quienes fueron sindicalizados y de 40 mil pesos para los que se desempeñaron en un puesto de confianza.

Asimismo, señaló que los empleados de la compañía cotizan al IMSS, donde reciben servicio médico; sin embargo, dijo, hay ocasiones en que el Instituto no da medicinas a los trabajadores porque no hay en existencia, lo que representa una erogación anual de cerca de 5 millones de pesos adicionales para la paraestatal, ya que cubre este gasto.

El diputado Samuel Aguilar Solís (PRI) aseguró que las cifras sobre el pasivo de LFC son impactantes; “la Reforma Fiscal del Presidente Felipe Calderón busca un ingreso adicional al año de tres por ciento del PIB, 300 mil millones de pesos; de aprobarse significaría que tendrían que destinarse 200 mil millones de pesos para subsanar a LFC. Es un gran problema de finanzas del país”.

Cuestionó al funcionario el que la compañía sólo invierta cerca del nueve por ciento de su presupuesto en infraestructura cuando las necesidades de los jubilados aumentan al 21 por ciento.

Su compañero de bancada, Patricio Flores Sandoval, preguntó la cantidad que representa la pérdida de energía derivada de las personas que se “cuelgan” de los postes de luz y consumen energía que terminan pagando los demás ciudadanos en sus recibos.

Por su parte, los diputados Rosario Ortiz Magallón y José Gutiérrez Calzadilla, ambos del PRD, advirtieron que datos como los presentados por Rivera Cabello fueron los que propiciaron la creación de la nueva Ley del ISSSTE.

Además, afirmaron, el trabajo de esta empresa está provocando que la iniciativa privada genere energía eléctrica, situación que podría derivar en la privatización de este sector.

En tanto, la diputada Margarita Arenas Guzmán (PAN) observó que para resolver la problemática de la paraestatal es necesario plantear una reforma energética que le dé viabilidad a su existencia.

Rivera Cabello informó que 18 por ciento del total de la energía eléctrica que maneja la compañía se pierde porque la gente ocupa este servicio de manera ilegal, “es una pérdida de cerca de 15 mil millones de pesos anualmente por este problema”.

Sobre la generación de electricidad, precisó que el presupuesto de inversión de LFC no alcanza para crear la infraestructura que les permita realizar esta actividad; además, argumentó, la altura del Distrito Federal no es técnicamente conveniente para construir plantas generadoras.

“Hay pequeñas plantas en la zona centro del DF, pero sólo sirven para dar estabilidad al sistema eléctrico de la ciudad, lo que permite disminuir un poco la compra de electricidad que se hace a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Aseguró que la actividad de la paraestatal no propicia la participación del sector privado porque no existe permiso del Gobierno Federal para comprar electricidad a la iniciativa privada. “Sin embargo sería más barato”, consideró.

Por último, aclaró que LFC brinda su servicio a más de 20 millones de personas en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla; además es una empresa que se dedica a la distribución de energía eléctrica ya que sólo genera el 5.6 por ciento del fluido que vende, pues la demás la compra a la CFE.

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