Vacíos legales, corrupción y desconocimiento de dos decretos presidenciales, son factores que ponen en peligro la conservación cultural, el equilibrio ecológico y el desarrollo turístico sustentable en la zona arqueológica de Tulum, afirmó el diputado Alejandro Landero Gutiérrez (PAN).

Informó que Tulumrecibe 5 mil visitantes al día, por lo que es restringido el acceso a las escalinatas de las pirámides para evitar su deterioro. Dijo que se han detectado 16 proyectos de desarrollo turístico que anteponen intereses particulares sobre la protección del patrimonio cultural.

Landero Gutiérrez señaló que con la construcción de hoteles en áreas protegidas por el Gobierno Federal, no sólo se viola la ley, también se provoca un crecimiento desmedido de la población que, en poco tiempo, afectará estructuralmente los monumentos y “no quedará más remedio que prohibir el acceso a la zona para conservarla”.

Por lo anterior, la Comisión de Cultura instaló, el pasado 17 de julio, una Subcomisión para dar seguimiento a esta problemática, investigar y esclarecer las violaciones a las leyes federales, así como generar conciencia entre las autoridades competentes, expresó.

Por su parte, el diputado Víctor Varela López (PRD) dijo que el estado de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad permitieron los graves problemas jurídicos en materia de tenencia de la tierra que existen en el sitio, por desconocer los decretos en los cuales el corredor arqueológico Tulum-Tankah es considerado como área natural protegida y zona de monumentos arqueológicos.

Se trata de 660 hectáreas protegidas por el Gobierno Federal desde 1981, pero esto no ha impedido que las autoridades otorguen permisos de construcción en la zona. El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio contempla la construcción de 20 hoteles más, sin ninguna regulación o control por parte del Congreso local, explicó el legislador.

“Al permitir la construcción de hoteles por particulares y planear proyectos de iniciativa municipal en la zona sin tomar en cuenta los decretos federales, se viola gravemente la legislación en la materia”.

“Con el PDU municipal se quiere desconocer la propiedad de una zona federal. Urge solucionar este problema para evitar que se siga extendiendo por todo el país, de no hacerlo, perderemos por completo nuestra riqueza histórica-cultural”, alertó.

Al respecto, la diputada Yolanda Garmendia Hernández (PAN)se manifestó por modificar las leyes del estado para impedir que los planes municipales sean aprobados sin controles de evaluación y estudios de viabilidad, además de evitar que los cabildos cambien constantemente el uso de suelo de la región.

Informó que el trabajo de la subcomisión es conocer todas las aristas del problema para consensar soluciones acordes con las leyes federales además de que la Secretaría de la Función Pública tendrá que determinar si existe responsabilidad, por omisión o acción de funcionarios públicos.

Garmendia Hernández se manifestó por dotar al Instituto Nacional de Antropología e Historia de mayores recursos para la conservación y protección de las zonas arqueológicas.

Los diputados advirtieron que existen miles de hectáreas en toda la Riviera Maya sin obstáculos jurídicos para emprender complejos de desarrollo turístico.

Asimismo dijeron que la inversión es necesaria para detonar la economía y el desarrollo de los ciudadanos pero se necesitan proyectos que estén en equilibrio con la naturaleza y protejan las zonas arqueológicas.

Informaron que de publicarse el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el Gobierno Federal, a través de alguna de las dependencias encargadas del tema, podrán interponer una controversia constitucional por la violación de los decretos.

Además, manifestaron su beneplácito porque la Secretaría del Medio Ambiente no ha extendido más permisos y licencias de construcción en el corredor arqueológico Tulum-Tankah.

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