A fin de actualizar la vida política nacional, fortalecer el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y la función de control que ejerce éste último, diversas fracciones parlamentarias se pronuncian por modificar el formato del Informe de Gobierno, ya que el actual no corresponde a la realidad democrática de México.

El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI), integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, señaló que la figura actual es meramente protocolaria y no posibilita analizar y debatir los puntos fundamentales en la marcha de gobierno.

Destacó la importancia de modificar la presentación del informe de gobierno y permitir que el Presidente de la República escuche, de viva voz, los planteamientos de los legisladores, pues ello contribuiría a transparentar el diálogo entre Poderes, lo cual repercutiría en el planteamiento oportuno de la agenda futura y daría certidumbre al trabajo legislativo.

Dijo que existe una preocupación de los legisladores sobre este tema, toral en el Congreso, pero consideró que va más allá del aspecto aparentemente frívolo del mero formato.

Subrayó que éste es un asunto fundamental de la Reforma del Estado sobre la relación entre los Poderes, cómo construyen sus acuerdos y cómo ejercen sus respectivos controles.

Por ello, consideró necesario promover las reformas necesarias desde la base constitucional y explicó que existen más de 30 iniciativas encaminadas a modernizar y a darle una perspectiva democrática y de diálogo efectivo al Informe de Gobierno.

Indicó que con la eventual modificación al informe de gobierno se constituiría como mecanismo para actualizar la vida de la República, darle mejores vías y fortalecer el diálogo con el Presidente, para profundizar en la vida democrática, la transparencia y la cultura política del país.

A su vez, el diputado Cristián Castaño Contreras (PAN) aseguró que su fracción parlamentaria promoverá, a partir de septiembre. la discusión y análisis de la iniciativa que propone cambiar la fecha del informe de gobierno, para que se presente en febrero y, posibilitar a los legisladores a formular, una vez leído y analizado el documento, sus cuestionamientos para que éstos sean respondidos por el Presidente de la República en una sesión posterior.

Lamentó que la iniciativa, presentada con tiempo suficiente para hacer la reforma constitucional y legal correspondiente, no haya sido dictaminada; no obstante, aseguró que inmediatamente después del primero de septiembre insistirán en esta modificación, “una vez que haya pasado la presión de la ceremonia del informe y que pueda haber más razón y cordura para que éste sea el último año con el formato vigente”, enfatizó.

Señaló que de concretarse la reforma, se beneficiaría la imagen del Poder Legislativo al cumplir su función de control, “en lugar de reunirnos sólo para contestar un informe que no conocemos y sobre el cual, los legisladores no podemos preguntarle al Presidente”.

Además, dijo, que dará respuesta a la demanda de la ciudadanía de resultados concretos del trabajo del Legislativo, pues “aunque actualmente se realiza la glosa del informe, no existe una función de control”.

En su oportunidad, el diputado Francisco Javier Santos Arreola (PRD) señaló que el formato actual no responde a las exigencias actuales de equilibrio de los poderes, pues durante ese acto sólo escucha el posicionamiento del Presidente del Congreso, haciendo caso omiso a las diversas fuerzas políticas.

Por ello, presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pues con el formato actual sólo se cumple con el requisito constitucional de presentarse ante el Congreso como mero trámite y no se enriquece a través del diálogo con los congresistas.

Añadió que, además de ser obsoleto, no corresponde a la idea de tener un diálogo constructivo en relación con el informe, sino que propicia la expresión de opiniones sueltas e impide llegar a un sistema de corresponsabilidad entre Poderes, creándose un ambiente estéril donde ni el Legislativo ni el Ejecutivo son eficaces y productivos.

Su propuesta consiste en modificar la Ley Orgánica para establecer la obligación del Presidente de dirigir un mensaje de manera verbal al Congreso, así como de escuchar y responder los posicionamientos de los grupos parlamentarios.

También busca implantar el nuevo mecanismo de intervención de las fracciones parlamentarias respecto del mensaje y su contestación, así como de la dinámica a seguir en cuanto a los cuestionamientos que se le formulen.

Precisa la obligación de los legisladores de guardar el debido respeto a la investidura del Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, por lo cual no deberá haber interrupciones o intervenciones. Además, que el Presidente del Congreso General cerraría el acto protocolario, de manera imparcial y cuidando muy bien de expresar la opinión del Poder Legislativo Federal.

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