En México la eutanasia no ha sido normada, se le considera homicidio por omisión y es penada con uno a cinco años de prisión, aunque ni siquiera esté definida expresamente en el Código Penal Federal.

El hecho de provocar acciones que pueden dar lugar a la muerte de un paciente sigue siendo controversial; desafortunadamente, existen vacíos legales derivados de la dificultad para hablar del tema y, sobre todo, para lograr acuerdos, indicó el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), Salvador Barajas del Toro (PRI).

Al reunirse con especialistas en bioética de la UNESCO, el legislador consideró que la información servirá para tomar decisiones acertadas, con el objetivo de que las comisiones empiecen a debatir los dictámenes referentes a la eutanasia y así reformar los artículos pertinentes.

En ese sentido, la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar (PRI), afirmó que el tema es complejo y controvertido, por lo que deberá ser sometido a un amplio debate nacional que incluya una participación plural y multicultural.

Expresó que la eutanasia es uno de los grandes asuntos del siglo XXI, de ahíque losCongresos, Parlamentos y Gobiernos del mundo deben dar una respuesta justa; resaltó que el gran desafío es legislar sin afectar los derechos fundamentales del hombre.

Dijo que está en juego el derecho a la vida, la autodeterminación, el principio de dignidad y la potestad a tener una muerte digna.

Pagés Llergo Rebollar reconoció que la eutanasia, el aborto y la pena de muerte son temas que inevitablemente caen en el terreno de la moral individual, “de ahí, su complejidad, la polarización y el desencuentro”.

Por ello, continuó, no deben ser abordados superficialmente o con frivolidad, porque se contraponen tanto la ética como el derecho, la ciencia, la antropología, la religión y la psicología.

La legisladora enfatizó que el gran desafío para el Congreso es construir un sistema jurídico que garantice este derecho y al mismo tiempo impida convertir la muerte asistida en un negocio, en una salida fácil o en un recurso para ocultar la ineptitud médica.

“Oponerse a la eutanasia significa dejar un peligroso vacío jurídico para que sigan aplicándose decisiones arbitrarias sobre el paciente o provocarle mayor sufrimiento”, acotó.

Al hacer uso de la palabra, el Director de Estudios Sociales del Cesop, Francisco Sales Heredia, destacó que a pesar de no existir una definición exacta de la eutanasia, casi todos los especialistas coinciden al explicarla como la acción de un médico, que a través del consentimiento del paciente desahuciado, evita su sufrimiento y acelera la muerte.

Señaló que en la mayoría de los países donde se ha legislado sobre el tema, generalmente se distingue entre eutanasia y otro tipo de intervenciones médicas que pueden llevar a la muerte del paciente.

“Un adulto conciente de su enfermedad, en pleno uso de sus facultades, después de consultas médicas y una amplia reflexión puede decidir con plena autonomía si quiere morir con el propósito de evitar un deterioro mayor de su estado”, subrayó.

Para la Directora del Doctorado en Bioética y Biojurídica de la UNESCO, María Dolores Vila Coro, la eutanasia es una práctica que la mayoría de los médicos rechaza, por tratarse de un acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente.

“No obstante sea una petición expresa del enfermo o de sus familiares, es contrario a la ética y ese es el factor que impide al doctor respetar el deseo del paciente”, añadió.

En contraparte, el doctor en bioética, Horacio García Romero, externó que la realidad, por lo menos en México, es muy diferente a lo expuesto por la representante de la UNESCO.

“Cerca del 45 por ciento de los paciente en la República fallecen en terapia intensiva; en estos servicios los médicos están muy preocupados porque el paciente desahuciado sufra innecesariamente de dolores crónicos, así que aplican la eutanasia pasiva.

“Es decir, suspenden todos los tratamientos; primero, los médicos valoran la situación y, en caso de coincidir en que el enfermo no podrá reincorporarse a una vida normal y digna, generalmente deciden suspender todos los medicamentos”, informó.

Puntualizó que desafortunadamente las leyes mexicanas sostienen que es un homicidio por omisión suspender los tratamientos a un paciente y provocarle el fallecimiento, no importando si sufre o no.

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