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Boletín N°. 1475 No pagan tarifas reales por electricidad 20% de los usuarios, denuncian diputados al titular del FIDE

Diputados de diversas fracciones parlamentarias se pronunciaron por impulsar una política energética de largo plazo que permita alcanzar las metas de ahorro de recursos energéticos y económicos ya que en México, 20 por ciento de los usuarios están fuera de la ley, ya que pagan tarifas que no corresponden a su consumo real, mientras que “un volumen impresionante”, no pagan por el servicio.

Lo anterior, durante una reunión de la Comisión de Energía, que preside el diputado David Maldonado González (PAN), con el director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Pablo Realpozo del Castillo.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, José Antonio Almazán González (PRD), subrayó la necesidad de impulsar y promover un uso racional de recursos no renovables y fuentes alternas para la generación y ahorro de energía eléctrica, pues el dispendio alcanza los 30 mil millones de pesos anuales.

De ahí que señalara la importancia de enfrentar este asunto mediante una política energética a nivel nacional de largo plazo que permita alcanzar las metas de ahorro que redunden en beneficios directos para la población y la economía nacional.

En su oportunidad, Maldonado González indicó que México avanza en el camino correcto para mejorar las condiciones del medio ambiente a través del uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

Indicó que el dispendio de electricidad se debe principalmente a la falta de conocimiento y a la poca difusión de los programas exitosos en lugares donde se han implementado. Consideró que el problema no radica en la falta de recursos, pues “el FIDE siempre ha tenido recursos de NAFINSA”, sino en el impulso de programas para que puedan llegar a más entidades del país.

Agregó que es necesario implementar reformas legislativas para que el gobierno y sus instituciones implementen medidas de ahorro. “Por ejemplo, hacer obligatorio el uso de lámparas fluorescentes en edificios públicos y no permitir la instalación de luz incandescentes, e impulsar el uso de aparatos ahorradores de electricidad”, sugirió.

Propuso que este tipo de acciones sean obligatorias, porque “se habla del ahorro del consumo de empresas y particulares, pero el gobierno no lo hace y si queremos llegar a instancias privadas sin poner el ejemplo, será difícil convencerlas”, enfatizó.

Se refirió, asimismo, al asunto de las tarifas domésticas asociadas al precio del gas, donde “pormás esfuerzos que se hagan” se aprecia una tendencia a la alza, por lo que se requiere una política de ahorro orientada al consumo. No obstante, aseveró que dicha política sólo podrá funcionar con usuarios regularizados.

El diputado Rolando Rivero (PAN), señaló la importancia de impulsar el desarrollo de fuentes alternas de energía eléctrica, como la eólica y la solar, para evitar el elevado consumo de combustóleo. Del mismo partido, Alonso Manuel Lizaola González, secretario de esta Comisión, reconoció que el FIDE ha sido un proyecto exitoso que no se ha supeditado a cambios políticos y se ha mantenido con un alto rendimiento.

Durante su exposición, Realpozo Del Castillo añadió que la meta para 2012 es que el ahorro de energía eléctrica crezca entre 2.5 y 4 veces respecto del acumulado al 2006, lo cual contribuiría al desarrollo sustentable del país, al disminuir el consumo de combustibles y la emisión de contaminantes, con la consecuente reversión del cambio climático.

Además permitirá diferir inversiones en infraestructura eléctrica; disminuir el costo de facturas eléctricas; reducir subsidios e incrementar la competitividad y generación de empleos

Dijo que entre sus principales estrategias está la de consolidar la sinergia con el Gobierno Federal y el Sector Eléctrico Nacional para desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional del Cambio Climático.

Asimismo, ampliar el programa de financiamiento para la sustitución de equipos domésticos no eficientes en el sector residencial, e incrementar los servicios de asistencia técnica y financiamiento al sector industrial, que representan el 60 por ciento del consumo nacional.

También aumentar los programas de apoyo al sector comercio y servicios para optimizar sus consumos; promover la sustitución de focos convencionales por lámparas ahorradoras a gran escala, así como promover la normatividad y legislación necesariaspara su uso integral, además de ofrecer a municipios un apoyo integral para mejorar su eficiencia energética.

Otros de sus objetivos son incrementar el financiamiento para la construcción de vivienda nueva tipo sustentable; promover la certificación de productos eficientes con sello FIDE y la aplicación de nuevas tecnologías; y desarrollar especialistas promotores de ahorro de energía eléctrica en todo el país.

Explicó que también impulsa la cultura del ahorro a nivel nacional mediante el Programa de Educación para la Cultura del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica (EDUCAREE), con el cual, a junio de 2007, se han capacitado a 3.4 millones de niños y a 118 mil profesores.

Propuso que el gobierno realice una campaña nacional de difusión de ahorro de energía eléctrica para el mejoramiento del ambiente y difundir los programas FIDE en ahorro de electricidad

Indicó que todo ahorro que se logre, por mínimo que sea, en cualquier nivel, permitirá quemar menos barriles de hidrocarburos y esa es una manera directa para reducir las emisiones de bióxido de carbono al medio ambiente y revertir el cambio climático.

En cuanto a la regularización de los usuarios y los ilícitos, “está en manos del Congreso, para que aprueben leyes que impidan el abuso de esa gente”. Dijo que el uso dispendioso de la energía eléctrica conlleva fallas técnicas y fraudes que van del 15 al 25 por ciento.

No obstante, aseveró que independientemente de las acciones de gobierno que se implementen mediante una mejor política energética, es necesario seguir fomentando el ahorro porque no sólo repercute en las economías familiares y los subsidios, sino en la disminución de la contaminación ambiental.

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