La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para analizar los cambios a la Carta Magna que conlleva la propuesta de Reforma Fiscal presentada por el Presidente Felipe Calderón.

Max Diener, Director General Jurídico de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, explicó que el cambio al artículo 134 constitucional servirá para fortalecer las facultades del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en cuanto a la revisión y programación del gasto público.

Con la propuesta, dijo, los principios de eficacia, transparencia y honradez en el gasto se extenderían a los tres órdenes de gobierno, porque el presupuesto se repartiría a través de la lógica de los resultados; “entre más eficiente sea el trabajo de las dependencias del gobierno, se les otorgarán mayores recursos”.

Es necesario, manifestó, fortalecer al Coneval y a la ASF porque la evaluación dentro del ejercicio del gasto es distinta a la revisión de los recursos aplicados.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (PAN) señaló que la propuesta del Presidente Calderón es complementaria a la reciente reforma al artículo sexto constitucional que aprobó el Congreso, y que garantiza la transparencia de la información pública en los tres órdenes de gobierno.

Por otra parte, Max Diener indicó que la reforma al artículo 74 constitucional ayudaría a dar certidumbre a las inversiones públicas a través de la “asignación del gasto plurianual” a proyectos de inversión en infraestructura.

Sin embargo, advirtió, hay un problema porque el 90 por ciento del gasto programable ya está comprometido, por lo que año con año, sólo se puede asignar el 10 por ciento del presupuesto.

Yadhira Tamayo Herrera, diputada del PAN, aseguró que está de acuerdo con la propuesta si se aprueba un techo máximo de inversión para no abusar de este gasto y comprometerlo en su totalidad.

Asimismo, la diputada Rosario Ortiz Magallón (PRD) observó que comprometer los recursos de esta manera podría traer complicaciones, ya que en algunas comunidades hay prioridades de desarrollo social que no tienen que ver con infraestructura, “entonces, no podrían invertir en otras cosas porque el dinero ya está etiquetado”.

Por su parte, el diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI) manifestó que podría caerse en una discrecionalidad del Poder Legislativo para asignar los recursos a infraestructura, descuidando otras necesidades que son importantes en algunas entidades federativas.

En cuanto a la reforma al artículo 79 constitucional, Max Diener aseveró que a través de esta modificación se otorgaría la facultad a la ASF para que pudiera realizar directamente auditorías en las entidades federativas y a todos los órganos públicos.

A fin de lograr lo anterior, se cambiarían las fechas de presentación de la Cuenta Pública: se presentaría el 30 de abril y no en junio como actualmente se hace y los resultados se harían públicos el 30 de diciembre del mismo año y no hasta febrero del siguiente, como marca la ley vigente.

En el mismo sentido, argumentó, los cambios al artículo 73 constitucional otorgarían facultades al Congreso para que legisle a efecto de homologar la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, lo que abarcaría información financiera, presupuestaria y patrimonial.

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