Al reunirse en comisiones unidas para analizar la propuesta de Reforma Fiscal, diputados de las diversas fracciones parlamentarias se pronunciaron por analizar sus efectos y los de los nuevos impuestos como la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) y el Impuesto contra la Informalidad (ICI) en la economía nacional, la planta productiva, los programas sociales y del campo y la distribución de recursos a los estados.

En la reunión convocada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, su presidente Jorge Estefan Chidiac (PRI), dijo que se analizarán las propuestas presentadas por las comisiones. Aseguró que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hará un análisis de los efectos negativos y positivos de los nuevos impuestos y de la distribución de recursos a estados.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), consideró necesario fortalecer la propuesta del Ejecutivo Federal en lo que se refiere al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), para establecer indicadores de impacto que incluyan la discusión de la protección social universal y que no generen políticas discriminatorias entre el sector formal e informal.

Aseguró que actualmente, 60 millones de mexicanos cuentan con seguridad social, pero sólo 17 millones reciben un beneficio directo, por lo que casi 45 millones están excluidos. Explicó que en el caso del Seguro Popular, los resultados no han sido convenientes ni satisfactorios.

A nombre de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Ismael Ordaz Jiménez (PRI), estimó indispensable que el Ejecutivo Federal defina el destino de los recursos por la captación de la reforma y cuánto se canalizará a programas sociales.

Dijo que un objetivo prioritario deber ser la redistribución del ingreso nacional que combata la pobreza, tener claridad en los programas que se apoyarán y aquellos que se orientarán a la federalización. Se requiere, precisó, una política alimentaria que apoye programas como Liconsa y Diconsa y a las micro y pequeñas empresas, además de delimitar zonas marginadas o pobres que requieren atención urgente y prioritaria.

El diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI), presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, destacó la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un órgano desconcentrado de control del gasto que sea una instancia de vigilancia, porque “no puede ser que el Ejecutivo maneje el gasto a su antojo”.

Es el momento, aseveró, de acotar las facultades del Ejecutivo y que el Legislativo tenga mayor participación en el marco de la división de Poderes.

Por su parte, el diputado Carlos Chaurand Arzate (PRI), presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, dijo que la propuesta para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se transforme en instituto de evaluación, implicaría una reforma a la Ley Orgánica del Congreso.

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), cuestionó la nueva fórmula que propone Hacienda para la distribución del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal, ya que, explicó, en algunos estados genera desequilibrios y se afectará a los más pobres.

El diputado Ramón Ceja Romero (PAN), presidente de la Comisión de Reforma Agraria, aseguró que ejidatarios y comuneros han solicitado la intervención de los diputados ante la Secretaría de Hacienda para etiquetar recursos a programas del campo y solucionar los conflictos agrarios.

Reconoció que en el agro faltan recursos y el sector rural se ha minimizado, por lo que se debe fortalecer, el gasto en infraestructura y programas rurales, así como el registro agrario, donde se debe aumentar el gasto corriente y el número de personal que atienda a la población. Preguntó sobre los efectos que tendrá la CETU en el sector agrario.

El diputado Enrique Serrano Escobar (PRI), secretario de la Comisión de Economía, dijo que aunque se han hecho análisis jurídicos y presupuestales de la reforma, no se han incluido sus efectos en la economía nacional y la planta productiva.

Destacó que es una reforma de alto impacto que tendrá efectos importantes en la planta productiva que deben considerarse antes de aprobarla, de lo contrario, advirtió, sería un error porque las empresas pagarían más impuestos.

Por parte de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, la diputada Martha Tagle Martínez (Convergencia), aseguró que los integrantes de la comisión realizan un análisis de las iniciativas en esta materia que tienen que ver con la reforma hacendaria, para entregarlo a la Comisión de Hacienda.

Pidió se incluyan las opiniones de los presidentes municipales, toda vez que están fuera de la discusión.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (NA) solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias analizar la constitucionalidad de la CETU y del ICI.

Al respecto, el diputado Alfredo Ríos Camarena (PRI), precisó que en la revisión de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal se infiere que pudiera haber problemas de constitucionalidad, más aún si se consideran algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El problema, dijo, es que a veces la Corte amanece con un criterio y con otro al día siguiente. La Corte, insistió, tiene muchas fallas de interpretación, por ello, consideró que la Secretaría de Hacienda debe revisar el tema.

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