La Secretaria General de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, señaló ante las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Unión, que pese a que en México ha habido avances en la materia, persiste la violación de las garantías individuales, así como un atraso en el sistema de justicia, lo que contradice el discurso gubernamental con los hechos.

Explicó que a nivel nacional existe una brecha entre la promesa de proteger las garantías individuales y el cumplimiento para respetarlas y añadió que la protección a los derechos humanos sigue siendo muy frágil.

La ombudsman internacional destacó que quienes se han visto privados de la justicia son principalmente los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. “El acceso a la justicia no está disponible para muchos sectores de la población mexicana”, subrayó.

Mencionó que la seguridad y los derechos humanos no son dos cosas distintas; sin embargo, dijo, “lo que observamos, a través de algunos eventos, es que en México se sacrifican las garantías individuales a nombre de la seguridad. Esto no lleva ni a la libertad ni a la seguridad”.

Indicó que México ha logrado una buena reputación internacional en cuanto a la defensa de los derechos humanos, es campeón en el ámbito internacional y en la promoción de normas, no obstante, es importante que este papel de liderazgo se refleje también a nivel nacional.

Pese a las observaciones, el organismo internacional reconoció que nuestro país se abre cada vez más a los escrutinios internacionales y se congratuló porque el Congreso haya aprobado reformas importantes que tienen que ver con la violencia en contra de las mujeres y los derechos de las personas discapacitadas.

Ante los cuestionamientos de los diputados y senadores en torno a su informe sobre los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco, resaltó que estos asuntos demuestran claramente la falla en la erradicación de la impunidad, así como un fracaso en la aplicación de la justicia.

En ambos casos, dijo, las autoridades federales y estatales no han investigado de manera efectiva, o bien, lo han hecho de forma parcial, sobre todo, porque están inmiscuidos funcionarios.

Afirmó que no tratar de manera efectiva los delitos, representa una pérdida de la confianza en la seguridad pública y en el sistema judicial mexicano.

Reconocemos, afirmó, que los movimientos de protesta representan retos del Estado y el desafío de una democracia madura como la de México es enfrentar estos aspectos sin recurrir a abusos. “La verdadera prueba es garantizar que los derechos fundamentales de expresión, de reunión y asociación se conserven y se respeten”.

Abundó que el derecho de protestar y discernir debe garantizarse y no sacrificarse a nombre de la ley y el orden. Reconoció que México enfrenta un desafío importante al enfrentar una delincuencia organizada y violenta.

La senadora Rosario Ibarra de Piedra y el diputado Javier González Garza (PRD), manifestaron su desacuerdo con las opiniones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, en el sentido de que las observaciones de Amnistía Internacional en el caso Oaxaca son exageradas.

“Esas declaraciones son una pena porque ha costado muchos años construir una CNDH autónoma, y su presidente, desde hace rato, ha perdido esa autonomía. Es una lástima porque las observaciones de Amnistía Internacional son del dominio público. No sólo no estoy de acuerdo con sus afirmaciones, sino que me parecen deleznables”, dijo González Garza.

Khan abordó, de igual forma, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y la presunta violación de éstas a las garantías individuales de la población.

Los diputados del PRD, Alliet Bautista Bravo, Maricela Contreras Julián, Valentina Batres Guadarrama y Alberto López Rojas, se sumaron a esos temas y coincidieron que México atraviesa “por una vergüenza internacional”.

“Nos hemos opuesto terminantemente a esta filosofía que ha permitido la utilización del Ejército mexicano en labores que no le son propias y que son anticonstitucionales, que han producido violaciones y muertes con el propósito de, efectivamente, combatir el crimen organizado”, señaló González Garza.

Los legisladores del PRD insistieron en que las recomendaciones de AI se refieren a la persistencia de la tortura, violencia en contra de las mujeres, el abuso policiaco y la discriminación a los indígenas.

El diputado Justiniano González Betancourt (PAN), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, indicó que la participación y operaciones que realizan las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado son absolutamente legales.

Destacó que los miembros del crimen organizado no son delincuentes comunes, por lo que debe dárseles una mayor atención toda vez que no sólo están muy bien organizados, sino fuertemente armados. Esto, dijo, pone en peligro grave a la seguridad interior.

Rechazó que en esta participación del Ejército se cometan violaciones a los derechos humanos, toda vez que los soldados están capacitados en la materia, además de que al interior del medio castrense se procesa a los infractores y se les pone a disposición de la autoridad correspondiente. “Así es que los militares están perfectamente controlados”.

Al respecto, la secretaria general de AI señaló que se deben cumplir reglas sobre el uso de la fuerza militar, además de que no es recomendable que el Ejército tenga participación por un tiempo prolongado en acciones policiacas.

Recomendó a los legisladores hacer reformas para establecer y delimitar el trabajo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en materia policial, para dar certeza a la aplicación de la justicia cuando exista la violación de los derechos humanos.

Agregó que la transparencia y claridad de las reglas son de suma importancia no sólo para el gobierno, si no para la misma reputación de las fuerzas militares.

Durante la presentación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Omeheira López Reyna (PAN), destacó que la historia de los derechos humanos en México tiene raíces profundas; sin embargo, hay un ascenso discontinúo, con fracasos y contradicciones que se reflejan en sus contenidos constitucionales.

Agregó que la forma en la que se respetan y se ejercen los derechos humanos en una sociedad, constituye una de las expresiones más evidentes de los niveles de articulación entre un sistema político y económico.

Señaló que es deber del Estado reconocer y garantizar el respeto de los derechos humanos, creando las condiciones necesarias para generar paz, justicia y libertad.

Previo a ello, el diputado César Camacho Quiroz (PRI), destacó que las conclusiones de Amnistía Internacional duelen, por irrefutables que sean, y señaló que el Congreso busca fortalecer el respeto de las garantías individuales.

Agregó que la posición del organismo internacional conlleva una serie de recomendaciones que tienen que ver con reformas a la Constitución y a la legislación secundaria, con la necesaria implantación de un sistema acusatorio y con establecer una serie de principios que no se pueden obviar.

El presidente de la Comisión de Justicia informó que al interior de la misma se analizan diversas iniciativas para reformar el sistema de justicia y fortalecer el respeto de los derechos humanos, tanto de la víctima como del imputado o indiciado.

En tanto, el también diputado del PRI, Alfredo Ríos Camarena, afirmó que se puede estar de acuerdo o no con las observaciones de AI y son, indudablemente, una llamada de atención a temas domésticos.

“Aceptamos con gusto que alguien venga a decirnos cosas, pero recordamos que la soberanía es nuestra y que los diputados y senadores somos los que decidimos. No me gusta, y no hablo de AI, que de afuera se esté globalizando el derecho y se desmantelen las instituciones por las imposiciones de organismos financieros como el FMI”.

Irene Khan indicó con relación a las propuestas de reformas a la Constitución, que AI está plenamente convencida de la vital importancia de las mismas y enfatizó que es necesario plasmar en la Carta Magna los tratados internacionales.

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