La Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) se excede porque si bien es un gravamen empresarial, le pega a las personas físicas e impacta el patrimonio de la población en lo que corresponde a la enajenación de viviendas, según se establece en un análisis jurídico realizado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

De acuerdo con el documento, la CETU es otra versión del Impuesto al Valor Agregado o del proyecto estadounidense de flat tax que, abierta o disimuladamente, se orienta a sustituir el Impuesto sobre la Renta por un gravamen indirecto.

Al igual que el IVA, la CETU descuenta de las ventas de los productos el valor de los insumos utilizados en el proceso de elaboración, quedando la retribución neta a los factores de la producción, por tanto, la base del impuesto y el modo de cálculo lo tipifican con un impuesto indirecto idéntico al IVA.

Según el CEDIP, el nuevo impuesto favorecería a las empresas que inviertan, ya que si no compran bienes tendrían poco que deducir, en cambio afecta a la pequeña y mediana empresa porque emplean más la mano de obra que bienes de capital, situación por la cual no tienen deducciones.

“El gravamen es un sistema híbrido que cancela las ventajas de la simplificación administrativa y el costo por el ineficiente e ineficaz aparato tributario”, señala el documento.

Además, poco a poco liberaría a los causantes de la progresividad del ISR a cambio de un impuesto proporcional que no distinguiría entre las utilidades o ingresos de las empresas o personas.

Al mismo tiempo, sustituye el crédito al salario por un subsidio al empleo con beneficiarios diferentes; elimina el Impuesto al Activo y reduce el peso de los regímenes tributarios especiales, aunque crea los propios como la desgravación inmediata de las inversiones.

Según el estudio, en la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley del CETU, se establece que es un impuesto directo, lo que podría generar la presentación de solicitudes de amparo, aduciendo doble imposición e inequidad hasta que el asunto sea dirimido en la Corte.

Se precisa que los impuestos directos son para que las personas o empresas con igual capacidad de pago tributen lomismo, mientras que aquéllas con mayores capacidades paguen más. Ello obliga a individualizar la situación tributaria de cada causante creando complicaciones administrativas inevitables.

El CEDIP considera que al imponer gravámenes indirectos al consumo, suben los precios y se reduce la cantidad producida o comercializada.

No obstante, reconoce que con la aplicación de la CETU se aligerarían las cargas financieras del gobierno y podría constituir un impuesto de control a la elusión de las empresas y haría más competitivo el sistema tributario mexicano en el exterior.

Con su aplicación, considera el Centro, el Gobierno Federal busca frenar la evasión y montos de recursos que devuelve cada año por concepto de ISR a las grandes empresas.

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