El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Julián Olivas Ugalde, propuso a los diputados de la Comisión de Presupuesto cambiar la fecha de presentación de la Cuenta Pública que propone el Ejecutivo; que la ASF cuente con autonomía presupuestaria; se eleve a rango constitucional el término de auditorías de desempeño y que en la propuesta de Presupuesto el Ejecutivo incluya indicadores de desempeño.

Durante una reunión de la comisión para discutir la Reforma Fiscal en materia de gasto, donde también estuvo el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, el auditor aclaró que incluir en la Constitución la evaluación de políticas públicas no afecta las facultades de la ASF en la revisión del desempeño de las entidades fiscalizadas, pues ya está previsto en la Carta Magna.

Coincidió con la Reforma Hacendaria en la modificación al artículo 73 constitucional porque permitirá contar con un registro de los ingresos, egresos y patrimonio en los tres niveles de gobierno, con un sistema contable más armónico y fiscalizar el movimiento de los recursos públicos.

No obstante, explicó que en la reforma al artículo 79 constitucional no se prevé la autonomía presupuestal de la ASF, por ello propuso se destine a esa entidad entre 0.05 por ciento y 0.1 más del gasto del año anterior.

Al referirse a los plazos para la presentación de la Cuenta Pública, propuso iniciar el proceso de revisión el 15 de enero del año siguiente de la conclusión del ejercicio fiscal, para hacer una evaluación preliminar y se incluyan en la Cuenta Pública que envíe el Ejecutivo el 30 de abril.

Lo anterior, dijo, permitirá anticipar al Congreso la presentación del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública el 20 de febrero del año siguiente y no el último día de marzo, como actualmente se realiza.

Además, dijo, se requiere modificar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para eliminar el informe de avance de gestión financiera, revisar de ejercicios anteriores actos de trato sucesivo como permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, así como las cuentas colectivas de la Hacienda Pública.

Pidió se incorpore en la Constitución el término de auditorías de desempeño y se incluya la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de facultades y atribuciones contenidas en disposiciones jurídicas y programas federales, ya que, aunque actualmente se realizan ese tipo de auditorías, sólo es en el ámbito de la ley y no a nivel constitucional.

En la ronda preguntas, los diputados discreparon sobre la evaluación del desempeño a cargo del Ejecutivo, pues hubo quienes se pronunciaron por fortalecer a la ASF.

Preguntaron respecto de la aplicación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la participación de las comisiones en la integración del presupuesto y la manera de integrarlo en la propuesta para crear nuevos mecanismos de evaluación.

También sobre los instrumentos que tiene la Auditoría para el fincamiento de responsabilidades y si son efectivos para combatir la corrupción en el manejo de recursos.

En respuesta, el auditor Julián Olivas pidió a los diputados establecer la posibilidad de iniciar auditorías antes de que se presente la Cuenta Pública y para la presentación de ésta se considere el último día de octubre, pues de no hacerlo, advirtió, bajaría la cantidad y calidad de las auditorías.

Reiteró que el cambio de fechas para la presentación de la Cuenta Pública evitará un retraso en las auditorías y la burocratización de la labor de la ASF.

Consideró que las comisiones del Congreso deben aprovechar los mecanismos de evaluación para orientar el gasto con base en el desempeño.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona aseguró que la evaluación es una herramienta que apoya la gestión, presupuestación y revisión de cuentas, pero, aclaró, no sustituye la facultad de la Cámara de Diputados en la discusión de las políticas públicas del presupuesto.

Reconoció que gobierno y Congreso han avanzado en varios temas como la presupuestación programática, los indicadores y evaluaciones; no obstante, consideró que aún hay retos importantes como la existencia de demasiados indicadores financieros y de gestión poco útiles, y escasos indicadores de resultados que demuestren de manera permanente si determinado programa o política funcionan.

Además, agregó, no hay claridad en la lógica interna de algunos programas como el de “Entrega de microcréditos” o “Entrega becas”, donde no se sabe cuál es su finalidad ni hay indicadores para medirlos.

Explicó que otro problema es que no existe coordinación entre instancias federales como las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, así como la Presidencia de la República, que demandan información sobre indicadores sin estar debidamente coordinados.

Hernández Licona dijo que antes de que el Ejecutivo Federal enviara su propuesta de Reforma Fiscal, ya se tenía un consejo para evaluar programas y políticas sociales, pero sin que ninguna instancia del gobierno tenga esa facultad.

Aseguró que desde hace 11 meses opera el Coneval para evaluar dichas políticas, se cuenta con una nueva Ley de Presupuesto que ya prevé evaluaciones externas y un presupuesto para este año que también incluye indicadores.

La intención del esquema de evaluación, insistió, es generarinformación oportuna y confiable que mejore la presupuestación, permita evaluar resultados y tener mayor coordinación con la Cámara de Diputados en la toma de decisiones.

En la sesión de preguntas y respuestas, los diputados Susana Monreal Ávila y Eric López Barriga, del PRD, así como Jesús Ramírez Stabros, del PRI, cuestionaron cuál sería la participación del Poder Legislativo en el Sistema de Evaluación del Desempeño, sobre todo, coincidieron, porque de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, los consejeros serían elegidos de forma directa por éste.

Los legisladores del PRD indicaron que la propuesta de elevar a rango constitucional la SED estaría por encima de lo que establece la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al no incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados a través de sus comisiones, coordinadas por la de Presupuesto.

Eric López Barriga indicó que en la elaboración y diseño de cualquier programa debe haber indicadores sobre el fin y propósito y actividades para evitar confusiones y cuestionó sobre la diferencia que hay entre tener un Consejo Nacional de Evaluación y no tenerlo.

Antonio López Adame (PVEM) manifestó que, actualmente, los programas no están diseñados para evaluarse e incluso, los objetivos de los mismos no están relacionados con las facultades del que ejecuta el gasto, además de que no hay metas específicas.

A la propuesta del Sistema de Evaluación de Desempeño, indicó, le falta otorgar atribuciones para exigir a las dependencias del Ejecutivo a que cumplan y tengan una planeación adecuada de sus programas.

En respuesta, el titular del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, rechazó que el Ejecutivo vaya a tener un control directo de los consejeros y aseveró que habrá una comunicaciónpermanente con la Cámara de Diputados.

En este sentido, dijo, constantemente se enviarán a la Cámara las evaluaciones junto con los indicadores que el consejo autorice, o bien, cuando los legisladores los requieran, a fin de que sean revisados por la ASF.

Añadió que, de acuerdo con la iniciativa, la elección de los consejeros corresponderá a la Comisión Nacional de Desarrollo Social en la que están representadas las entidades federativas, los municipios, las dos Cámaras del Congreso, el Ejecutivo y los consejos nacionales para la Competitividad y de Seguridad Pública, estos últimos, para ampliar las evaluaciones a la política pública.

Mencionó que en la evaluación de desempeño, tanto el Consejo Nacional como la ASF deben tener una mayor coordinación, lo que aceleraría el cambio cultural en la materia.

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