Preocupados por la condición de pobreza alimentaria en la que se encuentran 18 millones de mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud analizarán el día de mañana un predictamen encaminado a contrarrestar este problema que afecta especialmente a la población infantil.

En este sentido, revisarán el documento cuyo objetivo es exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya a las secretarías de Salud (SS) y de Desarrollo Social (Sedesol) a que redefinan sus estrategias en la lucha contra la desnutrición infantil, especialmente en las comunidades rurales.

Lo anterior debido a que este tipo de pobreza ataca con mayor dureza a los estados de Chiapas (47 por ciento de su población se encuentra en esta condición); Guerrero (el 42 por ciento); Tabasco (28.5 por ciento), y Veracruz (28 por ciento), entidades federativas con sociedades altamente marginadas.

Dentro del predictamen se establece que los programas en esta materia deben contemplar también otros problemas: bajo nivel de ingreso de la población; deficiente abasto de alimentos, sobre todo, en las comunidades altamente marginadas, y también, la inadecuada e inexistente información nutricional de la población.

La propuesta de la comisión, se establece en el documento, surge a partir de que se considera que las acciones por parte del Gobierno Federal no han sido suficientes para atacar de raíz este fenómeno, ya que se han diseñado e implementado estrategias de política pública que no han revertido los efectos negativos entre la población.

Por otra parte, y para resolver el creciente número de farmacodependientes, la Comisión de Salud también revisará un proyecto de dictamen para exhortar a las autoridades educativas y sanitarias en los tres ámbitos de gobierno a que fortalezcan los programas de prevención de adicciones en niños y jóvenes que cursan la enseñanza básica y media superior.

La propuesta tiene su raíz en los resultados de la encuesta en la Ciudad de México sobre el uso de drogas entre la comunidad escolar, realizada en 2003 por el Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic), en la cual se indica que en tres años hubo un incremento en el consumo de drogas (del 14.7 al 15.2 por ciento).

En el proyecto se informa que los Centros de Integración Juvenil del país han recibido a 23 mil 363 pacientes, de los cuales, el 23. 6 por ciento eran consumidores de cocaína, 11.7 por ciento de marihuana, 10 por ciento de inhalables, y 7.8 por ciento de estimulantes.

“Prevenir es actuar, adelantarse a los fenómenos que no son sencillos de erradicar. Por ello, la prevención es la mejor recomendación para evitar el paso de los adolescentes por el mundo de las adicciones”, se afirma.

Asimismo, la comisión revisará un proyecto de dictamen cuyo objetivo es modificar el artículo tres de la Ley General de Salud para que el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos inherentes a los padecimientos de las enfermedades en todas sus fases sean materia de salubridad general.

En la exposición de motivos del documento se manifiesta que la Ley General de Salud fue creada para ser la reguladora del derecho a la protección de ésta y tiene como finalidad procurar el bienestar físico y mental de las personas; sin embargo, se menciona, han quedado imprecisos y desprotegidos varios términos que la afectan directamente, como es de “dolor”.

Aún con los grandes avances en materia de cuidados paliativos, anestesiología y algología, se precisa, para el dolor no se cuenta con una adecuada legislación que reconozca la importancia de su tratamiento, lo que se presenta como una laguna en la ley sanitaria actual.

En este mismo sentido, también se pondrá a consideración de la comisión un proyecto de dictamen que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de medicina paliativa, a fin de que las instituciones de salud pública cuenten con instalaciones necesarias para ofrecer servicios adecuados a quienes padecen enfermedades terminales.

Los integrantes de esta comisión, se asegura en el texto, están de acuerdo en que la normatividad sanitaria se ha concentrado en medidas de salud preventivas y curativas; sin embargo, existe un nuevo contexto epidemiológico, que requiere atender a aquéllos que, al no poder revertir su enfermedad, merecen respeto por su dignidad humana.

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