El presidente de la Comisión de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), afirmó que, en torno a la Reforma del Estado, ha habido incapacidad de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para construir acuerdos y avanzar en consensos sobre temas fundamentales, pues su atención se concentra en asuntos como el cambio del formato presidencial.

De igual forma, dijo, el debate debe centrarse en el fortalecimiento de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y no en un mayor debilitamiento de la figura presidencial.

Durante el diplomado “Análisis y diseño de la Reforma del Estado en México”, efectuado en el Auditorio Norte del Recinto Legislativo de San Lázaro, el diputado Carrasco Altamirano señaló que el régimen presidencialista de antaño ya no existe a partir de la reforma política de 1996, por lo que el planteamiento para reducir las facultades del Ejecutivo conllevaría a otros escenarios.

Insistió que hay una confusión sobre el tipo de Ejecutivo que se requiere y añadió que existe un gran bloque de propuestas para debilitarlo.

“Como si de verdad tuviéramos un Ejecutivo fuerte, como si estuviéramos hablando del mismo presidencialismo que por virtud de la estructura del poder y de la situación política del país, gobernó con facultades metaconstitucionales”.

En este sentido, apuntó que la pregunta respecto a la transformación de las instituciones sería “cómo mejorar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sin debilitarlos”.

Opinó que una Reforma del Estado tiene que ver, precisamente, con mejorar la operación y relación entre los poderes y no partir de la visión de que se debe reinventar al país.

“No se trata de entrar a un proceso de reformas con ánimo fundacional. Debe ser un ejercicio de reformas graduales, que nos permitan mejorar el sistema político y no un ejercicio con una visión de modificar o reconstruir todo, incluida una nueva Constitución, un régimen distinto, del presidencial al parlamentario, es decir, de reinventar al país”.

Agregó que el país ha avanzado en una transformación gradual a lo largo de su historia, lo que le ha permitido mejorar las instituciones y fortalecer lo que sí ha funcionado.

“El reto fundamental de cualquier régimen político es la transición política del poder y, finalmente, lo hemos tenido”, aseveró.

Destacó que la Reforma Política Electoral de 1996 probó su eficacia, sin embargo, ahora lo que se discute son los nuevos actores y factores que hacen que ese marco constitucional esté debilitado o presente “hoyos” que se necesitan corregir.

En esa lógica, indicó, se requieren reformas que ayuden a mejorar el régimen y uno de los temas es el político-electoral.

Sobre éste, subrayó, el debate se basa en temas que tienen que ver con el Registro Federal de Electores, la organización electoral, el voto de los mexicanos en el extranjero, la estructura orgánica del IFE; el financiamiento de las campañas y precampañas, así como el acceso a medios de información y los procesos de fiscalización.

Indicó que además de la visión de los partidos políticos, el planteamiento del IFE es que sí se requiere de una reforma en la materia ante la insuficiencia legal de cara a nuevos fenómenos.

Uno de ellos, dijo, es el de las precampañas, el cual no fue suficientemente normado en la legislación del 96 porque en ese momento no era preocupación; otros temas son la publicidad en medios y la propaganda negativa.

Por lo que se refiere a la fiscalización, Carrasco Altamirano reconoció que el IFE debe tener mayores facultades no sólo para abrir el secreto bancario, sino para sancionar a candidatos y partidos políticos cuando existanirregularidades.

Aceptó también que la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) no ha cumplido con su cometido, por lo que el tema debe ser objeto de discusión.

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