Para combatir la corrupción e ineficiencia en los órganos encargados de procurar y administrar justicia, no es suficiente incrementar recursos y fortalecer los mecanismos de transparencia en esas instituciones, se requiere voluntad política y una cultura de concientización entre los servidores públicos.

Coincidieron en ello diputados de diferentes fracciones parlamentarias, al referirse al reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), sobre Estado de Derecho y Seguridad, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Dicho reporte reconoce, entre otras cosas, la percepción en la ciudadanía de que la ineficiencia y corrupción de jueces, magistrados y ministerios públicos son las principales causantes de la impunidad.

El reporte del CESOP señala que, contrario a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), una encuesta de Consulta Mitofsky, aplicada entre el 16 y el 19 de marzo de 2007 a mil mexicanos mayores de 18 años, arroja que para el 42.4 por ciento de los encuestados es urgente aumentar los castigos contra el crimen lo cual, sumado al 13.9 por ciento de quienes están a favor de que exista cárcel de por vida, da como resultado que 56 por ciento se pronunció en contra de disminuir las penas.

Indica que estudios realizados por diferentes empresas y medios de comunicación, denotan un alto nivel de desconfianza en el Ministerio Público y poca aceptación social para atribuirle mayores facultades, cuyo ejercicio incorrecto podría significar intromisiones en la vida privada y violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

Asimismo, cifras recopiladas por el CESOP indican que 53 por ciento de los mexicanos desconfían de los jueces y 43 por ciento en los magistrados, además de que 88 por ciento considera que es probable que se dejen sobornar.

Señala que, según la Encuesta Nacional en Vivienda, aplicada por la empresa Parametría entre los días 24 y 27 de marzo de 2007 a mil 200 personas, 61 por ciento de los encuestados consideró que los juicios orales podrían contribuir, en mayor o menor medidaa mejorar la impartición de justicia, contra el tres por ciento, que considera lo contrario.

Menciona irregularidades y abusos al interior de los centros penitenciarios como cobros para entrar al penal, llamar al interno, ingresar alimentos, ropa y otros objetos. Asimismo, presos denunciaron problemas de corrupción, violación de garantías fundamentales de los detenidos y en el proceso penal.

Concluye que algunas estrategias del PND en materia de procuración e impartición de justicia no coinciden con lo manifestado por la sociedad y que hay acciones de gobierno rechazadas por la opinión pública, como el hecho de que sea el Ministerio Público y no un juez quien autorice órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas.

El diputado Salvador Barajas Del Toro (PRI), presidente del Comité del CESOP, indicó que esa impunidad es un problema que se extiende por todo el país, no sólo en el Distrito Federal.

“No sabemos si es la falta de recursos económicos lo que propicia que no haya justicia rápida y expedita comotodos la quisiéramos”

Agregó que los esfuerzos legislativos para enfrentar la problemática de la procuración e impartición de justicia no arrojan los resultados esperados.

De ahí que consideró necesaria una fiscalización oportuna al interior del Poder Judicial, así como una supervisión más amplia de las acciones y actitudes del Ministerio Público, “que es donde se encuentra la corrupción, la traba y el retraso de los juicios; desgraciadamente nos encontramos en una situación muy dudosa del Estado de derecho”.

Dijo que a partir del análisis y revisión del reporte del CESOP, se debe reformar el Código Penal Federal y que los estados y sus Congresos hagan las modificaciones correspondientes.

Se pronunció por impulsar las actividades de readaptación de sentenciados y revisar los convenios de la Federación con los estados, pues éstos realizan funciones que le corresponden al Gobierno Federal. En Chihuahua, dijo, de cada 10 pesos que gasta el gobierno local en el Centro de Readaptación Social (CERESO), la Federación absorbe sólo un peso con 50 centavos.

“Esta situación complica el funcionamiento de los estados por hacer una función que corresponde al Gobierno Federal y tenemos que considerarla en el presupuesto”.

Adelantó que se buscará fortalecer los recursos para estas responsabilidades porque, a final de cuentas, repercuten en el sistema de procuración e impartición de justicia.

Planteó la necesidad de consolidar y analizar el servicio civil de carrera al interior del Poder Judicial, para profesionalizar y hacer más eficiente la impartición de justicia.

A su vez, Fabián Fernando Montes Sánchez (PAN), secretario del Comité del CESOP, señaló que paralelamente al análisis legislativo de esta problemática, se requiere que los servidores públicos estén conscientes de la importancia y la trascendencia de su labor en el servicio público, “porque casos como el de Zhenli Ye Gon pasan todos los días, aunque éste sea el más sonado”.

Coincidió en la necesidad de una cultura, voluntad política y encontrar un esquema de fortalecimiento del servicio público, “donde el funcionario valore su responsabilidad”.

Se pronunció por rediseñar el marco de rendición de cuentas, porque actualmente se revisan los datos duros, los recursos económicos, pero es necesario analizar los resultados prácticos hacia la sociedad.

En su oportunidad, la diputada Silvia Oliva Fragoso (PRD) consideró que en México no existe la justicia pronta y expedita.“Falta desarrollar muchos elementos, tenemos problemas en todo lo que es Ministerio Público y jueces, porque además de lo tardado de los procesos, existe la corrupción”, enfatizó.

Advirtió que para abatir la corrupción, es indispensable fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Señaló que, aún cuando existen el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), la Secretaría de la Contraloría y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), falta perfeccionarlos para transparentar los recursos que se asignan a todos los funcionarios y a todas las instituciones.

Indicó que hay toda una serie de elementos que se deben de cambiar para tener una mejor justicia en el país, entre ellas, propuso modificaciones a la Ley de Amparo y entrar a un análisis profundo del proceso penal y el sistema penitenciario.

Apoyó la idea de implementar el sistema de juicios orales y promover un sistema acusatorio que permita el goce de las garantías que marca la ley.

Agregó que, paralelamente al fortalecimiento de los recursos económicos para que jueces y ministerios públicos tengan mejores condiciones, se requiere voluntad política, para que el Ministerio Público no dependa del Ejecutivo, “ése sería un avance muy importante”.

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