La Comisión Investigadora del Derecho de Trámite Aduanero acordó llevar a cabo reuniones de trabajo conel jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo y el administrador general de Aduanas, Juan José Bravo Moisés.

El presidente de este órgano legislativo, Pablo Trejo Pérez (PRD), indicó que por lo que respecta al titular del SAT, el acuerdo se hará llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, como instancia correspondiente, para convocar al funcionario para el próximo 5 de septiembre.

En tanto, añadió, la propuesta para citar al administrador de aduanas se presentará ante el pleno del órgano colegiado a fin de que sea ella la que designe, mediante votación, la fecha de la reunión.

Indicó que las reuniones tendrán como objetivo que ambos funcionarios informen sobre el pago del Derecho de Trámite Aduanero, la operación de los refrendos, los nombres de las empresas que se niegan a cumplir con la disposición; además de señalar en qué consiste el citado trámite y cómo opera actualmente.

Trejo Pérez destacó que de acuerdo con un análisis, el contrabando propicia que no se recauden alrededor de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, explicó, cerca de 200 mil millones de pesos anuales.

Estos recursos, añadió, serían una opción ante una reforma fiscal que pretende recaudar menos del 2 por ciento del PIB.

Consideró que en las aduanas persiste la corrupción, en donde ingresan toneladas de contrabando, entre éstas, armamento y municiones, drogas, textiles, calzado, electrodomésticos y demás productos sin el pago de impuestos.

Incluso, aseguró, el dinero de Zhenli Ye Gon ingresó por las aduanas y prueba de ello es que “las fajillas de dólares evidenciaban que provenían del Bank of America y que, evidentemente, no fueron encintados en México”.

El siguiente paso, concluyó, “es meternos en serio con las aduanas para evitar el contrabando y la corrupción, además de transformar las leyes para dar mayores facultades a la Secretaría de la Función Pública y sugerir que se implemente el uso de equipos de revisión más sofisticados”.

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