Federalizar los delitos contra periodistas pondría en el ámbito del interés nacional las agresiones contra los trabajadores de la información, declaró Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

En el contexto del foro ¿Por qué federalizar los delitos contra periodistas? añadió que hay ciertas materias que por su impacto social, cultural o político necesitan de una construcción jurídica propia.

Destacó que además de la desconfianza o la ineficacia de las instancias locales de procuración de justicia al perseguir estos delitos, la federalización es necesaria porque se trata de un tema de interés social.

Por su parte, Ernesto Villanueva Villanueva, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declaró su acuerdo con la federalización de los delitos contra los periodistas.

Informó que “el bien jurídico a proteger no es tanto la defensa del periodista, sino el derecho a la información, que es un derecho humano fundamental así como un derecho social.

“La información habilita a las personas para formarse criterios, de modo que puedan ejercer de mejor manera y cumplir obligaciones; por lo tanto, la ausencia de información vulnera la democracia porque hace que la participación ciudadana y el escrutinio público tengan apenas un cometido formal”, dijo.

Añadió que “el periodista juega un papel de importancia capital en la medida que es el vehículo de transmisión de ideas y hechos de interés público para informar a la comunidad. Al proteger al comunicador, la sociedad lo que hace es protegerse a sí misma”.

El investigador agregó que al federalizar los delitos contra periodistas se reduciría la impunidad; existiría, por lo menos en principio, cierta independencia del Ministerio Público Federal; tendría un mayor radio de acción sin las limitantes de competencia por territorio; además permitiría exigir cuentas a la PGR y se concentrarían los esfuerzos en el seguimiento de los casos.

Informó que para una probable legislación que incluyera la federalización de los delitos a periodistas, tendría que definirse quién es periodista desde el punto de vista jurídico; además se tendría que suponer que cualquier agravio a un comunicador sería considerado como un ataque a la libertad de expresión.

Agregó que los ministerios públicos deben tener suficientes conocimientos sobre libertades informativas, así como otorgar mayor estructura administrativa a las instituciones, siempre y cuando existan proyectos racionales con indicadores de desempeño, para evitar crear estructuras que no ofrezcan resultados.

En su participación, Luis Rául González Pérez, director general del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que los delitos catalogados como federales cuentan con mayor protección.

Declaró que “el grave problema en que se han convertido las agresiones a periodistas y su consecuente impunidad, en gran parte se debe a la crisis estructural de la procuración de justicia, es decir, no hay a nivel federal ni estatal una adecuadainvestigación ministerial que permita resolver estos casos”.

De igual manera, señaló que de consumarse la federalización de dichos delitos, “se tendría que otorgar la calidad de órgano constitucional autónomo al Ministerio Público, así como fortalecer los marcos jurídicos y administrativos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas”.

Por su parte, Eduardo Andrade Sánchez, vicepresidente de la Organización Editorial Mexicana, manifestó su desacuerdo con federalizar las infracciones contra periodistas.

“Debemos fortalecer a la Federación, se deben eficientar los instrumentos de las entidades federativas para que actúen a plenitud. El problema no es de competencia es de eficacia”, dijo.

Por su parte, el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, declaró que “no hay resultados satisfactorios ante la situación de violencia contra informadores en todo el país”.

Señaló que el órgano legislativo que preside se ha manifestado muchas veces en contra de los resultados que las autoridades federales, estatales y municipales tienen con respecto a la situación de agresiones a periodistas y medios de comunicación.

“En general, como país, no hemos podido contener esta creciente situación de agresiones y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación, con el consecuente atentado de no tener un derecho a la información consagrado, una libertad de prensa acosada y una libertad de expresión no resguardada”, concluyó.

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