La frontera sur de México se ha convertido en el tránsitode drogas, armas e indocumentados, quienes son víctimas de corrupción y de violaciones a sus derechos humanos, por lo que diputados del PRI, PAN y PRD se pronunciaron por una política estratégica de respeto a los migrantesque combatala delincuencia organizada.

El diputado Edmundo Ramírez Martínez (PRI), secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, expuso que anualmente cruzan por nuestro país 300 mil centroamericanos y se desconoce dónde se encuentran 50 mil salvadoreños indocumentados, que han sido buscados en su país de origen, México y Estados Unidos.

Indicó que en la Cámara deDiputados seaprobaron reformas a la Ley General de Población, y “esperamos que el Senado las ratifique, ya que estanormatividad es de las más severas del mundo, porque considera como delitos graves la internación y re-internación al país sin documentos y la ostentaciónde una calidad migratoria distinta a la otorgada”;las sanciones son desde multas, cárcel y hasta expulsión del territorionacional.

Agregó que la Ley General de Población, considerada como una de las más agresivas del mundo, no ha desalentado la migración, debido a que este fenómeno se debe principalmente a causas económicas y falta de oportunidades para los indocumentados en sus lugares de origen.

Agregó que lo anterior ha generado extorsión y violación a los derechos humanos de partede las instituciones policiacas que deberían garantizar seguridad y del Instituto Nacional de Migraciónen contra de los centroamericanos que cruzan por nuestro territorio.

Es necesario que en México haya una legislación de avanzada para asegurar un trato digno y humanitario a los inmigrantes, que sirva de ejemplo del trato que deberá darse a todos ellos en el mundo, destacó.

Refirió que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los extranjeros que se internan en el país sin contar con la documentación que acredite su estancia legal se enfrentan a situaciones de violencia, corrupción y transgresión a las garantías individuales en su trayecto hacia el norte del país.

El diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), manifestó que el año pasado, México gastó 150 millones de pesos sólo en repatriar inmigrantes, por lo que propuso que esa inversión sedestine a supervisión tecnológica para prevenir elproblema migratorio.

Refirió que en Chiapas fueron asegurados 90 mil 601 indocumentados en el año 2006, de los 182 mil 705 migrantes asegurados a nivel nacional, lo cual representa el 49 por ciento del aseguramiento nacional, sólo en esa entidad.

Dio a conocer que un grupo de diputados realizó una visita a la frontera sur de Tabasco y Chiapas donde platicaron con aproximadamente 120 inmigrantes, quienes denunciaron la violencia y los agravios a sus derechos humanos de los que son víctimas.

Aseguró que en la frontera sur del país hay tráfico de armas, drogas, comercio ilegal, trata de personas e indocumentados y es necesario analizar la forma para que haya un tránsito legal para los trabajadores temporales y evitar que sus garantías individuales sean violentadas.

El legislador explicó que autobuses de Puebla, Estado de México, Veracruz y Sinaloa, llegan a cargar mercancía ilegal a esa zona.

Alertó que esa situación fomenta la ola de delincuencia organizada que sufre el sureste, por lo quese requiere blindar el problema migratorio, pero con desarrollo yno con bardas.

Explicó que entre las violaciones más frecuentes a los derechos humanos de los migrantes son los asaltos, la violación a mujeres y niños, el engaño y la extorsión permanente de autoridades. Agregó que hay indocumentados cercenados de la pierna o brazo porque se cayeron del tren.

El diputado panista Gerardo Priego señaló que los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben trabajar coordinadamente en un sistema de supervisión y vigilancia de toda la frontera, que permita ubicar cuántos migrantes hay, a través de qué medios llegan y cómosepuede hacer ese paso lo más seguro posible para ese sector social.

Planteó que el Legislativo discuta a profundidad la cantidad de recursos que deben destinarse al sistema de migración para equipar al Gobierno Federal para el blindaje de esa frontera, asimismo, fortalecer la supervisión tecnológica que permita conocer por dónde pasan las armas, drogas y los caminos más comunes de los indocumentados e impedir que éstos sean presa del delito.

Consideró también que es necesarioactualizar las leyes en materia migratoria y lo relacionado con seguridad nacional, porque “la frontera sur es una bomba de tiempo que se debe desactivar”.

En la visita de diputados a la frontera sur para verificar la forma de operación del control migratorio, se reunieron con Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, quien anunció que se preparan programas de reforzamiento de vigilancia del sureste del país yse comprometió a atender las denuncias de corrupción.

Se destacó que las repatriaciones de indocumentados asegurados es compleja, ante la falta de acuerdos internacionales con algunos países, que no reconocen a sus connacionalesdetenidos en México, ello incide en que en algunos casos se promuevan amparos, situación que prolonga su estancia hasta en tanto la autoridad emita su determinación.

A su vez, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD),señaló que hay un grave descontrol en la frontera sur, por lo que en el asunto de los indocumentados se debe adoptar una política de respeto a sus derechos humanos y laborales, pero que sea dura contra la delincuencia organizada y quienes generan el tráfico de armas y drogas.

Externó que el Estado mexicano no ha podido hacer esa separación de problemas, porque una cosa son los trabajadores indocumentados centroamericanos que ingresan por nuestra frontera sur y otra, son la Mara Salvatrucha y lostraficantes de armas.

No obstante, dijo, de ninguna manera se debe militarizar la frontera sur y propuso, para atacar el problema de la delincuencia,trabajar conjuntamente con los gobiernos de Centroamérica y llegar a acuerdos.

Sobre las repatriaciones de indocumentados asegurados en México, comentó que no se debe ver en términos de pesos y centavos, “porque repatriar a un guatemalteco nocuesta nada, el problema es que debemos tener autoridad moral parano hacer lo mismo que en la frontera norte a los trabajadores mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos”.

Planteó definir una política estratégica en la frontera sur que permitala integración con Centroamérica y hacer realidad proyectos como el Plan Puebla-Panamá.

Estableció que urge una reforma migratoria que no criminalice a los indocumentados, porqueson trabajadores pobres que salen de su país en busca de mejores oportunidades.

Recordó que los diputados aprobaron una reforma a laLey General de Población, en el último periodo de sesiones, a fin de despenalizar la migración;sin embargo, planteó adaptar a la política mexicana todos los tratados internacionales quese refieren al tema,como la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que se suscribió en 1990 y que el Senado mexicano ratificó en 1999.