Para que los gobiernos federal, estatal y municipal refuercen el Operativo Tijuana, la Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen con punto de acuerdo, ello,dado que en 2006 uno de cada cuatro asesinatos cometidos en Baja California tuvieron vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

El documento señala que Tijuana es una de las ciudades más golpeadas por el crimen organizado, pues la inseguridad pública es una las mayores preocupaciones de la entidad, ya que la población vive presa del miedo.

Precisa que el incremento de la violencia se debe a una mayor organización de las bandas, las cuales buscan dominar sus espacios, creando un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población y descomposición de las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos.

Resalta que en el mes de enero el gobierno federal inició un operativo de seguridad en el que han intervenido las diversas corporaciones en todos sus niveles, a fin de combatir a la delincuencia organizada en el estado de Baja California.

El dictamen, menciona que además del narcotráfico y crimen organizado, el secuestro en Tijuana se realiza con todo cinismo a plena luz del día y en lugares frecuentados, lo que ha propiciado que muchos empresarios y personas amenazados decidan salir de la ciudad.

Porotra parte, se avaló exhortar a las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, para que fortalezcan las medidas de protección y prevención de delitos federales, en beneficio de las personas nacionales o extranjeras que transitan por el territorio nacional.

Ello, puesto que en las terminales de autobuses del país existe un grave fenómeno de extorsión, en donde personas se hacen pasar por policías de inmigración, identificando a grupos de sudamericanos que cruzan ilegalmente, los cuales son amedrentados, engañados y extorsionados por miles de pesos.

En reunión de trabajo, la Comisión también aprobó solicitarle a la Procuraduría General de la República, intensifique de inmediato y de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales las acciones para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que permea en Tabasco.

Lo anterior, debido a que el clima de inseguridad y violencia que vive el país es de tal magnitud que las instituciones encargadas de velar por la seguridad deben reforzar sus acciones, para evitar que los ciudadanos sean víctimas.

De igual forma, fue validado un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, informen de los alcances y eficacia de los retenes y puntos de revisión carreteros.

Así como los procedimientos establecidos por ambas dependencias que permitan el ejercicio pleno de las garantías individuales, el respeto de los derechos humanos y que impidan prácticas discriminatorias por parte del personal responsable de los retenes y puntos de revisión.

La Comisión de Seguridad Pública también aprobó pedirle al gobierno de Coahuila, a través de sus titulares de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública del Estado informen sobre el funcionamiento, alcance y límites que tendrá la policía cibernética en esa entidad.

Dado, que es necesario combatir y sancionar eficazmente todo delito relacionado con la pornografía infantil, el turismo sexual y toda forma de explotación, cometido por medio de la Internet.

Finalmente, avaló un dictamen por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad de que las empresas de seguridad privada sean reguladas única y exclusivamente por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y con base en el ordenamiento expedido por la Asamblea Legislativa del D.F.

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