La Cámara de Diputados analiza la viabilidad de crear la Leyde Derechos de las Víctimas del Delito y de Acceso Efectivo a la Justicia para proteger y atender oportunamente a las personas afectadas poralguna conducta ilícita.

Esta propuesta la hizo el diputado Mario Enrique Del Toro (PRD) en el Pleno de la Cámara de Diputados y las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia estudian sus alcances para dictaminarla.

El legislador planteó que con este marco jurídico las medidas de protección a los afectados del delito las brinde la Procuraduría General de la República e implemente programas, lineamientos y procedimientos administrativos para ese fin.

Asimismo, que el Ejecutivo Federal procure la prestación de los servicios de atención y protección a las víctimas del delito, a través de la intervención directa de la Secretaría de Salud y el DIF.

Mientras que los jueces, magistrados, ministerios públicos, autoridades y funcionarios que intervengan en la investigación de hechos que se configuren como delitos, así como en el proceso penal, informen a las víctimas sobre los mecanismos para solicitar ayuda.

El diputado del PRD se pronunció porque lasvíctimas y ofendidos por la comisión de un delitosean informados directa y oportunamente de los derechosque en su favor establezca la Constitución y demás ordenamientos aplicables en materia penal, así como de las consecuencias legales de sus actuaciones.

De acuerdo a la Ley propuesta, el Ministerio Público y sus auxiliares deberán prestar los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficacia y con la máxima diligencia a fin de procurar la justicia.

Otro de los derechos de las víctimas que se prevé en dicha legislación es que los servidores públicos den trato con respeto y se abstengan de cualquier acto u omisión que cause abuso o suspensión dentro de procedimiento penal.

Se busca que los afectados tengan justicia pronta, gratuita e imparcial en relación a sus denuncias o querellas, practicando todas las diligencias necesarias para integrar la averiguación previa y el conocimiento de la verdad, indicó el diputado.

Destacó que se pretende que reciban las víctimas asesoría jurídica profesional, gratuita, desde el inicio de la averiguación previa para la defensas de sus intereses hasta la finalización del procedimiento penal y, si es necesario, ser auxiliados por traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o bien cuando padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar.

Expresóque las víctimas tendrán derecho a la atención médica y psicológica de urgencia y protección física en los casos requeridos.

Señaló que a los afectados del delito se les garantizará la reparación del daño material e indemnización por los perjuicios ocasionados: vehículos, bienes y valores de su propiedad.

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