El Pleno camaral conoció dos dictámenes de primera lectura; uno de la Comisión de Reforma Agraria con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a fin de que el cónyuge, la concubina o el concubino y los hijos del enajenante gocen del derecho del tanto en la venta de derechos parcelarios.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, establece que es necesario reconocer tales derechos de aquellos sujetos con quienes el ejidatario tenga alguna obligación económica; por ello, se incluye a la concubina o concubino en el marco jurídico agrario.

El decreto busca otorgar a la concubina o concubino certidumbre legal, debido a que actualmente dicha figura no se contempla en la Ley Agraria, por lo que cuando el ejidatario vende sus derechos parcelarios a un sujeto distinto de aquellos con quien tiene un lazo familiar, se lesiona un derecho, al no respetarse ni reconocer el vínculo que ocupa el concubinato.

El segundo dictamen, de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación a fin de impulsar el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones.

Por lo anterior, se considera importante que se defina en el marco legal vigente la necesidad de promover, a través de la educación, la formación de niñas, niños y jóvenes hacia una cultura por la paz y la no violencia, lo cual orientará la revisión de los planes y programas de estudio para asegurar que las escuelas fomenten el respeto a los derechos humanos.

Dictámenes a discusión

El Pleno aprobó cinco puntos de acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública; en el primero se solicita al gobernador del estado de Coahuila que, mediante el procurador general de Justicia y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, informe sobre el funcionamiento, el alcance y los límites que tendrá la policía cibernética de la entidad, así como de la fecha en que dicha corporación iniciará operaciones.

De la misma manera, se avaló un exhorto al Ejecutivo Federal para que los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad Pública, así como el procurador General de la República y al gobernador de Baja California, evalúen las acciones y los resultados de la estrategia conjunta Operación Tijuana.

También fue aprobada una solicitud para la Secretaría de Gobernación, a fin de que la comisionada del Instituto Nacional de Migración, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fortalezcan las medidas de protección contra delitos federales y prevención de éstos, en beneficio de las personas, nacionales o extranjeras, que transitan por el territorio nacional.

En otro de los dictámenes aprobados, se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los alcances y la eficacia de los retenes y puntos de revisión instalados en las carreteras del país.

Fue avalado también un punto de acuerdo relativo al clima de violencia en el estado de Tabasco debido a la delincuencia organizada y actividades de narcotráfico, por lo que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a revisar y fortalecer las acciones para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en las entidades de la República, en coordinación con las autoridades estatales, en el marco de los Programas Regionales de Procuración de Justicia.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social se aprobaron dos dictámenes con punto de acuerdo. En el primero se exhorta al gobernador del estado de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. En el segundo dictamen se avaló exhortar a la empresa en liquidación Ferrocarriles Nacionales de México, a pagar a sus ex trabajadores pensionados y jubilados.

Por último, se avaló un dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se exhorta al Ejecutivo Federalimplantar mediante las dependencias y las entidades correspondientes un programa para detectar los casos en que se niega a los pescadores mexicanos el servicio médico mientras se encuentran en sus labores.

Se aprobó un punto de acuerdo para la ejecución inmediata del Programa de Atención a la Zona de Desastre del Municipio de Pahuatlán, Puebla, declarada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 2007.

A laComisión de Hacienda y Crédito se turnó una iniciativa remitida por la Cámara de Senadores que reforma la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Salomón Jara Cruz (PRD), con el propósito de reconocer las formas de trabajo comunitario en el desarrollo de infraestructura, como criterio en la asignación del Fondo de Fomento Municipal.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se turnaron cinco oficios del Senado de la República,para dar a conocer acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos 2008. En ellos se exhorta a la Cámara de Diputados a que apruebe recursos para la reconstrucción de la infraestructura física y de comunicaciones, la reparación y construcción de vivienda y la rehabilitación de la actividad agrícola y ganadera, afectada por los fenómenos meteorológicos en el estado de Tabasco.

Asimismo se solicita se aumenten los recursos asignados al Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) y al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que tienen el mandato de acudir en auxilio de los afectados por los desastres naturales y, por tanto, de apoyar concretamente la reconstrucción de Tabasco, incluyendo su sector rural, lo mismo que los municipios afectados del estado de Chiapas.

Por otra parte, considerar recursos adicionales para el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, etiquetados para infraestructura hidráulica complementaria de la cuenca hidrológica del Río Grijalva; un incremento de la partida destinada al mantenimiento y ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo; y recursos federales para el proyecto turístico denominado Isla Huivulai, en el municipio de Benito Juárez, Sonora.

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