La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD), se reunió con la dirigencia de Jubilados y Pensionados de Banrural, con el propósito de informarles de lacreación de un Grupo de Trabajo Plural encargado de investigar las presuntas irregularidades cometidas por el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.

Durante la reunión, la legisladora dijo que el acuerdo fue a consenso de las ocho fracciones que integran la Cámara Baja, dado que son conocidas sus demandas, pero ante todo, la violación que sufren a sus derechos.

Jiménez Valenzuela se comprometió a que en la próxima semana se pueda llevar a cabo una reunión con representantes de los diferentes grupos y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar seguimiento a las demandas.

El diputado Ramón Almonte Borja (PRD) advirtió que no se ha instalado el Grupo de Trabajo Plural, que aprobó el Pleno el pasado 16 de octubre, el cual investigará las irregularidades del Fideicomiso e intervendrá, ante las autoridades responsables, a fin de garantizar el respeto de los derechos laborales de los jubilados y pensionados del Banrural.

Además, dijo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación será la que instruya al órgano técnico de fiscalización para llevar a cabo las inspecciones necesarias para determinar la existencia de actos de violación a las disposiciones legales que norman la actuación del Fideicomiso.

En tanto, la diputada Susana Monreal Ávila (PRD) propuso una reunión de la Comisión Plural con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto que dicha dependencia explique la situación del Fideicomiso.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Jubilados de la Banca Rural, José Ángel Izaguirre Garza, manifestó que los derechos laborales han sido violados y se han dejado de reconocer prestaciones vitalicias a partir del 30 de junio de 2003, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Expresó que existen siete mil 500 jubilados a nivel nacional, quienes padecen juicios laborales estancados, presunta corrupción por parte de algunas autoridades, mal manejo de fondosequivalentes a cuatro mil 34 millones de pesos.

A nombre de la Asociación pidió a los diputados su urgente intervención, a fin de llevar acabo una auditoría sobre las irregularidades, conforme lo que establece la Ley Orgánica de la Financiera, publicada en Diario Oficial de la Federación, el 26 de diciembre del 2002.

Rafael Herrera Nájera, Presidente la Comisión Política y de Gestión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Jubilados, demandó que los derechos humanos han sido violentados y violados por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Expresó que del total de jubilados, el 65 por ciento, tiene más de 65 años, lo que los deja en suma vulnerabilidad, en lo que se refiere a sus derechos, además de que su edad está provocando que fallezcan los beneficiaros.

A la reunión asistieron los diputados Daniel Torres García y César Flores Maldonado, ambos del PRD; así como integrantes de la Asociación Nacional de Jubilados de la Banca Rural, Jerónimo Justillos, Jorge Madero y Francisco Canseco de la Fuente.

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