La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, informó que podría presentarse nuevamente ante el pleno el dictamen que reforma la Ley General de Educación, a fin de imponer sanciones a los prestadores del servicio educativo que administren medicamentos con sustancias psicotrópicas o estupefacientes a educandos con síntomas de hiperactividad o déficit de atención.

Lo anterior lo dijo durante una reunión de la Mesa Directiva con integrantes del “Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos” (CCDDH), quien le solicitó agilizar el trámite legislativo de ese dictamen por considerar que abona a su lucha: abatir las prácticas dañinas en el campo de la salud mental y de la psiquiatría.

Zavaleta Salgado explicó que los integrantes de la Mesa Directiva están pendientes del tema. Asimismo, informó que las reformas fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados el 20 de septiembre yturnadas al Senado, mismo que devolvió la minuta por un error de redacción.

Según el procedimiento legislativo, dijo, la semana pasada se turnó el documento a la Comisión de Educación. El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), presidente de este órgano legislativo, tendrá que presentar de nueva cuenta ante el Pleno la propuesta con las modificaciones hechas por el Senado, “situación que podría darse la siguiente semana”, agregó.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez Jiménez (PRD), vicepresidente de la Mesa Directiva, recalcó que, además de estas reformas, es necesario regular la venta de medicamentos que se usan en el tratamiento de niños hiperactivos, “incluso sacarlos del mercado”, si causan graves daños en la salud de los infantes.

Xavier López Adame, diputado del PVEM y secretario de la Mesa Directiva, estuvo de acuerdo en que hay que legislar para poner orden en la venta de los medicamentos y vigilar el desempleo de las autoridades encargadas de su distribución

En su oportunidad, Rossana Fernández, Directora Ejecutiva del CCDDH, argumentó que hay un grave problema en las escuelas públicas ya que algunos maestros condicionan la estancia de niños con dificultades pedagógicas y los tratan como si tuvieran una enfermedad mental.

Lo anterior, expresó, se debe a la poca información que tienen padres de familia y maestros, aunado a que los psiquiatras y la industria farmacéutica lo ven como un negocio; situación que provoca efectos secundarios en la salud de los infantes y, en ocasiones, que se vuelvan adictos a otras sustancias, aseveró.

Más adelante, la pediatra María de la Luz Muñoz, resaltó que uno de los medicamentos comúnmente utilizados, Ritalín (nombre común del Metilfenidato), provoca una estimulación al sistema nervioso central que causa severos daños en la salud de los infantes, “incluso se podría comparar con los efectos de una anfetamina”.

Por último, la psicóloga María Eugenia Jordán Cervantes cuestionó a los legisladores de por qué la ley permite el suministrito de medicamentos controlados a niños menores de cuatro años cuando a la larga afectan su salud y les causan dependencias.

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