La Comisión de la Reforma Agraria aprobó, en lo general, el dictamen a la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley en la materia, a fin de garantizar derechos indígenas que permitan disminuir las desigualdades que separan a estos grupos sociales de las condiciones y oportunidades vigentes para núcleos rurales y campesinos.

El dictamen menciona que las condiciones de exclusión, marginación y discriminación hacia los pueblos y las comunidades indígenas han provocado carencia de oportunidades para su desarrollo y la imposibilidad de tener acceso a la jurisdicción del Estado y a las instituciones públicas en igualdad de condiciones de los demás grupos sociales.

En este sentido, plantea que el Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales promoverá políticas y programas que permitan a este sector de la población conservar y preservar la integridad de sus tierras; acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y a la jurisdicción del Estado.

Asimismo propone como atribución de la Procuraduría Agraria “procurar y gestionar ante las instancias correspondientes para que a las personas o grupos indígenas que no hablen español sean asistidos por traductores, intérpretes y defensores que tenganconocimiento de su lengua y cultura, cuando así lo soliciten”.

Propone que en losjuicios en que se involucren tierras de grupos indígenas, los tribunales agrarios deberán emitir sentencias de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades involucradas; además de garantizar que los indígenas sean asistidos por traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

La reforma se fundamenta en el Artículo segundo constitucional, el cual señala que la Federación, los estados y los municipios determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Establece que las tierras que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos que de los Artículos 2 y 27 constitucionales.

Aprobado el dictamen en lo general, la Comisión de la Reforma Agraria, que preside el diputado Ramón Ceja Romero (PAN), espera las observaciones de sus integrantes, en lo particular, para remitirlo al Pleno de la Cámara de Diputados.

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