La secretaria ejecutiva del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) María Teresa Fernández Labardini, reiteró ante diputados de la Comisión que investiga a la empresa Construcciones Prácticas, que la adjudicación de inmuebles por parte de ésta estuvo apegada a las disposiciones aplicables y a la transparencia.

Ante el cuestionamiento de los legisladores respecto a los criterios utilizados para determinar el valor de recuperación de carteras crediticias y los bienes inmuebles subastados, la funcionaria destacó que el instituto se apegó a lo señalado en los artículos 61, 63 y 64 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que plantean el apoyo en terceros especializados.

En este sentido, dijo, fue la empresa Fénix Administración de Activos, S. de R. L. de C.V. el tercero especializado y agente colocador.

Destacó que Construcciones Prácticas compitió con otros postores y resultó ganadora de los bienes subastados, entre éstos, 27 créditos cuyo monto pagado fue de 8 millones 100 mil pesos; un predio e inmueble denominado “Los Pirules” por un total de 4 millones 345 mil 621 pesos y 275 departamentos en el estado de Puebla, por 20 millones 933 mil pesos.

Insistió que el IPAB constató que las empresas participantes cumplieran con los requisitos legales para presentar posturas y añadió que el precio pagado por los bienes subastados fue por arriba del valor de referencia, de acuerdo al avalúo realizado.

No obstante, los diputados Humberto Zazueta Aguilar, Claudia Cruz y Antonio Ortega, del PRD, señalaron que hubo complicidad por parte de autoridades del IPAB, toda vez que se filtró información privilegiada a Construcciones Prácticas y no hubo la precaución de indagar la procedencia de los recursos.

La diputada Claudia Cruz hizo hincapié en que en las licitaciones participaron “sólo una cuantas empresas y siempre las mismas, y todo hace suponer que ya había un arreglo previo para que Construcciones Prácticas obtuviera la subasta”.

El presidente de la Comisión investigadora, Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), solicitó a su vez el informe que Fénix presentó al IPAB, relacionado con los procesos de subasta, además de requerir información sobre cuántas veces ha intervenido dicha empresa en el instituto como agente colocador.

Destacó que esta solicitud se ha hecho varias veces sin que exista respuesta por parte del Instituto. “Para nosotros, como comisión investigadora, es un documento base para determinar, no las culpabilidades, sino responsabilidades”.

Dijo que la Comisión que preside está enterada de que el IPAB tiene una demanda presentada en contra de Fénix Administradora, lo cual es importante saber el motivo. “¿Vendrá en ella alguna información que pueda aclarar muchas de las dudas que aquí se han presentado? Seguramente, por lo que le solicitamos una copia”.

Sobre todo, dijo, porque en un rastreo por Internet, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aparecía como asesor de la empresa J. P. Roberts, que es dueña de Fénix Administradora, lo que supone un conflicto de intereses.

Se refirió también al cheque girado por Jorge Bribiesca Sahagún y que sirvió de apoyo a una subasta en la que participó Construcciones Prácticas.

Se señala, dijo ante la secretaria ejecutiva del IPAB, que esto ya quedó como cosa juzgada, pero no es así, ya que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a través de la Unidad de Evaluación y Control, retomó el tema e inició la investigación.

Lo anterior, abundó, porque el auditor Arturo González de Aragón envió a la Procuraduría General de la República una observación respecto a la situación que guarda dicho cheque.

“Es decir, para la Auditoría Superior de la Federación tampoco ha concluido este asunto y el auditor sí encuentra algunas responsabilidades en el gobierno del ex Presidente Vicente Fox”, enfatizó Cárdenas Márquez.

Señaló que la postura del IPAB es defender los intereses que tienen encomendados, y a pesar de ello, existen aún “muchos hilos sueltos que vamos a amarrar para presentar un caso con pruebas y con contundencia”.

En tanto, los diputados Daniel Ludlow Kuri y Cruz Pérez Cuéllar (PAN), se pronunciaron por llevar a cabo una investigación seria ya que, coincidieron, a la fecha no se ha encontrado nada contundente.

Ludlow Kuri dijo que a pesar de las múltiples auditorías que se han practicado, así como la infinidad de comparecencias de funcionarios, los resultados han sido siempre los mismos.

“A veces nos empecinamos en querer buscar algo que a lo mejor no está ahí y tratamos de sacarlo a como dé lugar. La obligación de esta comisión es basarnos en pruebas legales, en mecanismos y verificar si se cumplió o no con lo que establece la normatividad”.

Finalmente, María Teresa Fernández concluyó que el IPAB no tiene ningún informe de Fénix, porque la ley no lo solicita, así como tampoco tiene la obligación de indagar la procedencia de recursos para las subastas.

Afirmó, en torno a la solicitud de la copia de la demanda presentada por ese instituto en contra de Fénix, que la normatividad vigente prohíbe entregar ese tipo de información, sin embargo, adelantó que dicha demanda es por cuestiones mercantiles, y nada tiene que ver con el tema de la investigación.

-- ooOoo --