En elmarco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, diputadas de diferentes fracciones parlamentarias coincidieron en la necesidad de impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos, incidir en el ámbito educativo, implantar acciones de prevención y fomentar una conciencia ciudadana sobre este lacerante problema.

La diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que las cifras del maltrato van en aumento y la situación se está agravando, por lo que independientemente de políticas públicas, se requiere una sociedad más sensibilizada, en la que medios de comunicación, sociedad y gobierno, asuman el compromiso de evitar la violencia desde el núcleo familiar.

Subrayó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye un logro muy importante de la Cámara de Diputados, en la lucha por erradicar este fenómeno, sin embargo, dijo que los estados deben contar también con las leyes en la materia.

En su oportunidad, la diputada Sofía Castro Romero (PAN), presidenta de la Comisión para conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios, pidió crear conciencia sobre este problema e incidir en la educación para influir en un cambio cultural que permita, a mediano y largo plazo, erradicar la violencia.

Aseguró que este esfuerzo requiere la colaboración de todas las instituciones de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las familias.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que el 25 de noviembre,más que un festejo o actividad de recordatorio, constituye una oportunidad para concienciar a la sociedad sobre uno de los asuntos más sentidos.

Advirtió que la principal manifestación de la violencia se da en el ámbito familiar, lo cual limita a mujeres y niñas en la escuela, el trabajo, espacios comunitarios y en la calle.

En su intervención, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se refirió a los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, y dijo que éste es un problema de Estado, en el que deben intervenir todos los poderes, los tres niveles de gobierno y la sociedad.

Informó que existen 300 recomendaciones, en materia de feminicidios, dirigidas al Estado Mexicano y a todas sus instancias. “hay un saldo pendiente con las mujeres, pues en todo el territorio nacional existen condiciones inadmisibles de violencia”, sostuvo.

Señaló que es indispensable un andamiaje jurídico adecuado para enfrentar este fenómeno.

En este sentido, urgió a revisar la legislación penal mexicana “que, en la mayoría de los estados, denigra a las mujeres, está plagada de visiones machistas y misóginas del derecho y constituyenincentivos para seguir agraviando”, pues persisten figuras delictivas, como el homicidio por honor, el estupro o el rapto, cuyas penalidades no rebasan los seis años de prisión.

En el caso del homicidio por honor, hay códigos que establecen penas de tres días a tres años de prisión al que mate a su cónyuge o concubina si la sorprende en un acto carnal o próximo a consumarse.

Por lo que hace al rapto, algunos establecen prisión de seis meses a seis años al que sustraiga, retenga o se apodere de una mujer por medio de la violencia física o moral, para satisfacer un deseo erótico sexual o para casarse con ella. “La barbaridad de este delito, es que se extingue la acción penal si el raptor se casa con la víctima”, subrayó.

Porlo que hace al estupro, “perla vergonzosa de la legislación penal mexicana que urge desaparecer”, se castiga con penas de un mes a seis años de prisión a aquel que realiza cópula con una mujer de 12 años y menor de 18 “con consentimiento”, por medio de la seducción o el engaño; tiene que ser casta, honesta, sin experiencia sexual, que viva honestamente y, al igual que el anterior, este delito se extingue con el matrimonio.

En su oportunidad Walter Arellano Hobelsberger, magistrado del quinto tribunal colegiado en materia civil, reconoció que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, constituye una respuesta adecuada del estado mexicano a un reclamo legítimo que durante muchas décadas ha sido postergado.

“Es un excelente producto legislativo, de entera actualidad y vanguardia, que encamina serios esfuerzos para sumir, a nivel nacional y desde distintas vertientes, esta lacerante problemática”, enfatizó.

Más adelante, Verónica Chong, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó un informe de las acciones y las recomendaciones que ha emitido este organismo en torno a los casos de homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Señaló que este fenómeno de violencia hacia las mujeres no se ha erradicado en Ciudad Juárez sino que, por el contrario, continúa su escala ascendente, pues a julio de 2007 el número de víctimas en ese municipio, ascendió a 342. Entre 1993 y noviembre de 2003, los casos sumaron 263, mientras que de enero de 2004 a julio de este año el número de homicidios fue de 79.

Dijo que en 69 de los últimos 79 asesinatos, se pudo identificar a la víctima y se estableció que 18 fueron cometidos en 2004; 30 en 2005; 15 en 2006 y seis a este año. En 10 casos no se pudo determinar la identidad. De estos, un caso corresponde a 2004, dos, a 2005; cuatro a 206 y tres a 2007.

Desde que tuvo conocimiento de los casos, la CNDH emitió una Recomendación 44/98; un Informe Preeliminar del 7 de abril de 2003; un Informe Especial del 25 de noviembre de 2003; el Informe de Seguimiento de noviembre de 2004 y el Informe de Evaluación Integral del 23 de agosto de 2005.

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