A fin de incorporar la participación ciudadana en la supervisión de los procesos de licitación de obras públicas y servicios convocados por el Gobierno Federal, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) presentó reformas a las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Durante la sesión de hoy, dijo que la transparencia en los procesos de licitación y adjudicación directa debe contar con candados suficientes para evitar que funcionarios y empresas corruptos accedan a contratos millonarios que derivan en daño patrimonial al Estado.

Reconoció que las conductas contrarias a la ley se presentan en casi todos los niveles de gobierno y en el caso de las licitaciones de obras, el manejo discrecional de asignación de contratos es campo fértil para acciones corruptas.

Añadió que, de acuerdo con el Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México en total 60 mil millones de dólares anuales, o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Velasco Oliva agregó que México se encuentra entre los países con mayores niveles de corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción, contenido en el informe de Transparencia Internacional 2007, donde en una escala de cero a 10, alcanzó 3.5 puntos, colocándose por debajo de los indicadores de Colombia, Costa Rica, Cuba y El Salvador.

Servicio Exterior Mexicano

En su oportunidad, el diputado Jesús Sesma Suárez (PVEM) presentó una iniciativa de reformas a los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de dar prioridad para ascender al siguiente escalafón a los ministros del Servicio Exterior Mexicano que hubieren probado tener el conocimiento y la experiencia necesaria para fungir como jefes de misión.

“El país requiere diplomáticos de convicciones, no políticos en desgracia que buscan una salida triunfante a su situación”, enfatizó, por ello, propuso impulsar una cultura diplomática, que reconozca la importancia de contar con verdaderos profesionales en la materia. Se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Autogeneración de energía eléctrica en municipios

Enseguida, el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez (PAN) planteó reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de especificar que la generación para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción realizada por personas físicas o morales no sea considerada servicio público, con lo cual los municipios podrían reducir sus costos por adquisición de electricidad.

Explicó que si los municipios se apegan a este esquema, se modificarán sus estructuras presupuestales y reducirán sus costos operativos de manera importante, lo cual les ayudará a resolver problemas como el manejo de desechos sólidos y el uso de infraestructura y equipos obsoletos. Se remitió a la Comisión de Energía

Seguridad en caminos y puentes federales

Con la finalidad de establecer un marco legal que prevenga los riesgos para la seguridad vial en los caminos y puentes del país, así como disminuir los accidentes provocados por velocidad excesiva y conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, el diputado Octavio Vargas Landeros (PRI) propuso una iniciativa que se remitió a las Comisiones Unidas de Transportes y de Justicia.

La propuesta pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y del Código Penal Federal, para que al otorgar o renovar licencias de autotransporte, la SCT se cerciore de que el solicitante esté capacitado para conducir camiones de pasajeros o de carga.

Plantea equiparar con el delito de desobediencia de particulares, para castigar con pena de seis meses a dos años de prisión y de diez a 200 días multa, la conducta consistente en conducir vehículos de autotransporte federal, cuando la licencia respectiva haya sido suspendida o cancelada por la autoridad competente.

Enajenación de bienes

A fin de que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesospenales federales sean entregados en partes diferenciadas a programas educativos, de salud, vivienda y desarrollo municipal, el diputado Alberto Amaro Corona (PRD) presentó ante el Pleno Camaral una iniciativa con proyecto de decreto.

La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia y Hacienda, reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Plantea que los recursos que se destinen a los programas sociales deberán beneficiar esencialmente a los municipios con mayor grado de marginación.

Parcelas escolares

El diputado Javier Estrada González (PVEM) presentó una iniciativa que reforma los artículos 59 y 70 de la ley agraria para otorgar certeza jurídica a las parcelas escolares y activarlas en el proceso educativo. Se remitió a la Comisión de la Reforma Agraria.

Tribunal Federal de Justicia Fiscal

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa del diputado Benjamín González Roaro (PAN) que reforma el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de clarificar la competencia de este órgano jurisdiccional en materia disciplinaria.

La propuesta plantea que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

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