La Cámara de Diputados aprobó con 328 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones, el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 2008 como el “Año de la Educación Física y el Deporte”.

Plantea que a partir de la entrada en vigor de este decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener, al rubro, ó, al calce, la leyenda: “2008, Año de la Educación Física y el Deporte”.

El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación, señala que esta declaración será una conmemoración justa de diversos acontecimientos importantes en la historia de la educación físicay el deporte mexicanos, pues en 2008 se celebra, entre otras cosas, el 165 aniversario de esta materia en la instrucción pública nacional y el 40 aniversario de los Juegos Olímpicos, México 68.

Se estima que este decreto servirá como antecedente a la celebración de los 100 años de la Revolución Mexicana, fecha tradicional de fomento al deporte, que además es enaltecido con la entrega del Premio Nacional de Deportes.

Actualizan multas de tribunales federales

En la misma sesión se avaló con 356 votos y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 55, fracción II; 59, fracción I; 153 y 343, tercer párrafo, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de actualizar el monto de la multa que, como medio de apremio, pueden imponer los tribunales federales con el fin de que éstos puedan hacer cumplir sus determinaciones.

De acuerdo con el texto vigente, el monto de la multa es de mil pesos, “cantidad que se entiende es en viejos pesos”.

Es decir, añade el documento, dicha multa es de un peso, puesto que este dispositivo nunca tuvo una modificación a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero de 1943.

Además, es el valor que tenía el peso mexicano antes de la entrada en vigor del decreto por el que se crea una nueva Ley Monetaria, publicada en el DOF el 22 de junio de 1992.

El dictamen establece que la sanción máxima será por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y concluye que si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, al igualque los trabajadores no asalariados.

Despenalizan delitos de imprenta

Asimismo, el Pleno camaral aprobó por 334 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen de la Comisión de Gobernaciónque deroga los artículos 1º y 31 de la Ley sobre Delitos de imprenta, los cuales comprenden las sanciones punitivas por ataques a la vida personal y privada.

El dictamen destaca la importancia de tutelar el derecho a la libre expresión y el derecho a la privacidad, lo que es acorde con las garantías plasmadas en la Constitución Política y en las reformas legales que eliminaron los delitos de difamación y calumnias del Código Penal Federal, así como las modificaciones al Código Civil Federal para que cualquier infracción contra el honor o reputación sea dirimido por la vía civil.

Ley General de la Infraestructura Física Educativa

En la misma sesión los diputados aprobaron con 358 a favor y una abstención, el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, cuyo propósito es el de regular los inmuebles de las instituciones educativas, en coordinación con autoridades locales, y avalado por el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

El presidente de este órgano legislativo, Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), publicó que México se encuentra muy por debajo del promedio mundial, incluso de naciones latinoamericanas; “esta ley servirá para cumplir con los requisitos de seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, que se requieren”.

El legislador agregó que un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sobre la infraestructura educativa de las escuelas primarias y secundarias, destaca la necesidad de una urgente valoración de los inmuebles.

Los diputados Sergio Sandoval Paredes (PRI) y Juan de Dios Castro Muñoz (PAN) coincidieron al señalar que se deben emitir disposiciones normativas para los diferentes niveles educativos y las distintas regiones del país, ya que no son iguales los requerimientos de preescolar que de primaria o secundaria.

Se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso E) del artículo 72 constitucional.

Exhorto al titular de la Comisión Nacional de Salarios mínimos

En otro punto del orden del día, se exhortó al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a ponderar la posibilidad de trasladar los municipios del estado de Quintana Roo que se encuentran ubicados en el área geográfica “C”, para que formen parte del área geográfica “A”, con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores que prestan sus servicios dentro de los mismos.

Para hablar a favor, el diputado Carlos René Sánchez Gil (PAN), señaló que 80 por ciento de la población en Quintana Roo trabaja en áreas turísticas y zonas comerciales de la entidad, lo cual genera una gran desventaja en cuanto a la calidad de vida que tienen debido al bajo salario.

A su vez, el diputado Patricio Flores Sandoval (PRI), propuso eliminar la división salarial de las tres zonas geográficas.

El diputado José Antonio Almazán González (PRD), indicó que en los principales centros turísticos del país los bienes y servicios adquieren un precio mayor, en términos generales, al de otras regiones, lo cual se acompaña de un bajo nivel salarial y se traduce en un desequilibrio social y económico. De ahí que llamó a sus homólogos a votar a favor del dictamen, para evitar desventajas.

Dictámenes en primera lectura

En primera lectura se conoció el dictamen de la Comisión de Justicia para adicionar un artículo 20 BISde la Ley Federal de la Defensoría Pública, cuyo objetivo es garantizar a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la defensa penal a través el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena de que sean hablantes.

Plantea, además, que el Instituto Nacional de Defensoría Pública actúe en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

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