El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 351 votos a favor, 86 en contra y 4 abstenciones, el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y deroga, en consecuencia, el hasta ahora vigente.

A su vez, establece el recuento de votos en la totalidad de las casillas cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y exista, al inicio, petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos.

"Para estos efectos se considerará inicio suficiente la presentación ante el Consejo Distrittal, de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla en todo el distrito", señala el texto avalado en su artículo 295.

La nueva legislación aplica reformas al Instituto Federal Electoral (IFE) en su artículo 41 constitucional, con lo que el Cofipe retoma y desarrolla las reglas aplicables a los plazos de mandato de los consejeros electorales y del consejero presidente, a fin de hacer posible su renovación escalonada.

Destaca los requisitos exigibles a dichos funcionarios y se eliminan aquellos otros violatorios de derechos ciudadanos.

El dictamen avalado asegura la imparcialidad de los ciudadanos que ocupen los más altos cargos de dirección en el IFE y se da un paso adicional en la superación de normas restrictivas de derechos que solamente se explicaban como producto de la desconfianza.

Al mismo tiempo, menciona, el Cofipe es puesto en consonancia con diversas tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral y con los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

El documento agrega que las facultades del Consejo General se ven ampliadas en materias como radio y TV, fiscalización de las finanzas de los partidos y otras derivadas en forma directa de la nueva normatividad constitucional.

“Las comisiones permanentes de consejeros electorales son reguladas a fin de poner un alto a las negativas tendencias observadas en el IFE: la invasión de competencias de las áreas ejecutivas por los consejeros electorales y la proliferación de comisiones permanentes que hacen nugatoria la calidad del Consejo General como máximo órgano de dirección de los procesos electorales”.

El nuevo ordenamiento plantea que las comisiones permanentes y temporales se integrarán por un máximo de tres consejeros; la presidencia de las primeras será rotativa entre sus integrantes en forma anual, y cada tres años, pasado el proceso electoral, deberán renovarse a fin de posibilitar la rotación y aprendizaje de todos los consejeros electorales en las distintas áreas de responsabilidad que competen al instituto.

Asimismo, se precisan y adecuan las facultades de la Junta General Ejecutiva y de las direcciones ejecutivas que la integran.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación, el presidente de la misma, el diputado Diódoro Carrasco Altamirano (PAN),destacó que el nuevo Cofipe conserva la estructura puesta en vigor desde 1990, consistente en libros, capítulos, títulos, artículos, párrafos, incisos y fracciones.

Indicó que éste es un paso más en el proceso de reforma electoral que el Congreso de la Unión emprendió hace varios meses. “Después de más de 17 años del primer Cofipe, el dictamen propone la expedición de un código que retoma la estructura y preserva los avances alcanzados en más de tres lustros.

Dijo que el dictamen cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios que conforman el voto popular y representa la mayoría calificada de los diputados y senadores de la actual legislatura. “Los derechos de las minorías han sido puntual y escrupulosamente respetados”.

El dictamen, afirmó, contiene el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos, los sistemas electorales (integración de las Cámaras del Congreso de la Unión), la creación, registro, derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos; las normas que regulan la existencia y funcionamiento del IFE, así como la operación del Registro Federal de Electores, la credencial para votar, los listados nominales de electores.

El documento establece también las normas que regulan la organización y desarrollo de los procesos electorales, y el voto de los mexicanos en el extranjero, que es el único libro de los hasta hoy vigentes que permanece prácticamente sin cambios.

En el nuevo Libro Séptimo, destaca, se establecen con precisión los sujetos y conductas, así como las sanciones administrativas aplicables por violación a las disposiciones del Código, sobre todo, en materia de radio y TV, para lo cual, señala, se aprovecha la experiencia derivada del proceso electoral federal de 2006.

Plantea las facultades y atribuciones de la Contraloría General, antes contraloría interna del IFE, las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia tratándose de los altos funcionarios del instituto. El nuevo Cofipe contiene 394 artículos, mientras que el vigente 300.

Los nuevos temas del COFIPE

En materia de radio y televisión se propone un capítulo dentro del Libro Segundo en el que se regula de manera integral el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos, a partir de las nuevas disposiciones constitucionales contenidas en la Base III del artículo 41 de la Carta Magna.

La nueva normatividad contempla el acceso de los partidos a dichos medios tanto en las precampañas como durante las campañas; dispone lo necesario para la asignación de tiempo entre los partidos y por tipo de campaña, tanto en elecciones federales como locales.

Establece que del tiempo señalado por la Constitución (48 minutos) se dispone que para las precampañas federales los partidos dispondrán de 18 minutos diarios, de los cuales podrán asignar tiempo en casos de precampañas locales en entidades federativas con elecciones concurrentes. Para las precampañas en elecciones locales no concurrentes se asignan, como prerrogativa para el conjunto de partidos, doce minutos para cada entidad federativa.

Para campañas federales, añade, los partidos dispondrán de 41 minutos diarios (85 por ciento del tiempo disponible); de ese tiempo se destinarán 15 minutos diarios para las campañas locales concurrentes con la federal en las entidades federativas correspondientes.

En las elecciones locales no concurrentes con la federal, los partidos dispondrán de 18 minutos diarios para las respectivas campañas, pudiendo cada partido decidir libremente el uso que hará del tiempo que le corresponda en relación al tipo de campaña (gobernador, diputados locales, ayuntamientos).

Los mensajes que los partidos transmitan dentro de los periodos de precampaña y campaña podrán tener una duración de 30 segundos, uno y dos minutos. Solamente fuera de los periodos electorales, conforme lo establece la Constitución, los partidos harán uso de mensajes con duración de 20 segundos, además de un programa mensual de cinco minutos.

Destaca que el IFE, como autoridad única en esta materia, a través del Comité de Radio y Televisión, determinará las pautas de transmisión de los mensajes de los partidos políticos, realizará la asignación entre los mismos, conforme a los criterios constitucionales (30 por ciento igualitario y 70 por ciento proporcional), realizará los trámites necesarios para hacer llegar los materiales a todas las estaciones y canales y vigilará el cumplimiento de las pautas por parte de los concesionarios y permisionarios.

Se propone la transformación de la actual Comisión de Radiodifusión en Comité de Radio y Televisión, como órgano técnico del IFE responsable de la aprobación de la transmisión de los mensajes de precampaña y campaña, tanto federales como locales.

Por lo que respecta a los partidos políticos, señala el dictamen, se establece un nuevo sistema de financiamiento público, que permitirá reducir drásticamente los recursos públicos destinados éstos para gastos de campaña: 70 por ciento en elecciones intermedias y 50 por ciento en elecciones presidenciales.

Reduce sustancialmente el monto máximo de financiamiento privado que los partidos pueden recibir, así como el tope de gasto de campaña para la elección presidencial; regula otras fuentes de financiamiento público o privado, además de las franquicias postales.

Fija el procedimiento y normas para que los recursos y bienes de los partidos políticos que pierden su registro pasen al dominio de la federación, una vez que cumplan con sus obligaciones laborales y de otra índole.

A la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, como órgano especializado del IFE, se le asignan mayores atribuciones; se elimina el derecho al secreto bancario, fiduciario y fiscal respecto de los partidos políticos y los obliga a entregar informes parciales de avance en el ejercicio presupuestal ordinario de éstos y de gasto de campaña.

De igual forma, se perfecciona el régimen de derechos y obligaciones de los partidos políticos; se definen los ámbitos que constituyen su vida interna, en relación a la norma constitucional de que las autoridades electorales solamente intervengan en tales asuntos en los términos que señale la ley.

Finalmente, en un nuevo capítulo se establecen las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a su información deberán cumplir los partidos políticos, con lo que se colma el vacío legal que existía en esta materia.

En cuanto al tema de las Coaliciones Electorales, la reforma plantea que los partidos coaligados podrán convenir que para el caso de que uno o más de ellos no obtenga por sí mismo el 2 por ciento que la Constitución y el Cofipe establecen como requisito para conservar registro y participar en la distribución de diputados por el principio de representación proporcional.

“El o los partidos en coalición que hayan alcanzado una votación superior a ese porcentaje mínimo, podrán trasladar de su votación la parte necesaria para que los primeros cumplan el requisito señalado, sin exceder el dos por ciento”.

Lo anterior, menciona, con la condición de que el partido beneficiario de la transferencia haya obtenido, por sí mismo, al menos el uno por ciento de la votación nacional. “Los aspectos de detalle para tal hipótesis quedarán establecidos en el convenio respectivo, que deberá ser aprobado por el Consejo General del IFE”.

Se introduce igualmente una nueva disposición en materia de fusiones, que permitirá a los partidos que, en su caso, decidan utilizar esa posibilidad legal después de las elecciones intermedias de 2009, no verse perjudicados por la pérdida de votos que para efectos de prerrogativas supone la norma hasta ahora vigente.

Sobre el Registro Federal de Electores, la legislación señala un plazo de vigencia de diez años para las credenciales para votar; se suprime la entrega física en medios impresos del padrón y los listados nominales a los partidos políticos.

Solamente se preserva la entrega de las listas nominales de electores por sección electoral para su uso por los representantes de los partidos durante la jornada electoral, asimismo, se suprimen algunas medidas de verificación muestral de materiales electorales, por carecer de sentido o utilidad desde hace varios años.

En cuanto al proceso electoral, refiere el dictamen, se efectúan diversas adecuaciones con el propósito de aumentar la certidumbre y confianza de los ciudadanos.

Entre los cambios se establecen los plazos de duración de las precampañas, en consonancia con la norma constitucional que dispone un máximo de sesenta días para las precampañas en el año de la elección presidencial y de 45 días en el año de la elección intermedia.

Se establecen los criterios para la determinación de los topes de gasto de precampaña, así como las normas comunes que los partidos deberán observar para la organización y desarrollo de sus procesos internos.

Para las campañas federales se introducen en el Cofipe los plazos constitucionales respecto de sus plazos de duración (90 y 60 días, según se trate del año de elecciones generales o intermedias) y los nuevos criterios para la determinación del tope de gastos por tipo de campaña, que en el caso de la presidencial experimentará una reducción sustancial, como corresponde a la reforma en materia de financiamiento de campaña. En correspondencia con lo anterior, se ajustan los plazos de registro de candidatos.

Respecto a propaganda electoral, se introducen restricciones a la colocación de propaganda impresa en lugares públicos y en el equipamiento urbano. Plantea que las campañas electorales no deben ser motivo para el abuso en contra de las personas o para dañar el equipamiento urbano, los sitios históricos, los monumentos o edificios públicos o la propiedad privada.

En materia de equidad de género, se propone que en las listas de candidatos plurinominales, el criterio de equidad de género se traduzca en al menos dos lugares escalonados dentro de cada tramo de cinco candidatos, lo que significa llevar la norma a un 60 por ciento máximo de candidatos de un mismo género, y 40 por ciento para el otro; lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que los partidos políticos tengan establecidos en sus respectivos estatutos.

Procedimiento sancionador y sanciones aplicables. La propuesta de nuevo Copife establece las nuevas atribuciones de la Contraloría General del IFE. Entre otras, menciona que no podrá sancionar a los consejeros electorales, al secretario ejecutivo y al consejero presidente con suspensión, destitución o inhabilitación.

“En los casos de faltas administrativas graves que dichos funcionarios llegasen a cometer, el contralor se limitará a presentar el expediente a la Cámara de Diputados para que ésta, en los términos del Título Cuarto de la Constitución, determine lo procedente y el Consejo General podrá, ante conductas graves del contralor general, solicitar a la Cámara de Diputados la destitución de dicho funcionario, lo que de proceder requería del voto de las dos terceras partes de los diputados.

Posicionamientos

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Manuel Portilla Dieguez (PVEM), secretario de la Comisión de Gobernación, presentó una propuesta para modificar el párrafo décimo del inciso A, del numeral 2.

Ello, con el fin de que sean las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión las que establezcan los ajustes al número de mensajes diarios que le correspondan a cada partido político y garantizar a lo largo del proceso electoral que éstos utilicen el tiempo máximo posible conforme a las disposiciones constitucionales.

En su turno, la diputada Marina Arvizu Rivas (Alternativa) señaló que la democracia sólo podrá reconstruirse y consolidarse con la transparencia en las decisiones políticas y de los partidos, pero es el camino que no se quiere seguir, por lo que esta propuesta de reforma ya votada en el Senado refleja la falta de transparencia en los partidos políticos al crear para ellos un régimen de excepción.

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (Nueva Alianza) manifestó que se requiere un sistema electoral de largo aliento que genere mayor confianza en los procesos electorales, dé equidad a la contienda y fortalezca a las instituciones encargadas de organizarlos, vigilarlos y amplíe la participación ciudadana.

Aseguró que ninguno de esos elementos está incorporado en el dictamen, es necesaria una profunda reforma política, pero lo que se entrega a los mexicanos en este dictamen es una reforma en varios aspectos regresiva.

Al hablar en contra, el legislador Abundio Peregrino García (PT) consideró que el dictamen se dio al margen de las disposiciones de la Ley de la Reforma del Estado. “Esta propuesta surgió de la imposición de las cúpulas de tres partidos, por lo que no es una reforma de consensos”.

Propuso la instauración del voto electrónico como mecanismo que garantice el respeto al sufragio y conocer de forma inmediata los resultados electorales y evitar fraudes e inconsistencias como se presentaron en pasadas elecciones; “además, es un método ambientalista, debido a que no será necesario derribar árboles”.

En su oportunidad, el diputado Alejandro Chanona Burguete (Convergencia) dijo que la reforma al Cofipe es la continuación de una historia de violaciones sistemáticas a la Ley para la Reforma del Estado, “desde luego se da a espaldas de la ciudadanía”.

Aseguró que el dictamen es el resultado de acuerdos a fin de “imponer una democracia sólo de tres”. Agregó que con ello se busca establecer un monopolio político, por encima del interés de la población; es una encrucijada para que el multipartidismo acabe siendo bipartidista”.

A su vez, el legislador Carlos Biebrich Torres (PRI) argumentó que el proyecto de decreto del Cofipe da respuesta a la mayoría de los problemas sustantivos del sistema electoral mexicano.

“La propuesta da respuesta a dos grandes problemas que enfrenta la democracia en México: el dinero que corrompe y el abuso de los medios de comunicación”.

La diputada Dora Alicia Martínez Valero (PAN) señaló que con estas reformas la LX Legislatura está demostrando que es capaz de dialogar y llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad ya que los cambios al Cofipe responden a la demanda ciudadana de transparencia en los procesos electorales y austeros.

Asimismo, indicó que esta legislación no pretende callar o dar línea a ninguna persona, medio o empresa, sino hacer de las elecciones un proceso más democrático.

Por su parte, el diputado Juan Guerra Ochoa (PRD) explicó que según el tribunal electoral, en el caso de la elección presidencial de 2006, aceptó que el entonces Presidente Fox contrató publicidad en contra de uno de los candidatos, situación que ya no será posible gracias a este nuevo Cofipe.

La diputada Mónica Arriola (Nueva Alianza) aseguró que esta legislación retrocede el camino construido hacia el mejoramiento de la democracia ya que limita las libertades de los ciudadanos, su libertad de expresión y de información.

Por su parte, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, precisó que este Cofipe es la respuesta a los reclamos de la ciudadanía de transparentar y mejorar la rendición de cuentas de las actividades desarrolladas por los partidos políticos.

En su turno, la diputada Valentina Batres Guadarrama (PRD) manifestó su voto en contra al considerar que existen dudas sobre la efectividad y la transparencia de “este nuevo código electoral, esta ley no detiene lo que ha sido uso y costumbre de las campañas electorales: dar despensas, dar migajas al pueblo, no viene contenido como sanción ni como inhibición”.

Al final del debate, diputados de los distintos grupos parlamentarios reservaron 139 artículos para su discusión en lo particular.

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