El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 366 votos a favor, 53 en contra y 8 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia penal.

La reforma constitucional aprobada implica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.

De acuerdo con el dictamen, se reforma integralmente el sistema de justicia penal, cambiando el actual modelo mixto “preponderantemente inquisitivo”, a uno garantista de corte acusatorio y oral.

Asimismo, se propone sujetar al Ministerio Público al proceso penal y a los jueces a un procedimiento claro, eficaz y transparente para lograr así la ruptura del monopolio de la acción penal.

De igual forma, se dota a la policía preventiva de las facultades legales para investigar, prevenir los delitos y participar como parte acusadora en aquellos delitos que conozca y no exista denunciante, además de que reivindica los derechos de la víctima o el ofendido, garantizando la reparación del daño.

Destaca que en los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado de confidencial cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.

Para sustentar el dictamen, el diputado César Camacho Quiroz (PRI) presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la reforma permitirá un sistema de justicia eficaz, cuyo modelo será de corte acusatorio y oral.

Agregó que se adaptará a la cultura jurídica mexicana, a fin de abatir los alarmantes índices de delincuencia, así como evitar la impunidad.

Reconoció que miles de presos padecen de un sistema que penaliza la pobreza y la condición social y no los actos realizados por esas personas, además de que peligrosas organizaciones criminales, cada vez se hacen más fuertes, ante el evidente agotamiento del sistema de justicia.

En este sentido explicó que respecto a las medidas cautelares, la más drástica, es decir, la prisión preventiva, suele ser empleada como regla y, de acuerdo con cifras, el 82 por ciento de los procesados lo está por delitos patrimoniales y por montos menores a 5 mil pesos.

Al hacer uso de la tribuna para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Marina Arvizu Rivas (Alternativa) manifestó que la reforma en el sistema de justicia penal es trascendental, no sólo porque regula la libertad de los individuos que delinquen, sino porque afecta de manera notable el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que son víctimas del delito y en particular de las mujeres.

Indicó que no es posible regular, como una medida de impartición de justicia que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o la mediación de un tercero que los conmina a no repetir tales conductas.

Agregó que no se puede permitir que ninguna ley y menos la Constitución contenga disposiciones que representen un retroceso contra la seguridad jurídica de las mujeres, por lo que manifestó que su partido emitió su voto en abstención.

Nueva Alianza

Mónica Arriola señaló que es urgente rediseñar el sistema de procuración y administración de justicia para brindar a la sociedad certeza de que sus derechos están garantizados en el marco jurídico y por las autoridades responsables de aplicarlo.

Considerópositiva la figura de los juicios orales, ya que permitirá disminuir el uso de la prisión preventiva, según cifras oficiales de 213 mil personas privadas de su libertad, el 40 por ciento, es decir, 90 mil no han recibido sentencia.

Expresó que por esa razón su grupo parlamentario votó a favor del dictamen en lo general, en espera que su aprobación se traduzca en un instrumento que dé respuesta a las demandas de seguridad pública.

PT

Silvano Garay Ulloa manifestó que actualmente cualquier ciudadano es presunto responsable, a partir de esta reforma será presunto inocente; asimismo se plantea la posibilidad de que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo a una persona tratándose de delitos de delincuencia organizada.

Dicho arraigo no podrá exceder de 40 días y de existir causa fundada podrá llegar por un término igual, sin que sea de 80 días.

Expresó que además se faculta al Ministerio Públicopara que pueda tener acceso directo a documentación fiscal y financiera, a fin de consignar a la autoridad competente a esos delincuentes y procesarlos. Aseguró que por ello su partido está a favor del dictamen.

Convergencia

Al fijar la postura de su fracción, la diputada Patricia Castillo Romero destacó su posición a favor de la reforma porque a la sociedad se le debe otorgar un Estado de derecho sólido y comprometido con su seguridad, “la realidad es que en nuestro país se cometen al año alrededor de 11 millones 800 mil delitos, de los cuales sólo se denuncian ante el Ministerio Público (MP) un millón 400 mil, es decir el 12 por ciento”.

De éstos, continuó, únicamente el 18 por ciento se consigna, lo que equivale a 248 mil 600 delitos y exclusivamente 190 mil obtiene sentencia condenatoria; los número señalan que el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes.

PVEM

Por su parte, el diputado Francisco Elizondo Garrido consideró que la reforma, además de ser histórica, dará verdadera certeza jurídica a los ciudadanos. “México necesita, más que nunca, procesos judiciales ágiles, es por ello que se incluyen elementos vanguardistas, como son los juicios orales”.

Afirmó que su grupo parlamentario apoya las modificaciones a fin de impulsar una justicia pronta y expedita. “Para que eso sea posible, se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de la justicia, con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos”.

Elizondo Garrido subrayó la necesidad de construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales, “por lo que esta reforma constituye un avance en los elementos de persecución del delito, ya que de forma innovadora define qué es delincuencia organizada y también proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias

PRI

Al hablar en pro del dictamen, el legislador Juan Francisco Rivera Bedoya expresó que esta reforma marca una nueva etapa de la justicia penal, “México contará con un nuevo sistema, moderno y transparente”.

Reconoció que el sistema jurídico en el orden penal requiere de una asistencia técnica esencial, “sobre todo tratándose de detenidos que no tienen recursos y son sometidos a procesos inadecuados; por ello, esta reformaimpone la obligación del equilibrio económico entre el defensor y el fiscal”.

Precisó que dichas modificaciones eran necesarias, porque se requiere de un verdadero defensor de los derechos humanos. Agregó que para lograrlo se debe dar facultades a la policía e investigadores, “que no tengan más ventajas los delincuentes que las propias víctimas”.

PRD

El diputado Andrés Lozano Lozano cuestionó el cómo ir en una reforma al sistema de justicia y constitucional, cuando las instituciones y las personas que la encabezan no cambian.

Manifestó que la reforma tiene bondades destacadas y alcances mínimos como el allanamiento, aunque el principal problema que enfrenta es la autonomía del Ministerio Público.

“Decimos sí por un sistema de justicia penal y acusatorio, ágil y cercano a la gente; por una policía controlada, pero desde ahora advertimos de cara a la sociedad que tenemos el inminente peligro de que si esta reforma no transita con el cuidado suficiente estamos ante un escenario de opresión, exceso y abuso de poder”.

PAN

El diputado Felipe Borrego Estrada señaló que uno de los principios fundamentales por el que desde sus origenes ha luchado su fracción, es la justicia, entendida como la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales y humanos de las personas.

Indicó que conscientes de la realidad que atañe al sistema de justicia penal y de alta responsabilidad conferida a la ciudadanía, se pugnó por alcanzar este principio fundamental a través de un adecuado diseño constitucional que garantice mayores y mejores condiciones de justicia.

Reconoció que es incuestionable que la actual legislación penal es obsoleta y no está a la par de los cambios sociales, plurales y democráticos del país.

Del mismo modo hicieron uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen los diputados Layda Sansores San Román (Convergencia), María del Pilar Ortega Martínez, Jesús de León Tello, Rogelio Carbajal Tejada y Carlos Navarro Sugich, del PAN y Alfredo Ríos Camarena (PRI).

En contra, participaron los diputados Mario Enrique del Toro y Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del PRD.

Aprobado en lo general, diputados de distintos grupos parlamentarios reservaron para su discusión en lo particular los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 73 en diferentes párrafos y fracciones, así como un segundo transitorio e incluir uno más.

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