De forma ilegal, cada año se obtienen siete millones de metros cúbicos de madera, cifra muy similar a la que se produce legalmente en nuestro país, lo que implica la pérdida de 95 por ciento de bosques húmedos.

De igual manera, una de las grandes causas de la depredación de especies de flora y fauna en nuestro país la constituye el comercio clandestino. A nivel internacional, se generan ingresos anuales cercanos a 21 mil millones de dólares, sólo por debajo del tráfico de drogas y de armas.

Informó lo anterior el diputado Antonio Xavier López Adame (PVEM), secretario de la Mesa Directiva, quien destacó la importancia de adecuar el marco jurídico para que las personas o grupos que aprovechen ilícitamente los recursos naturales reciban un tratamiento penal específico.

Por ello, presentó una iniciativa que busca facultar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que diversos delitos ambientales referidos en el Código Penal Federal seaninvestigados y sancionados según los lineamientos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En su exposición de motivos, el legislador señala que “nuestro sistema penal, pese a que debería servir como instrumento para inhibir las conductas delictivas en materia ambiental, no ha podido ser suficientemente eficaz para impedir el comercio ilícito de especies”.

Indica que la PGR enfrenta restricciones legales para perseguir ese tipo de delitos ambientales, que en muchos casos se cometen con características y elementos cuyo tratamiento debe ser propio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Agregó que dichos delitos se realizan a través de dos vertientes: de un lado, la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia; o bien, a través de redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad de forma ilícita.

López Adame considera que ante la capacidad y recursos con que cuentan las bandas de traficantes de biodiversidad y recursos forestales es necesario especializar la investigación y el combate de dichos ilícitos.

Manifestó que su grupo parlamentario ha considerado necesario dotar a la PGR de instrumentos legales suficientes a fin de que, en el ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pueda actuar y perseguir a las bandas de traficantes de especies y grupos de taladores ilegales.

“El nuestro es uno de los países megadiversos, de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo que lo coloca en un constante estado de peligro que amenaza las especies y el número de especímenes existentes”, finalizó.

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