A fin de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y la nutrición adecuada y establecer la obligación del Estado de garantizar la soberanía alimentaria, el diputado Leopoldo Arreola Ortega (PT) presentó una iniciativa de reformas al artículo 4 de la Carta Magna.

La propuesta plantea que el gobierno debe asumir su compromiso y responsabilidad frente a la sociedad de asegurar la producción de alimentos básicos, pues en México existen 30 millones de personas en situación de pobreza alimentaria.

Explicó que, como resultado de la concentración del poder económico en unas pocas familias, muchos mexicanos están mal alimentados y sufren de aguda desnutrición, sobre todo los niños y las mujeres pobres.

“Tenemos graves deficiencias en la producción de alimentos y en casi todas las actividades agropecuarias; somos importadores también de materias primas agrícolas, por carecer de una base productiva nacional que satisfaga los requerimientos del país”, subrayó.

Agregó que la escalada de precios de productos fundamentales para la nutrición, como carne, huevo, pollo, tortilla, leche, atún, arroz, azúcar, harina de trigo, pan, pastas para sopa, verduras, hortalizas y frutas, han provocado un descenso en su consumo.

Por ello, dijo que es necesario impulsar una nueva modalidad de acumulación que privilegie el papel de coordinación del Estado en el desarrollo económico; subordinar el papel de la banca múltiple a los requerimientos de la producción y crear una banca de financiamiento público, para garantizar que los productores mexicanos tengan acceso al crédito barato y sin restricciones.

Asimismo, para garantizar que la competitividad del campo es necesario eliminar el intermediarismo y crear un organismo estatal que regule los precios. La iniciativa se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Crímenes de lesa humanidad serían imprescriptibles

En su oportunidad, la diputada Omeheira López Reyna (PAN) planteó reformas al artículo 22 de la Constitución, a fin de establecer que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra sean imprescriptibles, fortaleciendo la protección a la integridad, dignidad, libertad, y vida de las personas, que debe prevalecer en todo sistema jurídico de representación democrática.

Señaló que se debe dotar al Estado de la capacidad suficiente para enfrentar situaciones de graves violaciones a los derechos humanos que ocurran en México o cuyo responsable se encuentre en el territorio nacional.

Esta propuesta, dijo, representa la firme convicción de México en torno a que ciertos crímenes no pueden quedar sin castigo, sin importar cuánto tiempo transcurrió desde su comisión, ni el rango o posición de sus perpetradores.

Indicó que la propuesta de imprescriptibilidad de estos hechos debe ser adoptada para impedir la impunidad. “La responsabilidad de dichos crímenes debe ser sometida a la impartición de justicia por instancias jurisdiccionales internacionales o nacionales, debe existir una sanción y un sistema firme que inhiba su comisión”, afirmó.

Reconoció que ningún país está exento de sufrir este tipo de situaciones, por lo que llamó a reflexionar en torno a esta propuesta y actuar de forma responsable y solidaria. “No permitamos que la sociedad mexicana sea víctima de una mente perversa que sea capaz de matar de forma cruel a nuestros niños, mujeres y ancianos”. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Ley General de Salud

Más adelante, el senador Guillermo Tamborrel Suárez(PAN) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud a fin de cambiar el término "invalidez" por el de discapacidad o personas con discapacidad y dar una atención más integral a esta condición, para que no sea solamente prevenida, sino también habilitada y rehabilitada.

Agregó que en la práctica, el derecho a la salud no siempre es una garantía, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, debido a que no en todas las ocasiones se cuenta con la infraestructura necesaria que permita su libre acceso a las instalaciones de salud. Además, dijo, las instituciones públicas adolecen de las especialidades médicas necesarias y del personal plenamente calificado para atender las necesidades de este sector.

Dijo que se debe trabajar en pro del respeto del derecho a la salud de las personas con discapacidad, “para materializar de una vez por todas uno de los derechos más importantes que tienen estas personas, inherente a ellos y que a través de los años no ha sido garantizado íntegramente”. La propuesta se envió a la Comisión de Salud del Senado de la República.

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