El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD), presidente de la Comisión de Pesca, señaló que esta actividad es central en la batalla por la soberanía alimentaria, por lo que destacó la importancia de que los congresos estatales incorporenla Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable a sus reglamentaciones locales.

De igual manera, subrayó la trascendencia de que el Ejecutivo federal elabore un reglamento acorde a los objetivos de la ley a fin de que se coadyuve a una mejor vigilancia, aprovechamiento, conservación, inversión y fomento de los recursos naturales.

Durante la inauguración del Seminario Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables: principales aportaciones, sus alcances y la adecuación de la legislación local en materia pesquera”, explicó que dentro de las aportaciones de la citada norma se encuentran ordenar el aprovechamiento a favor de los pescadores y otorgar mecanismos para la protección de los recursos naturales.

Además contempla la promoción del consumo de productos del mar, “ya que son reconocidos como ricos en proteínas y si fomentamos su consumotraerá beneficios nutricionales, de salud a la población y como consecuencia, la generación de oportunidades de empleo para quienes viven de este sector”.

Agregó que la comisión que preside se encuentra en una segunda etapa con respecto a dicha ley: “tenemos que cosechar los esfuerzos hechos; vamos a buscar el estricto cumplimiento de la ley, procurar que sea la más adecuada y se dé en tiempo y forma”.

Por su parte, el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (PAN) dijo que “en nuestro país nos ha faltado visión hacia la pesca, tenemos once mil kilómetros de litoral, más de 2.9 millones de hectáreas susceptibles para la acuacultura; lo que definitivamente representa opciones alimentarias y coadyuvaría a desarrollar al sector más pobre del país que son los pescadores”, puntualizó.

Indicó que la Ley de Pesca fortalece el derecho indígena para las comunidades rurales e incorpora un título de regulación de la acuacultura.

Además, señaló que promueve la investigación de sanidad e inocuidad en el Instituto Nacional de la Pesca para tener mayor competitividad a nivel internacional.

En su turno el director en jefe de Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), Miguel Ángel Cisneros Mata, puntualizó que esta norma tiene que maximizar las ganancias, minimizar los conflictos sociales y proteger los recursos naturales.

Dijo que aporta la participación estatal, municipal y federal en la planeación, seguimiento y ordenamiento de la actividad pero carece de seguridad jurídica en la aplicación de incentivos para el fomento a la producción.

Añadió que el reglamento deberá contener disposiciones relativas a las zonas de refugio pesquero, a la pesca deportiva, a la asignación de subsidios y a la articulación intersecretarial para la atención de problemas.

Por su parte,el director general de Investigación en Acuacultura del Inapesca, Marco Linné Unzueta Bustamante, afirmó que la pesca y acuacultura son parte integral de la seguridad alimentaria y que para garantizar su sustentabilidad se requiere diversificar, reconvertir y transformar sus actividades y productos.

“Solo la tercera partede la actividad pesquera y acuífera es reconvertida y transformada. La producción industrial permite dar valor agregado para la sustentabilidad”, es un reto en la aplicabilidad de la nueva Ley de Pesca”, enfatizó Unzueta Bustamante.

Por su parte, María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que la legislación en materia de pesca es uno de los instrumentos claves para promover el desarrollo de la actividad.

Dijo que el reto para los congresos locales es articular la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Pesca y Acuacultura, con el Ordenamiento Ecológico Territorial y el de Uso de Suelo.

Se pronunció por establecer esquemas en las formas del uso del recurso hídrico para complementar la Ley de Aguas Nacionales con la de Pesca, por lo que destacó la importancia de la participación de los tres niveles de gobierno.

El seminario fue organizado por la Comisión de Pesca en coordinación con el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

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