El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que el Ejecutivo Federal ha interpuesto controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de invalidar auditorías del órgano de fiscalización superior.

Detalló que el 5 de diciembre de 2007, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Ejecutivo interpuso la controversia constitucional número 92/2007, la cual impugna la revisión de la Auditoría número 7 denominada Evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de sorteos, cuyo objetivo es evaluar el procedimiento, por el cual la Segob otorgó 439 permisos de sorteos y saber si se ajustó a la ley.

De igual manera, la Segob impugna la Auditoría número 8, Evaluación del proceso del otorgamiento de modificaciones a los permisos para la operación de casas de juego, la cual pretende escudriñar el proceso de modificación a los permisos para la operación de casas de juego.

Así como la auditoría número 405, Programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, cuya misión es examinar el impacto del proceso para planear, autorizar, coordinar y supervisar los programas y campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

En conferencia de prensa, agregó que el 18 de diciembre de 2007, por medio de la Secretaría de Energía, el Ejecutivo Federal interpuso la controversia constitucional número 95/2007, con la que pretende impedir la auditoría número 12, Evaluación del proceso para el otorgamiento de permisos de Estaciones de Carburación de Gas L.P., la cual pretende escrutar si el otorgamiento de permisos para dicha actividad se ciñó a las normas previstas por la ley.

Ortega Martínez puntualizó que es inexacto afirmar que las atribuciones del Ejecutivo Federal, en materia de otorgamiento de permisos y de comunicación social, se encuentran sujetas exclusivamente a la vigilancia y evaluación que realiza el mismo Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de la Función Pública.

“Aceptar lo anterior sería desconocer el papel fundamental que desempeña la ASF y abriría paso para que el Poder Legislativo y el Poder Judicial exijan igualmente ser evaluados solamente por sus contralorías internas”, dijo.

Añadió que “pareciera ser que existe una intención regresiva de actores políticos responsables de algunas dependencias del Poder Ejecutivo que buscan poner obstáculos a la fiscalización superior y a la transparencia y rendición de cuentas”.

Explicó que las auditorías pueden esclarecer “y dejardelimitadas con mucha precisión las responsabilidades de las partes”.

Expresó que la actitud de algunas dependencias del Ejecutivo implica desconocer que la ASF tiene facultades para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los programas y verificar la legalidad en el uso, manejo y administración de los recursos públicos, como lo mandata el artículo 74 de nuestra Constitución Política.

Ortega Martínez mencionó que la ASF tiene algunas limitaciones, “no puede realizar revisiones o auditorías hasta que transcurra el año y se entregue el informe del ejercicio del uso de los recursos federales”.

Declaró que, la comisión que preside, estudia una propuesta de reforma constitucional que termine con dicha limitante y permita que cuando haya evidencias contundentes, la ASF tenga facultades de intervención.

Por su parte, el diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia) consideró que las controversias representan una agresión al Poder Legislativo, “puesto que la ASF es parte del Legislativo y es el órgano que controla el gasto público”.

Subrayó la importancia de que la Comisión de Vigilancia de la ASF suscriba un exhorto dirigido al Ejecutivo Federal, “para que desista de la controversia planteada si quiere mantener una buena relación con el Legislativo, que hasta la fecha no ha logrado”.

En tanto, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) mencionó que “estamos viendo una evolución de la corrupción que, evidentemente, tenemos que acotar; y requiere de modificaciones en las cuestiones de anualidad y auditorías de desempeño”.

Resaltó la necesidad de que legisladores integrantes del órgano legislativo encargado de la ASF tengan una reunión con los ministros de la SCJN, “para explicarles los motivos que a nosotros nos interesan en el caso de las controversias”.

Al finalizar el evento, el diputado Ortega Martínez anunció que se reuniría con la Presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta Salgado, para exponerle el asunto “el cual debe ser tratado con mucha seriedad,esperamos un posicionamiento firme de la Cámara”.

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