La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, rechazó que el Poder Legislativo pretenda ser cómplice de políticas que afecten al sector campesino.

Por el contrario, dijo, se busca estar a la altura de las circunstancias para discutir acuerdos que permitan avanzar al país.

Ante dirigentes de organizaciones campesinas y obreras, la diputada presidenta manifestó su preocupación por la situación que vive el sector rural, por lo que propuso establecer una mesa de trabajo para revisar las propuestas que competan al Legislativo en materia de reformas constitucionales o leyes secundarias.

“Estamos muy interesados que el tema del campo sea revisado, ya que seguramente será un asunto de discusión durante las sesiones ordinarias que comenzarán el próximo 5 de febrero en la Cámara de Diputados”, señaló.

En dicha mesa de trabajo, abundó la legisladora, estarían presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a fin de revisar las demandas y se agilice en comisiones y el Pleno la aprobación de propuestas relacionadas con el campo.

Paralelamente, dijo, se llevaría a cabo una reunión con los presidentes de las Mesas Directivas con una comisión designada por las organizaciones a fin de revisar las minutas que estuvieran detenidas, como la Ley de Planeación para la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

Planteó, de igual forma, que las organizaciones sociales presenten propuestas para la elaboración de iniciativa que pueden ser consideradas en la discusión de la Reforma del Estado.

Por su parte, dirigentes de organizaciones rurales como el CAP, CCC, UNT, CNC, UGOCM, Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, sin Frijol Tampoco, CONOC, CEMPA, El Barzón y CCN, presentaron un total de 26 propuestas relacionadas con el sector rural.

Entre otros, sugieren cuestionar la constitucionalidad del TLCAN, relativo a las contribuciones al comercio exterior de productos agropecuarios, en las que tiene facultad el Congreso de la Unión y cuya resolución fue adoptada únicamente por el Senado de la República.

Solicitaron también la revisión y renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y manifestaron su preocupación por las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Federal, así como por la agenda legislativa, “que de alguna manera está vinculada a esas decisiones”.

Indicaron que desde que se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los impactos en el campo mexicano han sido negativos.

México, señaló Max Correa, de la Central Campesina Cardenista, es el país que más población del medio rural pierde anualmente. “Cuatro millones de campesinos han emigrado en el último sexenio; se han perdido cinco millones de empleos, se ha generado una mayor dependencia agro alimentaria y la pobreza en este sector se ha acentuado”.

Advirtió que el campo es un asunto de seguridad nacional, por lo que las organizaciones campesinas intensificarán sus movilizaciones el próximo 31 de enero ante el incumplimiento de sus demandas y porque en los próximos días se presentarán iniciativas para las reformas energética y laboral.

En este sentido, los líderes campesinos adelantaron que el próximo 5 de febrero se llevará a cabo un mitin frente a la Cámara de Diputados.

Asimismo, alertaron que de no ser tratado el tema agropecuario como un asunto estratégico, se generará una grave crisis y se podrían presentar manifestaciones violentas y de confrontación social.

“Sentimos que la Cámara de Diputados puede ir más allá de puntos de acuerdo o las citas para las comparecencias de los responsables del Ejecutivo que tienen que ver con el campo”.

Valentín González Bautista, de la UGOCM, indicó que en este momento de urgencia nacional, el Congreso de la Unión puede contribuir de manera significativa y contundente a su solución, de forma digna y patriótica.

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