Luego de darse a conocer la serie de controversias constitucionales presentadas por los poderes Ejecutivo y Judicial en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano de fiscalización informó a la Cámara de Diputados que existen más acciones legales por otras auditorías que se practican a la Cuenta Pública 2006 y al Informe de Avance de Gestión Financiera 2007.

La ASF indicó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la pone al tanto con el fin de que se valoren dichas situaciones y la Cámara de Diputados emita un pronunciamiento firme para cancelar de forma definitiva, “actitudes regresivas que intentan crear paraísos de opacidad sobre la rendición de cuentas”.

El órgano auditor que preside Arturo González de Aragón, manifestó su preocupación al considerar que este tipo de acciones pudieran llegar a representar una estrategia diseñada para obstaculizar la rendición de cuentas e inhibir la fiscalización superior, “mismas que no pueden aceptar excepción alguna por tratarse de la gestión financiera de recursos públicos federales”.

Por ello, pidió tanto a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, como a la Comisión de Vigilancia, reformar la Constitución en su artículo 79, fracción primera, párrafo tercero, a fin de que la ASF pueda practicar revisiones sin excepción alguna y en situaciones excepcionales.

Al respecto, la diputada Ruth Zavaleta Salgado reiteró que iniciado el periodo ordinario de sesiones, en febrero próximo, promoverá entre los distintos grupos parlamentarios, modificaciones a la Constitución Política para otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación con el fin de evitar, en lo futuro, cualquier tipo de controversias.

La legisladora manifestó que en aras de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, se debe corregir la ley y permitir que el máximo órgano de fiscalización del país audite las distintas áreas del Gobierno Federal y otros entes como la propia Cámara de Diputados.

Zavaleta Salgado se sumó al exhorto que hiciera la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al Ejecutivo Federal para respaldar los esfuerzos que en materia de transparencia realiza el Congreso de la Unión.

Indicó también que el Auditor Superior de la Federación hizo llegar una propuesta al respecto, misma que presentará ante el Pleno una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones.

“Inmediatamente que esté la sesión voy a proponer un cambio y pretendo que los compañeros de todas las fracciones parlamentarias la suscriban para que pueda corregirse el problema”, subrayó.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación señaló que en los meses de noviembre y diciembre, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, éste último por conducto de las secretarías de Gobernación, de Energía, de Medio Ambiente y de Comunicaciones y Transportes, presentaron una serie de controversias constitucionales en las que se demanda la invalidez de diversas auditorías.

Las auditorías cuestionadas, indicó,pertenecen a la Cuenta Pública 2006 y al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2007.

Por lo que respecta al Poder judicial, refirió el diputado Gerardo Sosa Castelán (PRI), la controversia corresponde a la auditoría 227 de la Cuenta Pública 2006, practicada al Consejo de la Judicatura Federal en lo referente a la Evaluación del Sistema de Carrera Judicial.

En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez, añadió que las demandas presentadas ante la Suprema Corte de Justicia por parte de la secretaría de Energíacorresponden a las auditorías 12 y 13 del IAGF 2007.

La primera de ellas, por el otorgamiento de permisos de estaciones de carburación de gas LP y la segunda, por los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos.

A su vez, las correspondientes a Gobernación parten de la auditoría 405 de la Cuenta Pública 2006, la cual gira en torno a los Programas y Campañas de Comunicación Social del Gobierno Federal.

Asimismo, a las 7 y 8 del IAGF, relativas al otorgamiento de permisos de sorteos y modificaciones a los permisos para la operación de casas de juego.

Por lo que hace a la demanda interpuesta por Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo, ésta es por la auditoría número 16, sobre la evaluación del proceso utilizado para el otorgamiento de permisos de Certificados Fitosanitarios.

Finalmente, la controversia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde a la auditoría número 9 del IAGF, relacionada con el otorgamiento de contratos de prestación de servicios portuarios.

Por este motivo, concluyó, la Auditoría Superior de la Federación solicitó promover modificaciones constitucionales para otorgarle mayores facultades de fiscalización y para fincar, en su caso, las responsabilidades correspondientes o promover otras ante autoridades competentes.

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