La Cámara de Diputados debe participar en la elaboración de las reglas de operación de los planes del Programa Especial Concurrente (PEC), para eliminar su dispersión, falta de concurrencia y el despilfarro de recursos a fin de que lleguen y beneficien las zonas más marginadas del país, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Carlos Ernesto Navarro López (PRD).

Dijo que el despilfarro de recursos, la disparidad y el fracaso de los programas del campo tienen que ver con un diseño que ignora las especificidades regionales del país en materia agropecuaria.

El legislador por Sonora indicó que cada año se asignan mayores recursos al campo, pero sigue igual de pobre la gente, porque los requisitos para que el productor acceda al financiamiento, son muchos y muy complicados, “parece que están diseñados para obstaculizarlos”.

Señaló que hay muchos programas de apoyo a los diversos sectores agropecuarios que no llegan a cubrir el 25 por ciento de su población objetivo, mientras otros logran porcentajes importantes.

Lo anterior, al referirse a un documento publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) denominado Acercamiento al Ejercicio del Presupuesto Especial Concurrente 2006-2008, el cual señala que ante las bajas coberturas de los programas se debe analizar conveniencia de reducirlos y definir con mayor precisión los ejes de la política de desarrollo rural.

Comentó que por el mal diseño de los programas se dan los subejercicios presupuestales, los recursos no llegan a la gente, atienden a una reducida proporción, no van a zonas marginadas y los municipios donde se concentra esta población son menos.

Reconoció que entre los programas de más cobertura está Oportunidades que llega a cinco millones de familias, “pero en general hay un mal diseño, porque desconocen la necesidad de la gente; ignoran lo que debe hacerse con los pescadores, los indígenas, los maiceros, los exportadores y se trata igual a los desiguales, como si no tuviéramos diversidad regional y productiva”.

Mencionó que Procampo es un subsidio directo regresivo, que da más al que tiene más dinero, “eso se ha señalado en diversos estudios, pero el gobierno sigue con la misma orientación”.

Alianza para el Campo, comentó, funciona con un esquema de reembolso que no permite que llegue el recurso a quienes más los necesitan, pues el campesino tiene que comprar un tractor equipado de 500 mil pesos y luego llevar la factura para que le reembolsen, “pero no entienden que el productor no tiene dinero”.

Denunció que hay lugares del noroeste del país donde se renta el 70 por ciento de la superficie ejidal; “los arrendatarios cobran el Procampo y con ese dinero le pagan a los ejidatarios arrendadores y resulta que los recursos públicos se dan a los ricos para pagar a los pobres la renta de las tierras y a ellos no les cuesta nada”.

Sobre el estudio, dijo que Banrural tenía un buen esquema de créditos a los productores, “pero lo sustituyeron por Financiera Rural, que sólo otorgó créditos al 1.3 de los productores, “así, como se va a reactivar el campo”, cuestionó.

El estudio del CEDRSSA señala que la baja cobertura provoca una dispersión de la acción gubernamental y disminuye la concurrencia de acciones, así como los posibles impactos en el desarrollo de las zonas rurales del país.

En el documento se reconoce que a pesar de que los recursos para el sector se han incrementado año con año, siguen siendo insuficientes para resolver todos los problemas del campo, por lo que es indispensable dirigir los recursos a la población más pobre.

Se destaca que Financiera Rural otorgó créditos sólo al 1.3 por ciento de los productores con potencial productivo; el PROGAN, al 12.3 por ciento de las Unidades de Producción (UP) bovinas; Desarrollo Rural al 24.4 por ciento de las UP con actividad agropecuaria y Apoyos al Ingreso Objetivo al 6.1 por ciento de los productoresmedios o comerciales.

Se menciona que los programas de pesca sólo atienden al 13.4 por ciento de los productores; el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad atiende al 1.8 por ciento de los productores organizados; el Programa de Jornaleros Agrícolas al 14.4 por ciento; y los Fondos Regionales Indígenas al 1.0 por ciento de la población económicamente activa.

En tanto, los programas dirigidos a mujeres, como el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) sólo atiende al 18.5 por ciento de las propietarias de tierra; Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), al 2.8 por ciento de las ejidatarias y Comuneras, mientras que el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) al 13.5 por ciento de las propietarias de tierras indígenas.

Se reconoce que si los programas atendieran a toda la población objetivo se asignarían montos muy bajos: el Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) daría créditos de 92 pesos por productor; Programa Ganadero, 598 pesos; Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA), daría 348 y el Programa Alimentario daría 332 a los hogares en condiciones de pobreza.

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