El Grupo de Trabajo para la Reforma del Poder Judicial de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso (CENCA), tendrá el próximo miércoles los borradores para las reformas constitucionales en materia de amparo, acciones de inconstitucionalidady controversias, así como la modernización del Poder Judicial Federal.

El presidente de esa instancia, diputado César Camacho Quiroz (PRI) indicó que el subgrupo Justicia Penal, ya tuvo un producto importante, que es la reforma al Sistema de Justicia Penal, y lo que respecta a los subgrupos de Justicia Constitucional y Fortalecimiento al Poder Judicial, se están elaborando propuestas.

Expuso que el grupo ya presentó ante la CENCA un documento que facultaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a proponer iniciativas en materias relativas a su organización y el ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación.

Mientras que en el tema de amparo, dijo, sólo existe una propuesta para expedir la Ley de Amparo, cuyo origen es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que busca perfeccionar y modernizar un instrumento jurídico de defensa de la constitucionalidad. “Se trata de ponerlo al día y hacerlo más sencillo, eficaz y justiciero”.

Camacho Quiroz expresó que no es congruente pensar en un nuevo juicio de amparo con una misma estructura del Poder Judicial actual, de ahí la importancia de las reformas.

Cabe señalar que la propuesta la hizo suya el Senado el 30 de marzo de 2004 y reforma los artículos 94, 100, 103, 105, 107 y 112 de la Constitución Política y expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 108 de la Constitución.

La propuesta otorga, bajo ciertas condiciones, efectos generales a las sentencias de amparo; ampliar el acceso al amparo; interés legítimo; amparo colectivo; Ministerio Público como parte en el amparo; inejecución de sentencias; contradicciones de tesis; y reformas al artículo 107 Constitucional.

Por su parte, el diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) lamentó que algunos partidos hegemónicos entiendan el fortalecimiento del Poder Judicial como únicamente la reforma a dos leyes, lo que no refleja el principio de justicia que enarbola la Suprema Corte.

Agregó que de no fortalecer el Poder Judicial de la Federación el sistema judicial mexicano se debilitará aún más y con ello la ciudadanía estaría lejos de alcanzar lo que tanto anhela: vivir en paz y con tranquilidad.

El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI) dijo que en unos días el subgrupo que coordina, de Justicia Constitucional, presentará las propuestas para reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución, cuyo objetivo es modernizar y actualizar el juicio de amparo, así como la controversia constitucional.

El subgrupo de fortalecimiento del Poder Judicial, a través del diputado Carlos Alberto Navarro Sugich (PAN) resaltó que ha acordado el análisis del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) previsto en los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, así como independencia de su Consejo e integración.

De igual forma, incluir en el Poder Judicial a los tribunales agrarios, laborales y de lo contencioso administrativo, mismos que están ubicados en el Poder Ejecutivo; regresar al modelo de la CJF de 1994; establecer Consejos en la entidades federativas y D.F; darle garantía presupuestaria, es decir autonomía para la Suprema Corte de Justicia y el CJF.

También dotar de facultades jurisdiccionales al CJF para dirimir controversias entre tribunales de distinto rango eincluir en la composición del Poder Judicial a los jueces de garantía y jueces del juicio oral.

Del PRD, el diputado Andrés Lozano Lozano expuso que el subgrupo de Justicia Penal tiene coincidencias en aspectos como los mecanismos alternativos a la solución de controversias, impulsar la defensoría pública de calidad, que la determinación de la pena sea de carácter jurisdiccional y que su observancia recaiga en un juez de ejecución de sentencias.

Así como el cambio del concepto de readaptación social por reinserción social; instalar el proceso penal acusatorio con principios de oralidad, contradicción, concentración, continuidad; inclusión de presunción de inocencia; creación de la figura de extinción de dominio como instrumento del Estado para debilitar la estructura financiera del crimen organizado y determinar el carácter civil de las policías.

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