El presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo, diputado Leonardo Magallón Arceo (PAN), expresó que la aprobación de la Ley General de Economía Social es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen la justa distribución de la riqueza.

Durante la inauguración del foro Aportes de la economía social y solidaria al desarrollo de México: legislación y política pública, el legislador dijo que este enfoque productivo es opción para subsanar las grandes diferencias que persisten en nuestro país porque permite el armónico y equilibrado desarrollo de la comunidad.

Por su parte, el diputado Othón Cuevas Córdova (PRD) denunció que “este tipo de empresas se enfrenta en México a leyes que lejos de fomentar la economía social llegan a criminalizar sus prácticas, como es el caso de la empresas dedicadas al ahorro y crédito popular”.

Explicó que a partir del 27 de febrero todas aquellas cooperativas de ahorro y crédito popular que no hayan aceptado la regulación por parte de la Comisión Bancaria y de Valores deberán suspender inmediatamente sus actividades; “no se toma en cuenta su naturaleza social en la reglamentación y sin embargo se les aplica”, esto no puede ser, dijo.

“Es una responsabilidad del Estado reglamentar el artículo 25 constitucional, donde se estable el apoyo a la economía social considerando su naturaleza social y un régimen fiscal específico, de lo contrario todo lo referente al tema será letra muerta”, puntualizó.

En tanto, el senador Andrés Ocejo Moreno (PAN), presidente de la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores, afirmó que tan sólo en América Latina el 16 por ciento de la población vive con un dólar de ingreso al día, lo que significa que de 540 millones de habitantes en el continente, 86 millones no satisfacen sus necesidades mínimas de alimentación, vivienda y vestido.

Agregó que lo anterior es un ejemplo de que “el funcionamiento de la macroeconomía neoliberal no es garantía para que el desarrollo alcance a toda la población”.

Para el diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (PAN), la economía social y solidaria es indispensable para consolidar democracia participativa, el desarrollo económico y mantener lagobernabilidad del país.

Agregó que el modelo fomenta el crecimiento económico interno y reduce la brecha de desigualdad que existe en México, pero se “deben establecer mecanismos para que sea complementaria del proceso productivo tradicional, es decir con el mercado”.

A su vez, Marcos de Castro Zanz, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), manifestó que las empresas solidarias nacen como una reacción a problemas sociales que no se solucionan bajo los paradigmas del mercado.

“Si la rentabilidad y la concentración personal de la riqueza satisficieran las necesidades básicas de empleo, educación, salud o vivienda no tendríamos que buscar alternativas de desarrollo”.

Añadió que serequiere la Ley General para definir, delimitar y sobre todo reconocer el aporte de la economía social al desarrollo de las naciones: “no podemos crear órganos o institutos si no existimos jurídicamente”.

Mientras tanto, Rolando Betancur Sosa, coordinador de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, afirmó que para sostener una economía donde la persona está por encima del capital es necesario establecer alianzas estratégicas a nivel mundial.

“Si bien el modelo es una respuesta a necesidades locales, no podemos desligarnos de las relaciones que imperen en el mundo global”, dijo.

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