Hay leyes en México que en lugar de fomentar el apoyo a las empresas sociales criminalizan sus actividades, por lo que debemos generar los mecanismos para que esas experiencias de solidaridad y de apoyo mutuo tengan el cobijo legal y se desarrollen plenamente, afirmó el diputado Othón Cuevas Córdova (PRD), secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El legislador perredista agregó que “mientras el pueblo se organiza para apoyarse mutuamente, las leyes, lejos de favorecer esa solidaridad, ejercen presiones hasta castigarlos con penas corporales que no ayudan al esfuerzo que la gente de escasos recursos hace para salir de la pobreza”.

Explicó que en México hay más de un millar de empresas dedicadas al trabajo solidario del ahorro y del crédito popular que no cuentan con un marco legal adecuado para sus actividades y en consecuencia “se les trata como entes privados con responsabilidades fiscales reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores” (CNBV).

Añadió que una ley “que no tiene nada qué ver con la naturaleza social de las cooperativas, les está obligando a regularse como si se tratara de empresas mercantiles, como si se trataran de bancos”.

“Estas se niegan a someterse a dicho ordenamiento y en consecuencia pende sobre sus dirigentes o integrantes la amenaza de ser encarcelados, de ser perseguidos”.

Dijo que “lo que ocurre es la criminalización de la solidaridad,es decir, se presiona a la gente de escasos recursos para salir de la pobreza”.

Cuevas Córdova señaló que la CNBV tiene por objeto regular a las instancias que hacen intermediación financiera consistente en que alguien recoge ahorro al público en general y lo presta al público en general.

La diferencia con una cooperativa, dijo el legislador perredista, estriba en que éstas obtienen el ahorro de sus socios y lo colocan entre sus socios.

“Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reglamenta también a una cooperativa y le impone normas como si se tratara de un banco, las coloca en una competencia desleal con las grandes entidades financieras y las condena a morir y a dejar este capital que es un capital popular en manos de empresas privadas o que no persiguen necesariamente un fin social.

En tanto, el diputado Fernando Moctezuma Pereda (PRI), dijo que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social seguirá promoviendo reuniones de trabajo con las organizaciones de carácter nacional, a fin de diseñar una reforma que les dé certeza.

Agregó que la banca comercial no le da la oportunidad a la gente de escasos recursos a ser sujetos de crédito y las cajas de ahorro popular permiten esta alternativa, “por eso nosotros estamos peleando el que se consoliden, que se les dé un margen a las leyes de ahorro y puedan seguir subsistiendo y manejando programas sociales”.

Resaltó que no se tiene un padrón exacto sobre la cantidad de empresas sociales con esta actividad, pero que hay una lista registrada en Hacienda de aproximadamente 300 y sostuvo que en toda la República existen más de mil que no aparecen en los registros y que sostienen los habitantes de las comunidades.

Moctezuma Pereda expresó que “los legisladores tenemos que hacer propuestas encaminadas al apoyo de la comunidad, de las colonias populares, de los barrios pobres y en este sentido esperamos rendir cuentas muy bien a la economía social para regular correctamente las actividades de las empresas solidarias.

Informó que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social continuarán los trabajos para fortalecer el marco legal en la materia.

---ooOOoo---