En la sesión de este jueves, el diputado Gerardo Buganza Salmerón (PAN) presentó una iniciativa que reforma el artículo 9º de la Constitución Política para reglamentar las marchas y manifestaciones.

Destacó que en los últimos años, las manifestaciones públicas, sobre todo en la Ciudad de México, se han incrementado significativamente, pero han decaído en su objeto de ser y la mayoría tienen un propósito mediático y político, y muy pocas veces social.

Indicó que la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal reporta que de enero a junio de 2007 se registraron 751 movilizaciones, con un promedio de mil 282 personas cada una: 29 por ciento correspondió a bloqueos, es decir 220, con una duración total de 300 horas, mientras que 185 (24 por ciento) fueron marchas con una duración total de 430 horas.

Añadió que de todas las movilizaciones, la autoridad local intervino solamente en 35 asuntos (4.6 por ciento), de los cuales 4 fueron para replegar a los manifestantes con enfrentamiento; en 5 lograron el repliegue de forma pacífica y en 1 caso se enfrentaron y desalojaron a los inconformes.

Mencionó que datos de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, establecen que las pérdidas diarias que enfrentan los comerciantes establecidos como consecuencia de las marchas rebasan 80 millones de pesos. En el mismo sentido, una manifestación con duración de 4 a 5 horas implica una pérdida de 1 millón 36 mil 459 horas/hombre, tan sólo en la zona centro del Distrito Federal.

La reforma al artículo 9º constitucional establecería que: “no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre que no se afecten derechos de terceros, no se obstruyan las vías de comunicación, no se profieran injurias o se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que se desee”.

“Las leyes locales regularán, en su respectivo ámbito territorial, las asambleas o reuniones a que se refiere el párrafo anterior en los términos señalados en él”. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reglamentar aceites automotrices usados

El diputado Carlos Alberto Puente Salas, (PVEM), presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Aprovechamiento de Aceites Usados Automotrices y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos a fin de promover el control y reducción de este contaminante.

Dicha iniciativa, dijo el legislador, promoverá el control de aceites usados automotrices y permitirá su reciclado, generará energía, además de dar protección a nuestra salud, al evitar la contaminación del aire, suelo y agua.

Destacó que cada año se generan en México más de 325 millones de litros de aceites usados, lo que constituye un agente con presencia preponderante entre otros residuos contaminantes.

Explicó que el aforo vehicular es de alrededor de 20 millones de vehículos, los cuales se someten dos veces al año al cambio de aceite, proceso en el que se utilizan entre dos y cuatro litros, y por tanto se desecha un tanto igual.

“Aproximadamente se generan entre 40 y 80 millones de litros de aceites automotrices usados y por sus características físicas y químicas, un solo litro mal manejado puede contaminar un millón de litros de agua, en perjuicio de la agricultura, la fauna, la flora, el ser humano y plantas de tratamiento de aguas residuales”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Consumo responsable de pilas

En otra iniciativa presentada por el mismo diputado, se propone modificar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a fin de promover el consumo responsable de pilas y baterías, además de sujetar estos productos a un plan de manejo para su tratamiento como residuo.

Señala que el Partido Verde Ecologista de México reconoce que, desde la perspectiva del cambio climático, lo más recomendable es promover la sustitución del uso de pilas y baterías, por el uso de tecnologías limpias como la energía solar y la energía mecánica; sin embargo esta alternativa aún no es accesible a la población en general.

En ese orden de ideas, menciona que desde una perspectiva en pro del combate al cambio climático y de desarrollo sustentable promovida en el país, se propone el consumo responsable de pilas y que los fabricantes se motiven a realizar eventualmente el retiro de los compuestos tóxicos de las mismas. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Derechos humanos de indocumentados centroamericanos

El diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa tendiente a modificar el artículo 153 de la Ley General de Población y con ello contrarrestar las violaciones a los derechos humanos que prevalecen en México contra los indocumentados centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

La iniciativa, dijo el legislador en tribuna, pretende garantizar una defensa eficaz de los indocumentados, de conformidad con lo que dispone el artículo 1o. párrafo segundo de la Constitución Política, que prescribe que todo extranjero que se interne en el país, aun sin autorización, por el solo hecho de entrar en territorio nacional deberá gozar de la protección de las leyes mexicanas.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

No sería necesaria toma de protesta de legisladores

A las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se envió la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy (PAN) para reformar la fracción VIII del artículo 78 constitucional y los artículos 16 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas reformas, dijo, están encaminadas para que la toma de protesta no sea una limitante legislativa y el diputado o senador inicien el ejercicio de su cargo correspondiente.

Descuentos en tarifas de autotransporte a enfermos y discapacitados

El diputado del PRD, Carlos Sánchez Barrios, presentó una iniciativa para reformar la fracción II, del artículo 58, y el artículo 59 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de garantizar que las personas que viajen con la finalidad de recibir tratamiento médico, y las que enfrenten algún tipo de discapacidad, reciban descuentos en las tarifas del autotransporte de pasajeros. Se turnó a la Comisión de Transportes.

Ampliar atribuciones del Ministerio Público

A su vez, el legislador del PRI, Alberto Amador Leal, propuso reformar los artículos 21, primer párrafo; 94, primer párrafo y 102 de la Constitución Política en materia de justicia penal, por medio de la cual se amplían las atribuciones del Ministerio Público.

Indicó que la iniciativa propone que la Fiscalía General de la Nación, como encargada estatal de la acusación penal, sea parte integrante del Poder Judicial de la Federación, en cuya organización contará con autonomía funcional en términos de la ley de la materia, y que su titular sea designado por mayoría simple de la Cámara de Diputados.

Asimismo, señaló que la designación del Procurador General de la República deberá ser competencia exclusiva del Senado de la República, el cual deberá ser por mayoría absoluta. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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