Ante diputados, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, informó que a partir de abril próximo comenzarán a fluir los recursos, por un total de 3 mil 600 millones de pesos, a los 150 municipios con mayor índice delictivo.

En una reunión de trabajo, el presidente de laComisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI) aseguró queuna de las principales preocupaciones de los legisladores es la necesidad de mejorar el sueldo de los policías.

“Nosotros tenemos interés en la dignificación y profesionalización de los cuerpos de seguridad y que realmente se exija a los munícipes que cumplan con ese compromiso de elevarles el sueldo”, agregó.

En su oportunidad, el diputado Carlos Madrazo Limón (PAN) cuestionó si a mayor índice de criminalidad en los municipios habrá más apoyo presupuestal, o dependerá de la eficiencia de las policías.

El director de Planeación del SistemaNacional de Seguridad Pública, Ricardo Márquez, respondió que la distribución de los recursos se basará en los criterios ordenados por la Cámara de Diputados: a mayor índice delictivo y población, más presupuesto.

Posteriormente, el diputado Agustín Leura González (PAN) puntualizó que debe respetarse la autonomía del municipio y la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que aplicar “mano dura” y hacer una recomendación enérgica a los mandos medios o directores del área de seguridad, “porque si no cumplen con su tarea deben ser cambiados, ya que en ocasiones son los que propician la corrupción”.

En su oportunidad la diputada Silvia Oliva Fragoso (PRD) consideró que hace falta un análisis científico y más profundo de por qué los índices delictivos se elevan en determinado municipio.

Agregó que paratener una verdadera valoración se necesita ver una situación estructural y general de las causas de la inseguridad, a fin de llevar a cabo una asignaciónmás clara y analizar también la eficiencia en la lucha contra la delincuencia, no sólo la incidencia en delitos en cada municipio.

Más adelante, el diputado Francisco Santos Arreola (PRD) afirmó que no existe ningún perfil ni jurídico ni académico de los jueces conciliadores, que son los que firman las puestas a disposición.

En tanto, Campa Cifrián expresó que 150 municipios seleccionados concluyeron la negociación con la Secretaría de Seguridad Pública y se encuentran en el proceso final de recolección de firmas, por lo que la próxima semana, “estaremos en posibilidad de entregarle a la comisión una copia de los 150 convenios”.

Destacó que habrá un seguimiento trimestral de los recursos que se darán a los municipios sobre la base de indicadores y resultados objetivos y en la medida en que cumplan con los compromisos acordados, seguirán fluyendo los fondos.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que el presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos ya ha sido distribuido y asignado a 150 municipios y los criterios para repartirlos fueron el de número de habitantes e índices delictivos con reglas complementarias.

Expuso que ningún municipio tiene menos de 9 millones de pesos porque con ese recurso se puede comprar el esquema mínimo que implica evaluación, capacitación, conectividad, desarrollo tecnológico para intercambio de información, equipamiento mínimo para por lo menos cien policías en términos de un patrullaje en grupos de tres, donde tengan tres armas cortas y una larga; con chalecos con nivel 4, que es lo mínimo para enfrentar a la delincuencia, uniformes y patrullas.

Indicó que este equipo mínimo vale 9 millones de pesos y por eso ningún municipio tiene menos de eso, pero tampoco ninguno tiene más de 104 millones de pesos y ningún estado sumado tiene más de 287 millones de pesos, ello para evitar que los recursos se concentren en pocos municipios o estados.

Manifestó que los que tienen mayores índices delictivos son el Estado de México y el Distrito Federal que están en el tope de los 287 millones de pesos.

Explicó que para la asignación de recursos se recopiló una ficha con información municipal, luego se resolvió cuánto dinero le correspondía a cada municipio y posteriormente hubo reuniones con cada ayuntamiento para convenir los recursos.

Abundó que en un mes se concluyó una negociación que fue compleja pero que abarcóa los 150 municipios que originalmente se anunciaron como beneficiados. Los municipios están firmando un convenio de adhesión con metas y montos específicos, por lo que se tendrán entregas cada tres meses; se dará seguimiento a la aplicación de los recursos y se tendrán que cumplir con los criterios de evaluación antes de la primera entrega.

Externó que como se trata de recursos del Ramo 36 y es un subsidio, la Secretaría tiene toda la posibilidad de parar la entrega de recursos a quienes no cumplan con las metas.

Para el Distrito Federal se destinarían 287 millones de pesos y hay un calendario definido para llevar a cabo la primera entrega que será en abril próximo, destacó.

Finalmente, manifestó que “no queremos que estos recursos a municipios se inviertan en edificios cuando los policías no tienen chalecos, ni armas, de ahí que se negoció la adopción de un modelo homologado de actuación de la policía y un compromiso para emitir todos los días un parte policial homologado y también invertir en infraestructura y equipamiento.

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