La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 259 votos en pro, 111 en contra y cero abstenciones el dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

El documento de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación establece que el citado ordenamiento regulará el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica; los derechos y las obligaciones de los informantes del mismo; la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las faltas administrativas y el medio de defensa frente a los actos o resoluciones del Instituto.

Dicha ley reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política establece que
el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

Subraya que serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, se precisa. Estará integrado por el Consejo Consultivo Nacional; los Subsistemas Nacionales de Información y el Instituto.

El ejercicio de las funciones del Instituto corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Junta de Gobierno y al Presidente del Instituto.

La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, e n los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los integrantes de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

La Presidencia será el órgano superior ejecutivo del Instituto. El Presidente del Instituto durará en su cargo seis años y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno ocho años. El periodo del Presidente del Instituto comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República. Los periodos de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.

El patrimonio del Instituto se integra con: Los bienes inmuebles o muebles que adquiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo los que la Federación haya destinado para tal fin o para su uso exclusivo; los recursos que anualmente apruebe para el Instituto la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, además de las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto

PRI

El diputado Carlos Zatarain González afirmó, en pro de la ley,que ésta regulará los derechos y obligaciones del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como su organización y funcionamiento y buscará cumplir con el objetivo de garantizar la calidad y objetividad de la información de interés nacional.

“El Sistema tendrá el propósito de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional”, aseveró.

Convergencia

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Alberto Esteva Salinas refirió que la ley no le dará la autonomía que requiere el instituto, “por el contrario, lo van a controlar”.

Destacó que un estudio realizado por la UNAM señala que la minuta es inconstitucional, por ello su fracción parlamentaria no respaldará el dictamen.

PVEM

A favor del dictamen, el diputado Carlos Alberto Puente Salas recalcó que con este dictamen el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se enmarca bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Añadió que esta ley dotará a la Federación y sus entidades de los programas estratégicos para la generación de la información de interés nacional, ya que podrán disponer de una herramienta veraz y precisa para la planeación de políticas públicas sustentadas con indicadores más completos.

Nueva Alianza

Al fijar la postura de su partido, el diputado Humberto Dávila Esquivel expresó que la Ley es un avance en el diseño de nuevas políticas públicas y en la adecuación de las instituciones al servicio de la ciudadanía.

Explicó que será la herramienta para que el Ejecutivo y las entidades federativas cuenten con mayor información sobre la realidad y necesidades de la población mexicana; “estarán en condiciones de articular mecanismos efectivos de combate a la pobreza”.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, del PRD, presentó un voto particular a fin de manifestar que la aprobación de dicha ley pretende revertir la autonomía constitucional concedida al instituto, al replantear su competencia y atribuciones. “La realidad es que buscan crear un sistema débil en su coordinación y normatividad”.

Otro voto particular, a cargo del perredista Salvador Ruiz Sánchez, coincidió al señalar que aprobar dicho dictamen servirá para eliminar la autonomía del instituto. “Para asegurar el funcionamiento efectivo, en el cual la producción, integración y difusión de información sea objetiva, se requiere de transparencia precisa, fidedigna y oportuna”.

Asimismo, se desechó por 276 votos en contra, 111 a favor y 3 abstenciones, la moción suspensiva impulsada por la legisladora Batres Guadarrama, quien recalcó que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es inconstitucional debido a que impone un modelo de intervención del Ejecutivo.

Agregó que esto se da porque sugiere al Senado la integración de la Junta de Gobierno y también decide cuándo debe ser removido un miembro de dicha Junta; “con ello, no le da carácter independiente, ni respeta o garantiza su autonomía”.

Por su parte, los diputados perredistas Valentina Batres Guadarrama, Juan N. Guerra Ochoa, Tonatiuh Bravo Padilla, Pablo Trejo Pérez, Salvador Ruiz Sánchez y Antonio Soto Sánchez expresaron que la nueva ley no garantiza la autonomía del Instituto y que quedará como un organismo que dependerá jerárquicamente del Presidente de la República.

La diputada Valentina Batres Guadarrama aseguró que “el equilibrio que se establece en los órganos autónomos se violenta flagrantemente porque se pretende que el Presidente de la República en turno pueda remover de su cargo a los miembros de la Junta de Gobierno”.

Abundó en que las funciones del instituto estarán supeditadas a las suficiencias de recursos presupuestales y que esto determinará la metodología y criterios de los productos que genere.

Ejemplificó que “los censos para medir el nivel socioeconómico de los mexicanos ya se hacen con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social”, con este criterio, dijo la legisladora, el instituto queda supeditadoal esquema “del que manda paga”.

“Es terrible que la producción de información se trabaje de acuerdo al techo presupuestal de las Secretarías de Estado y sean estas las que normen su metodología para obtener los datos”, puntualizó; “¿de qué autonomía están hablando?”, cuestionó.

En tanto, Rogelio Carbajal Tejada (PAN) y Raúl Cervantes Andrade (PRI), dijeron que ley reglamentaria garantizará la neutralidad de la información que produzca el instituto, así como la funcionalidad del organismo y el equilibro de coordinación con los entes de gobierno.

Carbajal Tejada aseguró que salvaguarda la autonomía técnica del instituto y que ello incidirá en la calidad de la información con la que el Estado mexicano cuente.

Agregó que la publicidad y el acceso a la información de los datos, censos, cuentas e índices nacionales y estatales y municipales queda garantizada.

También se asegura, agregó el diputado panista, la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información que por virtud de la ley así se considere, todo ello con estricto apego a la Fracción Primera del Segundo Párrafo del Artículo Sexto Constitucional.

Dijo que el mecanismo del nombramiento de la Juta de Gobierno empata con el apartado B del Artículo 26 de la Carta Magna al establecer una facultad compartida entre el Presidente y el Senado de la República; “no hay ninguna invasión a la independencia y autonomía técnica con la que deberá desempeñarse esta institución”.

Durante la discusión de los artículos reservados se decretó un receso y se citó para mañana miércoles 12, a las 11:00 horas para su reanudación.

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