Conocen diputados propuesta de autoridades para federalizar delitos contra periodistas

La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, que preside el diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), recibió al fiscal en la materia, Octavio Orellana Wiarco, quien afirmó que de 1999 a la fecha se denunciaron ante este organismo 228 ataques contra comunicadores.

Orellana Wiarco relató que las mayores incidencias se manifiestan por amenazas (91), homicidio (25), abuso de autoridad (18), lesiones (17) y privación ilegal de la libertad (12).

Destacó que en Oaxaca se tienen 40 denuncias, en el Distrito Federal 36 y el Estado de México 15 y que se dieron 135 asuntos como determinados en el fuero federal y 93 están en trámite.

En tanto, el diputado Victorio Montalvo Rojas (PRD), dijo que la fiscalía, “más allá de las limitaciones jurídicas y económicas con las que actúa, ha dejado mucho qué desear en sus labores”.

Agregó que las actuaciones que se investigan en el organismo, como las actuaciones políticas y públicas, también se juzgan por los hechos y en ese sentido “no hemos visto investigaciones contundentes en los casos que se han conocido”.

“Me parece que debiéramos plantear la renuncia del fiscal y solicitar al gobierno que pudieran rediseñar el nombramiento del nuevo titular consultando a los periodistas y a los medios”, puntualizó.

Señaló que “el hecho de que solicitamos la federalización de delitos cometidos contra periodistas responde esencialmente a que en los tres niveles de gobierno se tiene fuerte influencia sobre los organismos que los investigan”.

Por su parte, el diputado Javier Bolaños Aguilar (PAN) aseguró la mayoría de los casos no se denuncian por el pavor a las agresiones y que ante esto las autoridades competentes están atadas de manos.

Advirtió que federalizar los delitos responde a la falta de interés y disposición de los estados para resolver este tipo de conflictos.

Bolaños Aguilar expresó que la falta de un compromiso real de los estados para entrarle de lleno a este tipo de problemas hace que se requiera la actuación de la federación, por lo que muchos de los casos tienen que resolverse en el ámbito de la soberanía estatal.

Afirmó que cuando se les ha solicitado cooperación para atender la problemática “la gran mayoría han mostrado una absoluta indiferencia”.

A su vez, la diputada Rocío Morgan Franco (PAN), destacó que hay una percepción negativa sobre los resultados de la fiscalía; “quisiéramos ver resultados más rápidos, la sensación de que no pasa nada deriva de un escepticismo de parte del gremio sobre la confianza que pudieran tener en la propia autoridad, debemos generar un clima de confianza”.

La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación también recibió al Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano, quien expuso una propuesta para federalizar los delitos contra periodistas.

Castro Lozano destacó que es necesario definir claramente el concepto de periodista como aquella persona que presta sus servicios de manera principal, habitual y retribuida, en publicaciones diarias o periódicas y agencias noticiosas, incluidas las empresas radiotelefónicas, de cobertura local, nacional o internacional. En este último caso, siempre y cuando su estancia en el país se acredite como tal.

Esta definición se adicionaría al Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dijo el subprocurador y delimitaría el ejercicio periodístico necesario para atender puntualmente las agresiones y evitar que cualquier acto pueda ser considerado como un ataque al gremio.

Dijo que en este sentido el caso del documentalistaBrad Will, asesinado en Oaxaca, se atendería por el fuero común porque no cumple con las características señaladas en la propuesta.

Al cuestionamiento del diputado Israel Beltrán Montes (PRI), referente a que la fiscalía es sólo una escenografía el funcionario respondió que no porque “atiende delitos de carácter federal y no hay uno solo que no haya sido atendido”.

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