Mineras transnacionales violentan la autonomía de los pueblos indígenas al asentarse en comunidades sin previa consulta de sus pobladores, afirmó el diputado Carlos Martínez Martínez (PRD).

Durante el Primer Foro Regional sobre Derechos Indígenas: Territorialidad y Jurisdicción sobre los Recursos Naturales, organizado por integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, el legislador agregó que las mineras tambiéncausan daños irreparables al ecosistema y ponen en peligro la salud de los habitantes.

Explicó quedichas empresas, a través de la Secretaría de Economía, obtienen las concesiones para explotar el subsuelo sin previa consulta a los pueblos indígenas.

Añadió que en la Sierra de Juárez, Oaxaca, la compañía minera de la Natividad explotó a varias generaciones de trabajadores; causó daños irreversibles a 13 manantiales de la zona y contaminó el medio ambiente por medio de los químicos usados.

El legislador señaló que “la minera nunca se preocupó por darle tratamiento a los residuos tóxicos que utilizaba; hay seis transformadores abandonados en la planta que operaban a base de bifenilos policlorados, que son sustancias tóxicas que pueden producir cáncer”.

Martínez Martínez informó que la mina de la Natividad fue adquirida por la empresa canadiense Continuum Resources a quien el gobierno federal concesionó el 90 por ciento del territorio comunal de Capulalpam de Méndez, Oaxaca, y que ha negado la responsabilidad de los contaminantes.

“Hemos puesto una demanda ante la Procuraduría General de la República por exposición de los transformadores eléctricos; según la ley éstos no deben permanecer al aire libre porque las sustancias que emiten son demasiado peligrosas para la salud de los seres humanos, pero la empresa los tiene ahí, sin el menor cuidado”, dijo.

El diputado perredista subrayó que “la empresa no tiene el permiso del Comisariado de Bienes Comunales para asentarse, y lo hizo irregularmente”.

“Cuando iniciamos un acercamiento con la minera, la comunidad pidió que mostraran el contrato de arrendamiento de la tierra o el convenio para empezar a laborar y no han presentado nada, porque no tienen elementos para comprobar que trabajan legalmente en la región.”

Desafortunadamente, añadió, en muchas partes del país se vive esta problemática, se explotan los recursos del subsuelo sin previa consulta de las comunidades, como sucede en los estados de Guerrero, Chihuahua, San Luís Potosí y Oaxaca.

En tanto, Salvador Aquino Centeno, asesor del Comisariado de Bienes Comunales, denunció que el gobierno federal concesionó más de 50 mil hectáreas a Continuum Resources lo que ha puesto en peligro la existencia de los mantos freáticos de la región.

Por su parte, Marco Antonio Cosme Hernández, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez, explicó que la minera canadiense tiene planeada la explotación de minerales a cielo abierto.

“Esto significa que se estaría desgajando los cerros para extraer el mineral de la superficie, lo que traería como consecuencia la desaparición de bosques y diversidad biológica”.

Dijo que el otorgamiento de las concesiones debe regirse bajo los principios del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas que establecen que el Estado tiene que consultar a los pueblos autóctonos cuando se exploten los recursos naturales ubicados en su zona.

El foro terminó con la firma de una declaratoria que establece demandar a la Secretaría de Economía por autorizar concesiones sin haber informado y consultado a los pueblos indígenas, como lo establecen los acuerdos internacionales en materia de derechos indígenas y también la ley indígena del país.

El documento, firmado por diversas organizaciones civiles, también exige la articulación de las diferentes comisiones legislativas de la Cámara de Diputados para respaldar los derechos de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales del subsuelo.

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