La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado destacó la necesidad de perfeccionar la legislación en materia de fiscalización superior para acabar con los reductos de opacidad que ocasionan evasión de rendición de cuentas.

“Aspiramos a cerrar brechas a la corrupción y a elevar el estatus de credibilidad social de la acción pública a través de la contundencia de sus actos y de sus resultados, aspiramos a regular la actividad pública, como es nuestra función natural como legisladores”, agregó.

Aseguró que la transparencia de la gestión del gobierno, la rendición de cuentas de los servidores públicos ante la nación y la fiscalización de los recursos públicos son las piezas angulares de las democracias modernas y objetivos de nuestra actividad legislativa cotidiana.

Durante la entrega del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, agregó que la ciudadanía exige una actuación eficiente en el desempeño público, ética en el servicio, austeridad y calidad del gasto y, como consecuencia, bienestar social.

Agregó que “esta exigencia social es el origen del sistema de fiscalización superior, donde han estado involucrados no sólo actores políticos y líderes de opinión, sino fundamentalmente ciudadanos, cuya actuación ha propiciado también reformas y mejoras continuas del sistema de control y vigilancia”.

Estableció que la fiscalización superior en nuestro país tiene un origen eminentemente social y es a la sociedad a la que debe de beneficiar sus acciones y cuidar que el dinero del pueblo se gaste en lograr una mayor equidad y justicia social.

A su vez, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, al recibir el informe, señaló que los legisladores se darán a la tarea de revisarlo y analizar el contenido para lo cual se han convocado a mesas de trabajo.

Explicó que el resultado de este ejercicio y las conclusiones que de ello se deriven se darán a conocer en una reunión de trabajo de la comisión programada para el 11 de junio de este año.

Estableció que no obstante el principio de anualidad a que está sujeta la Auditoría Superior para la ejecución de sus revisiones, la realización de auditorías sucesivas ha permitido a la Cámara de Diputados conocer de forma integral, amplia y profunda el funcionamiento de la administración pública federal.

Aseguró que “gracias a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, es que podemos afirmar que la fiscalización superior ha expuesto al Estado, evidenciado sus pocas fortalezas y desnudado debilidades, vicios y problemas que enfrenta”.

En su turno, el diputado Antonio Valladolid Rodríguez (PAN) reconoció el loable trabajo que realizó la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años a la fecha, logrando un crecimiento del25 por cientode cobertura de la fiscalización de los recursos públicos.

Expresó que su partido será crítico y propositivo en el análisis del informede la revisión de la Cuenta Pública 2006, con el objetivo fundamental de validar que la administración de los recursos públicos federales se realice con baseen los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia.

En su oportunidad, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) aseguró que “mientras nosotros estamos analizando resultados de una Cuenta Pública de dos años atrás, los mecanismos de corrupción ya evolucionaron, porque estamos viendo triangulación de recursos, utilización de influencias y la creación de empresas para generar contratos que no están reguladas”.

Propuso a los legisladores impulsar lo que solicita ASF: modificaciones al artículo 79 y100 de la Constitución para darle elementos, a fin de que realice las actividades que requiere sin que ningún poder o ente auditado “tenga la posibilidad de poner piedras en el camino y se realice el trabajo de fiscalización”.

Planteó fortalecer la formación de los funcionarios públicos y en eso está vinculado el servicio civil de carrera, el cual no debe ser un simulación; así como la autonomía de gestión de laAuditoría Superior, la eliminación de los candados para le principio de anualidad, que ahí es “lamentable que si un proceso inicio un año atrás no podamos revisar el origen del proceso”.

El diputado Gerardo Sosa Castelán (PRI) se pronunció porque se aumenten las auditorías, la certificación y calidad de las mismas y por una cultura de rendición de cuentas no sólo a nivelnacional sino internacional.

Coincidió en la necesidad de hacer modificaciones constitucionales para lograr avanzar en la temporalidad de las revisiones, lo que permitiría que la ASF fuera la encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

El diputado Álan Notholt Guerrero (PVEM) expuso que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización no deben ser una moda o una política fugaz, sino que estos elementos deben considerarse indispensables para el sostenimiento de nuestro régimen democrático.

Consideró que la sociedad debe ser permanentemente informada de la utilización de los recursos que aporta. Agregó que con respecto a la revisión de la Cuenta Pública tiene como principal objetivo conocer los estados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Más adelante, el diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia) externó que como Poder legislativo, “debemos vencerlas secrecía con la que se conducen los poderes de la Federación y especialmente las áreas dependientes del Ejecutivo.

Añadió que la información solicitada a los entes involucradosha sido negada con el argumento de que se encuentra en reserva, confidencialidad o inexistencia.

Finalmente el diputado Jaime Cervantes Rivera (PT) expuso que las entidades federativas no rinden cuentas de los recursos públicos que se les asignan y planteó que la aprobación de las reglas de operación se haga con el consenso de las partes beneficiarias de los programas, a fin de transparentar la asignaciónpresupuestal.

Resaltó que se requiere que la sociedad intervenga directamente en el control del gasto público a través de la figura deuna contraloría social.

Auditor Superior entregó informe

Previamente, el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, destacó que la cuantificación monetaria de las observaciones ascendió a 33mil 187 millones de pesos, que incluyen 14 mil 312 millones de pesos, el 43 por ciento que corresponden a estados, municipios y gobierno del Distrito Federal, montos que no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales al erario o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Aseguró que a la fecha nohay control del patrimonio público, por lo que todos los días se pierde una gran cantidad de bienes que pertenecen a la nación.

Al hacer entrega a la Comisión de Vigilancia del Informe, contenido en 11 tomos y 48 volúmenes, dijo que esta documentación tiene como objetivo central evaluar la calidad de la gestión pública que realizó el Estado en el año 2006.

Explicó que el informe que hoy se entrega a la Cámara de Diputados es el resultado de la práctica de 754 auditorías, de cuales 72 fueron de desempeño, 615 de regularidad, 57 especiales, 8 de seguimiento y 2 revisiones de situación excepcional.

Las auditorías realizadas tuvieron como cobertura, revisiones en 138 entes fiscalizados que comprendieron 98 dependencias y entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 3 órganos constitucionalmente autónomos, 5 universidades públicas y las 31 entidades y el Gobierno del Distrito Federal.

Derivado de la fiscalización superior efectuada se determinaron 7 mil 182 observaciones, las que generaron 8 mil 131 acciones promovidas, de las cuales 6 mil 665 fueron de carácter preventivo, mientras que las mil 476 restantes fueron de naturaleza correctiva.

Resaltó que los entes fiscalizados cuentan con 45 días hábiles para presentar la documentacióncomprobatoria para solventar las observaciones, ya que de lo contrario, previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de responsabilidades, las sanciones resarcitorias o las denuncias de hechos que en cada caso procedan.

Destacó que en atención a las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia el número de auditorías se incrementó en un 20 por ciento al pasar de 627 revisiones a 754 en la Cuenta Pública 2006. Asimismo, aumentaron las auditorías de desempeño.

Recordó que después de 10 años de haber tomado la decisión de trasferir los recursos federales a estados y municipios al día de hoy no se cuenta con reglas de operación, lo cual es inaudito, dijo.

A esta fecha y derivado del proceso de fiscalización efectuado en estos seis años, la ASF ha recuperado recursos superiores a los30 mil millones de pesos.

Comentó que las áreas que reflejan un alto grado de opacidad y riesgo son: Eficiencia recaudatoria del Estado, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, educación pública en sus componentes de calidad y cobertura, pensiones y jubilaciones, recursos federales trasferidos a estados y municipios y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) y recursos destinados a procesos electorales entre otros.

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