La Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) para la Reforma del Estado propuso al Congreso modificar diversos ordenamientos de la Constitución para limitar al fuero militar y evitar que los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio sean prescriptibles.

Dentro de las propuestas de reforma en materia de derechos humanos, la CENCA sugiere también elevar a rango constitucional las resoluciones vinculativas de tribunales internacionales.

En la primera de sus propuestas, sugiere reformar el artículo 13 de la Carta Magna a fin de que subsista el fuero de guerra única y exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar.

Asimismo, la reforma garantizaría que los órganos de justicia militar, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, ni en la investigación ni en la sanción de delitos del orden común o que implique violaciones a los derechos humanos.

Precisa la propuesta que cuando en un delito o falta del orden castrense estuviese implicado un ciudadano no militar, se turnará el caso a la autoridad civil que corresponda.

Por lo que respecta al tema de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, el grupo de trabajo que coordina el diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), plantea modificar el artículo 14 de la Constitución para que estos delitos sean imprescriptibles.

En tanto, sugiere también aplicar modificaciones al artículo 17, a fin de que las resoluciones y sentencias emitidas por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano sean obligatorias y que las autoridades administrativas, legislativas y judiciales del fuero federal, común y militar, dentro de sus respectivas competencias y según sea el caso, garanticen su cumplimiento.

En el bloque de propuestas del grupo de Garantías Sociales, se plantea de igual forma otorgar fuero constitucional al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De aprobarse la iniciativa que reforma el artículo 111 de la Carta Magna, el ombudsman nacional tendría los mismos derechos y garantías de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo.

Los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Y para proceder penalmente contra éste, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declararía si ha lugar o no, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión.

Asimismo, se busca facultar a la CNDH para iniciar leyes en materia de derechos humanos y aplicar sanciones administrativas para servidores públicos que violen derechos humanos.

Las propuestas presentadas, indicó el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, ya fueron recibidas por la subcomisión redactora de la CENCA para que determine la Cámara de origen.

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