De un total de 33 mil 498 niñas y niños, hijos de madres reclusas, mil 200 de ellos viven con sus progenitoras en las cárceles del país, advirtió el diputado Enrique Cárdenas Del Avellano, quien propone reformar la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El legislador del PRI, quien también plantea modificar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que hay 11 mil 166 mujeres enlos centros de readaptación social.

Uno de los objetivos de la iniciativa del legislador del PRI es que personal capacitado y con opinión de la madre, decida la conveniencia o no de que los niños y niñas vivan con sus madres en prisión, pero también, cualquiera que sea el resultado, se obligue al Estado a velar por el bienestar de la niñez.

En ese sentido, el diputado plantea adicionar la fracción XXIII Bis del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que garantizar que el Estado establezca centros de desarrollo infantil y programas de educación, de atención médica general y especializad para niñas y niños y se permita que vivan hasta los seis años con sus madres en los centros de reclusión cuando así lo decida el personal capacitado.

Cárdenas Del Avellano considera que es necesario garantizar que las internas mantengan el contacto requerido con sus hijosque viven en el exterior, a fin de evitar mayores fracturas familiares.

Asimismo, en su iniciativa propone reformar el segundo párrafo del artículotercero de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, con el propósito de facultar a la autoridad competente en la materia para celebrar convenios con instituciones a fin de brindar salud y educación a los menores hijos e hijas de las internas.

También argumenta la necesidad de adicionar un párrafo al artículo 6 deesta misma ley, con el propósito de que dentro del tratamiento médico que reciba el interno se contemple el bienestar en salud y educación de los hijos de las madres reclusas.

A su vez, planteó modificar el artículo séptimo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se establezca el derecho de los menores a vivir con sus madres, independientemente de que se encuentren recluidas en algún centro de readaptación social.

Añadió que aunque esta ley establece principios rectores y otorga derechos como la convivencia familiar, a su integridad física y psíquica, a un adecuado desarrollo, a la educación y salud, “estos derechos en la realidad son vulnerados, truncaos y violados en el caso de los hijos de madres que se encuentran purgando alguna condena por la comisión de un delito”.

Refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 14 de febrero de 2002 una recomendación dirigida a los gobernadores y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que haya instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o sus familias en los centros de reclusión y para que las internas mantengan el contacto necesario con sus hijos que viven en el exterior.

Señaló que de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, la población en los centros de readaptación social era de 161 mil internos en todo el país, de los cuales cerca de 7 mil eran mujeres, para septiembre de 2007, el número de internos llegó a 218 mil 135; de éstos 11 mil 166 son mujeres que representan 5.12 por ciento.

Agregó quecerca del 80 por ciento de las mujeres encarceladas son madres y en promedio cuentan con tres hijos mejores de edad, lo que da como resultado la existencia de 33 mil 498 niñas y niños, hijos de mujeres reclusas.

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