Con 236 votos en favor, 39 en contra y siete abstenciones, los diputados aprobaron el dictamen que establece la obligación del Estado de proporcionar en todos los niveles y grados de educación básica a los niños, niñas y adolescentes, una educación en sexualidad y afectividad integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su cuerpo.

El documento que reforma los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección delos Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisa que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización oficial, deberá preservar la integridad física, sicológica, social y también su sexualidad y afectividad, con base en el respeto a su dignidad.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Esperanza Morelos Borja, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo que hay una gran cantidad de niñas y niños que tienen información errónea sobre el tema, lo que obliga a legislar para que desde el primer grado del preescolar,conozcan el desarrollo natural de su cuerpo, así como sus efectos en la sexualidad de los individuos, de manera paulatina, sistemática y apropiada.

Subrayó que permitirá prevenir y disminuir los problemas que aquejan a muchos menores que sin tener plena conciencia de las responsabilidades que implica la sexualidad, se enfrentan a una gran diversidad de peligros como son la pornografía y la explotación sexual comercial infantil, los embarazos en adolescentes que conllevan a la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipada.

Advirtió que los niños y niñas adolescentes están masivamente expuestos a edades cada vez más tempranas a mensajes procedentes de la publicidad y una cultura excesivamente sexualizada que afecta su maduración.

La reforma, precisó, implica un gran avance en la formación integralde niños y niñas, ya que más allá del conocimiento puramente biológico, explicará procesos trascendentales como la construcción de la identidad o las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura.

Mencionó que es imposible separar la sexualidad de la afectividad, “ya que pretendemos construir una sociedad en la que hombres y mujeres convivan en igualdad y sin discriminaciones”.

La diputada Silvia Oliva Rodríguez (Nueva Alianza), a su vez, dijo que resulta imperativo impartir y ampliar la cobertura de la educación sexual en todos los niveles de la enseñanza básica, siempre y cuando ésta tenga una visión integral.

“Esto cobra sentido cuando vemos que el 17 por ciento de los partos en este país son de adolescentes; cuando la explotación sexual de niñas mexicanas y de niños mexicanos es un grave problema; cuando tan sólo durante el año pasado se registraron 5 mil 316 nuevos casos de VIH, lo que equivale a que 15 personas se contagian diariamente de esta enfermedad”.

Agregó que sólo por medio de una educación sexual integral, efectiva y congruente con los nuevos tiempos es que podremos hacer una sociedad más preparada y responsable. Para que nuestras niñas y niños adolescentes puedan acceder a una mejor calidad de vida bajo un ambiente de sano respeto, convivencia y corresponsabilidad es indispensable que los dotemos de información necesaria acorde a su edad y condición social, aseveró.

El dictamen se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.

Ley General de las Personas con Discapacidad

En la sesión efectuada en el Auditorio E, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se avaló también por 276 votos un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que tiene como propósito cambiar la palabra equiparación por el de igualdad dentro de los artículos 1, 2, fracción V, 5, inciso c), y 30, fracción II de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Con esta reforma se pretende homologar algunos términos y así lograr la armonización legislativa, conforme a los parámetros establecidos del ordenamiento internacional, de los cuales México ha suscrito y ratificado en la materia.

El dictamen también propone agregar un primer párrafo al artículo 11 de la mencionada ley para establecer la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar a las personas con discapacidad información sobre la ayuda técnica, tecnológica y de asistencia.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria señala que en México el nueve por ciento de la población padece algún tipo de discapacidad, por lo que el Estado está obligado a diseñar políticas públicas que otorguen condiciones de igualdad de oportunidades y desarrollo para ese sector de la población.

Erradicar la discriminación

Se avaló otro dictamen por 267 votos para homologar los criterios jurídicos en beneficio de los derechos humanos de las personas con discapacidad y establecer como prioridad que el gobierno elabore y ponga en práctica políticas, leyes y medidas administrativas que erradiquen la discriminación dirigida a este sector, logrando su plena independencia y fortaleciendo su capacidad.

En el documento se argumenta que en nuestro país se tiene registrado aproximadamente un millón y medio de personas con discapacidad, por lo que el Ejecutivo debe garantizar que dicha población disfrute del derecho inherente a la vida en un ámbito de igualdad con el resto de la sociedad, protegiendo su integridad física y mental.

La reforma busca eliminar las barreras que les impidan el acceso a la educación, el empleo, la cultura, el deporte, la salud, el transporte, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones e impulsa su participación en la sociedad, así como su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial.

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