Las modificaciones a la Ley Agraria deben de combatir la renta y venta de la tierra, que combinadas con estrategias de desmantelamiento de instituciones, programas y apoyos del campo han ocasionado que “la producción agropecuaria prácticamente no exista”, expresaron Integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) ante la respectiva Comisión legislativa.

“Si vamos a modificar la Ley Agraria habrá que combatir la renta de la tierra, la venta de los derechos y, sobre todo, el deterioro de la sociedad rural, de núcleos agrarios, asambleas y comisariados ejidales”, subrayó Rubén Treviño Castillo, coordinador de la oficina de la presidencia de la CNC.

En reunión de trabajo, donde la Comisión de la Reforma Agraria, que preside el diputado Ramón Ceja Romero (PAN), presentó la iniciativa que reforma el ordenamiento a la organización campesina, agregó que se debe reconocer la responsabilidad del Estado en la organización y desarrollo económico de los pequeños productores.

Asimismo, afirmó que es indispensable cambiar los ejes fundamentales de la política agropecuaria para contener la crisis alimentaria que afecta a nuestro país.

La Comisión analiza reformar la Ley Agraria, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los derechos derivados de la propiedad social de la tierra, así como promover su aprovechamiento conjunto, entre la iniciativa privada, pequeños propietarios y ejidatarios.

Al respecto, Hugo Castro, miembro del Consejo Técnico Consultivo de la CNC, destacó que no se puede proponer una reforma para ahondar en los mismos errores que llevaron a prácticamente la inexistencia de la producción agropecuaria y a “enfrentar carencia de alimentos, que se pretende resolver vendiendo más para comprar más, como si se tratara de un changarro y no de un país”.

Agregó que la posibilidad de abastecimiento de productos básicos se acabará en el momento en que ya no haya el dinero para comprarlos y que por esto es preciso darle mayor impulso a la producción nacional.

“Es necesario evitar la nulificación del carácter social del derecho agrario y no favorecer la enajenación y desincorporación de tierras ejidales y comunales”, acotó.

Hugo Castro resaltó que todo esfuerzo por modificar la Ley Agraria que data de 1992 necesita voluntad política para prosperar y no permitir la desincorporación del ejido mediante contratos de desarrollo rural con inversionistas y comerciantes.

Los cenecistas propusieron reintegrar a los núcleos agrarios su condición de sujetos de crédito y otorgarlea la Secretaría de la Reforma Agraria facultades para operar los programas y presupuestos inherentes al desarrollo rural y social operados actualmente por Sagarpa y Sedesol.

Por su parte, el diputado Ramón Ceja Romero, presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, expresó que dar a conocer el proyecto de reformas es un ejercicio de diálogo que permitirá intercambiar puntos de vista con las organizaciones campesinas, a fin de lograr una Ley consensada que beneficie al campo mexicano.

Informó que el intercambio de opiniones permitirán a los legisladores tener cuidado en las modificaciones legales para que los ejidatarios no sean despojados de sus propiedades.

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